AMLO: La agenda energética de López Obrador se hunde en la parálisis legal
El director de la CFE, Manuel Bartlett, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en marzo.
El director de la CFE, Manuel Bartlett, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en marzo.Rogelio Morales / CUARTOSCURO

La agenda energética del gobierno mexicano ya no se resuelve en el Congreso, sino en los tribunales. Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en el sector se han topado con cientos de recursos judiciales y diversos recursos ante la Corte Suprema de Justicia. El último revés se produjo este lunes después de que un juez confirmara la suspensión de los cambios a la Ley de Hidrocarburos mientras dure el juicio. Aunque el mandatario ha prometido este martes litigar hasta el final, el enredo amenaza con bloquear la nueva normativa o, al menos, posponer su aplicación hasta el final de la administración.

«No vamos a dar un paso atrás», declaró en marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la aprobación de la reforma eléctrica. La realidad tampoco le ha permitido al Gobierno dar un paso adelante. Los cambios tanto a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada a principios de marzo, como a la Ley de Hidrocarburos, votados este mes, han sido suspendidos por los jueces pocas horas después de su entrada en vigor. Las dos iniciativas tienen una característica común: buscan fortalecer a las paraestatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex frente a la iniciativa privada.

Las empresas afectadas han respondido con la presentación de amparos, mecanismo que permite solicitar la suspensión temporal de la medida mientras se resuelve el juicio. La estrategia ha tenido éxito. Ya hay más de 300 interdictos en el caso de la reforma eléctrica y varias decenas para la de hidrocarburos. La defensa jurídica es similar en ambos; Se invocan artículos de la Constitución que se refieren a la libre competencia económica y, para la reforma eléctrica, también al derecho a un medio ambiente sano.

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La gran mayoría de las medidas cautelares han derivado en suspensiones indefinidas, muchas de ellas de carácter general, es decir, las iniciativas ya no se aplican mientras está en curso el juicio para todo el sector, no solo para las empresas denunciantes. El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha justificado esa decisión para no dar «una ventaja competitiva» a los denunciantes frente a sus competidores, como señaló en un auto la semana pasada. El juicio puede durar hasta un año y medio en primera instancia, según los expertos consultados. Si se impugna ante un tribunal colegiado y luego ante el Tribunal Supremo, los tiempos son aún más largos, entre dos y tres años.

Los golpes eran predecibles, coinciden los juristas consultados. “Se podrían anticipar. Las suspensiones son razonables porque las reformas son abiertamente contrarias a la Constitución ”, señala el abogado César Hernández, subsecretario de Electricidad en el sexenio anterior. El académico Alfonso Herrera, catedrático de la Universidad Iberoamericana, coincide: “La posibilidad de éxito judicial por vía judicial es muy cuesta arriba. Han querido seguir ese camino porque no iba a haber un consenso político para modificar la Constitución, que era lo que realmente correspondía ”.

Tener una suspensión que puede durar meses e incluso años ha dado tranquilidad a las empresas energéticas. Fuentes de dos importantes empresas del sector explican a este diario que las medidas cautelares han salido «como se esperaba» y que confían en que los jueces decidan a su favor. Sin embargo, señalan que «no se puede reclamar la victoria» y que, en cualquier caso, el entorno aún no es propicio para nuevas inversiones.

Paralelamente a los amparos, los órganos autónomos y los partidos políticos han recurrido directamente ante la Corte Suprema. La semana pasada, el máximo tribunal admitió haber tramitado la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la reforma eléctrica.

El calendario de esta vía judicial es incierto por la acumulación de expedientes en la Corte Suprema. “Tiene casos de hace dos años aún sin resolver. Esto se va a ir a la cola y se puede resolver un año antes de la salida de López Obrador del poder o con su salida ”, dice Alfonso Herrera, quien trabajó en el más alto tribunal. Sin embargo, el presidente del tribunal, Arturo Zaldívar, decide cuándo se somete a votación el proyecto de sentencia y, en consecuencia, puede detener una decisión o acelerarla, dice Herrera.

El Gobierno, en busca de victorias parciales

La parálisis legal ha provocado una evidente frustración en el gobierno, que ha cumplido con las sentencias judiciales pero se ha comprometido a seguir litigando. “Las reformas estructurales se hicieron para favorecer a los grupos de intereses creados. Ahora los refugios están lloviendo porque quieren mantener los mismos privilegios. Vamos a seguir defendiendo que esto se acaba «, declaró este martes el mandatario, además de pronosticar que el proceso» concluirá en el [Suprema] Cortar».

En el corto plazo, el gobierno puede aspirar a algunas «victorias parciales», según César Hernández. Un tribunal colegiado, afirma el abogado, puede corregir el carácter general de las suspensiones otorgadas en primera instancia y limitarlas a las empresas denunciantes. En este sentido, el Ejecutivo ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión sobre la reforma eléctrica que aún se encuentra pendiente de resolución. Aunque se elimine el carácter general, César Hernández matiza su impacto: «Como hay más de 100 interdictos, las empresas se van a considerar bien atendidas aunque las suspensiones tengan efectos particulares», puntualiza.

En la Corte Suprema, donde López Obrador ha depositado sus esperanzas, las cifras favorecen al Gobierno. La invalidación de una reforma legal mediante una acción constitucional o controversia requiere una mayoría calificada de ocho de los 11 ministros. Es una exigencia alta, sobre todo teniendo en cuenta que tres de sus miembros han sido nombrados en la actual Administración y un cuarto, Arturo Zaldívar, ha sido elogiado por López Obrador como una persona en la que tiene «confianza».

Sin embargo, incluso si el pleno rechaza invalidar la norma, el proceso de amparo continuará su curso y las suspensiones pueden continuar. Además, en el caso de que no se alcance la mayoría calificada, pero sí la mayoría simple, el juicio de estos jueces contra la constitucionalidad de las reformas puede influir en las decisiones de las instancias inferiores.

Si el proceso continúa para siempre, la opción «nuclear» que López Obrador ha afirmado considerar es una reforma constitucional. De llevarse a cabo, los amparos y las acciones y controversias ante la Corte Suprema serían sobreseídas, ya que ya no cuentan con sustento legal. Sin embargo, es un camino complicado. El presidente necesitaría una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras. La composición de la Cámara de Diputados está en juego en las elecciones del 6 de junio, pero no la del Senado, donde Morena y sus aliados están lejos de las dos terceras partes.

De aprobarse una enmienda constitucional, las empresas tendrían una última letra: los mecanismos de arbitraje que contemplan los acuerdos comerciales como el T-MEC con Estados Unidos y Canadá. «Las empresas se han acercado en busca de asesoramiento», dice el abogado especialista en arbitraje Rodrigo Barradas. «Si hay una reforma constitucional y se cierran los mecanismos de defensa interna, veo muy probable que se inicien los trámites». Pero acudir a un panel, además de ser un proceso largo que puede tardar hasta tres años, no suspendería la regla y solo se podría solicitar una compensación.

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