Un juzgado de Tarragona abri en 2018 una causa sobre beneficios a empresas gassticas que ha generado choques dentro de la Fiscala
La Fiscala Anticorrupcin tiene abierta una investigacin sobre las relaciones entre el Ministerio de Hacienda en la etapa del popular Cristbal Montoro y el despacho de asesores fiscales que l mismo fund y que dej cuando volvi a la poltica.
La investigacin se abri en 2018 en el Juzgado de Instruccin nmero 2 de Tarragona y se mantiene bajo secreto. En ella se investiga si la existencia de «una trama u organizacin» cuya finalidad sera «intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gassticas englobadas en la Asociacin de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)».
Para lograrlo, segn la tesis de los investigadores, «contrataron los servicios de la mercantil Equipo Econmico (EE) antes «Montoro Asociados» y actualmente desde el ao 2016 «Global Afteli» (GA)». Una sociedad, resalta a una resolucin de la Audiencia de Tarragona sobre el caso, «cuyos miembros vendran desempeando cargos al ms alto nivel del Gobierno, Administracin Central y Autonmicas, creando una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para la obtencin de beneficios fiscales a favor de dichas sociedades gassticas, mediante modificaciones legislativas que comportaba rebaja del impuesto elctrico para dichas empresas».
Los investigadores interpretaban que «las cantidades obtenidas por dichos servicios, por su cuanta y vaco valor jurdicos, son las comisiones encubiertas para la consecucin de las reformas legislativas pretendidas».
Conflicto entre fiscales
La evolucin de la investigacin del juzgado de Tarragona fue revisada recientemente en una inusual Junta de Fiscales de Anticorrupcin convocada tras las discrepancias entre la fiscal del caso, Carmen Garca Cerd -tambin encargada de causas como Pnica- y el fiscal jefe de Anticorrupcin, Alejandro Luzn.
La investigacin abierta en julio de 2018 tuvo su origen en un «hallazgo casual» -unos correos electrnicos- dentro de otra investigacin sobre delitos de ordenacin del territorio que llev al registro de la instalacin de Messer Ibrica de Gases SA en la localidad de Vilaseca y Morell. A eso se aadi una denuncia annima que activ las investigaciones.
Los delitos que el juez de Tarragona plante como posibles para justificar la interceptacin de comunicaciones a varios investigados incluan cohecho, fraude contra la administracin pblica, prevaricacin, trfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversacin, contra la hacienda Pblica, blanqueo de capitales, corrupcin en los negocios, falsedad en documentos, contra la libre competencias y de pertenencia a organizacin criminal.
En todo caso, en una resolucin de enero del aos pasado la Audiencia revoc, a peticin de la Fiscala, los pinchazos que el juez haba encargado a los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil respecto a cuatro investigados.
La junta de Fiscales del pasado 26 de septiembre reflej la complejidad del asunto. En ella salieron vencedoras las tesis del fiscal jefe Luzn por 19 votos frente a los cinco que respaldaron a la fiscal del caso.
Las misma fiscal haba llevado a otro juzgado de Madrid las actividades de Equipo Econmico. En 2017 present una querella contra varios de sus integrantes, entre ellos un hermano del ministro Montoro. La causa se centraba en la contratacin del despacho, supuestamente irregular, por parte de las cmaras de Comercio tras la llegada del PP al poder. La investigacin acab archivndose.
En aquellas fechas el ministro popular de Hacienda se desmarc de las actividades de sus ex colaboradores en la empresa. La fund, pero all quin est a su cargo ahora. Yo qu quiere que le cuente. Por m como si se refundan, se reinventan. Yo que s!, lleg a decir en el Senado. Hace aos que no hablo con ninguno de los socios de ese despacho, aadi.