La negociación de una posible amnistía para los presos del ‘procés’ empieza a generar las primeras fisuras en el seno del Partido Socialista. Aunque once ministros y el propio presidente del Gobierno en funciones se habían pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la medida antes del 23J, las condiciones impuestas por Puigdemont para apoyar una investidura de Pedro Sánchez generaron un cambio de actitud en la política de comunicación del PSOE. Mientras Yolanda Díaz se arrogó un papel protagonista con su viaje a Waterloo, desde las filas socialistas se ha intentado mantener, hasta la fecha, una actitud pragmáticamente posibilista que no genere desgaste. Aunque desde Moncloa y Ferraz septiembre estaba planteado como un mes complicado para Feijóo, estas semanas están comenzando a generar cierta erosión entre los socialistas.
Durante los últimos días han sido muchas las voces autorizadas que han desacreditado la constitucionalidad de la amnistía. Reputados juristas y personalidades del ámbito político han expresado su oposición a una concesión que tiene como único beneficiario a Pedro Sánchez. Singularmente destacadas han sido las voces del socialismo clásico, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, aunque cada vez se suman más personas de sensibilidades constitucionalistas. Jordi Sevilla, Elena Valenciano y ahora también Cándido Méndez han criticado que el PSOE pueda aceptar las condiciones de Puigdemont. En paralelo, y con escaso éxito, desde sectores progresistas se está intentado ensayar distintas estrategias que puedan construir un relato legitimador de lo que, a todas luces, constituiría una agresión al Estado de derecho. Paradigmático fue el intento de Yolanda Díaz, improvisando una opinión jurídica absolutamente descabellada en la que intentó hacer creíble la existencia de tres tipos de amnistía.
Los socialistas cada vez tienen más complicado validar la conveniencia del chantaje de los separatistas. Tal y como publica hoy este periódico, en el seno del PSOE están empezando a prosperar voces críticas que exigen algunas contrapartidas para poder apoyar una ley de amnistía que pueda justificar una cesión que tendría un coste importante para la credibilidad del partido. Miquel Iceta ha expresado explícitamente la necesidad de que no vuelvan a repetirse determinadas conductas y varias personas de peso en los territorios empiezan a plantear la necesidad de que en Junts renuncien a la vía unilateral de independencia y de que expresen su compromiso de no volver a repetir el ‘procés’.
Amnistiar delitos de extraordinaria gravedad con el único propósito de perpetuarse en el poder es una apuesta temeraria incluso para el PSOE. No existe contrapartida que pueda justificar una impugnación de nuestro ordenamiento jurídico como la que entrañaría una medida de tantísimo voltaje político. Lo que intentó ensayarse como una posibilidad arriesgada pero posible empieza a generar dudas incluso entre los propios socialistas. La tensión es creciente. Por más que la palabra de los independentistas no tenga especial valor, parece improbable que en Junts estén dispuestos a sacrificar su apuesta por la vía unilateral y tampoco parece creíble que renuncien a volver a iniciar un proceso análogo al de 2017. La decisión de Pedro Sánchez será impredecible y muy probablemente dependerá de lo que arrojen las encuestas. Lo que cada vez parece más claro es que una ley de amnistía no podrá tramitarse sin generar un desgarro interno en el seno del Partido Socialista. Lo que parecía un bloque monolítico, comienza a exhibir unas primeras grietas que pueden acabar lastrando la viabilidad del plan.
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