Las palabras de la jefa del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, en las que alertaba de que «la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real» para el ganado y un riesgo «potencial» para los humanos, han reactivado la batalla política sobre la caza selectiva de este mamífero en España. Así, las autonomías loberas –Galicia, Cantabria, Castilla y León y Asturias, que concentran el 98% de la población de este cánido– han aprovechado para reclamar al Gobierno que revise el «radicalismo conservacionista» con el que prohíbe su caza desde septiembre de 2021, cuando introdujo al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).
Como ejemplo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), quien este martes volvía a exigir a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, que derogue la orden de protección del lobo. Quiñones pidió a Ribera que camine «al lado de Europa», en referencia a la petición de Von der Leyen para recabar información actualizada sobre las poblaciones de lobos con la que decidir si supone un «peligro real» para el ganadoy la población, con el fin de revisar las normas comunitarias que regulan su protección.
La recuperación de la especie en diversas regiones europeas «está generando cada vez más conflictos con las comunidades agrícolas y cazadores locales», señalaban desde Bruselas, y recordaban que también existen «medidas para prevenir ataques al ganado que no se implementan ampliamente». La propia jefa del Ejecutivo europeo ha instado a las autoridades locales a poner en práctica estas «medidas».
Una cuestión por la que también fue interpelado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, quien ayer en una rueda de prensa en Córdoba, precisó que en España ya se dispone de los «mecanismos de flexibilidad» a los que se refiere la presidenta Von der Leyen. En concreto, según explicó, se trata de instrumentos legales previstos en el plan de gestión para que en el caso de que exista una sobrepoblación o animales especialmente peligrosos, puede darse, previa autorización administrativa, la «extracción correspondiente».
Un eufemismo para referirse a la caza selectiva del animal que, desde la comunidades loberas, consideran insuficiente. Así, desde Galicia, la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez (PP), incidía en que la inclusión del lobo en 2021 en el Lesrpe «dificulta enormemente mantener el equilibrio entre la población de esta especie, el sector primario y los habitantes del medio rural con los que necesariamente debe convivir». Vázquez, apoyó la propuesta europea de relajar las reglas de protección del lobo en territorio europeo y recordó que las «comunidades loberas defienden lo mismo desde hace casi dos años».
También el Gobierno de Cantabria ha valorado como una «buena noticia» el anuncio de Bruselas. «Lo recibimos con agrado. Quizá llega un poco tarde, pero bienvenido sea que puedan empezar a ponerse en marcha medidas para controlar el crecimiento exagerado del lobo», afirmaba el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca y Alimentación cántabro, Pablo Palencia (PP).
El consejero, que anunció que remitirán informes a Europa sobre el crecimiento de la población de lobo en la comunidad, recordó en que tomarán «todas las medidas necesarias para combatir ese problema», a la vez que insistió en que van a «continuar intentando convencer a quien haya de convencer de que hay que sacar al lobo del Lesrpe», una referencia explícita al Gobierno.
«Cambio de criterio»
Asturias, la única de las loberas gobernada por el PSOE, también aplaudía «el cambio de criterio» de la Unión Europea, a la par que ha pedido al Gobierno central que modifique su planteamiento con respecto a la protección del lobo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmaba ayer en Santa Eulalia de Oscos que se trata, «sin duda, de una magnífica noticia y yo espero que el Gobierno de España atienda nuestras reivindicaciones que no son de ahora, son de siempre porque venimos haciéndolo en los últimos años».
Unas medidas con las que coinciden, casi de forma unánime, las organizaciones de ganaderos que dejan prácticamente solos al Gobierno central y los ecologistas en la defensa del actual estatus de protección absoluta del lobo. El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, explicaba ayer que «no es bueno abrir la puerta a aumentar los controles poblacionales, porque quienes controlan la especie siempre quieren más» y advertía de que la propuesta de la UE podía ser utilizada por las comunidades loberas como «excusa» para volver a cazarlo.