Bolivia: Bolivia quiere llevar a los expresidentes Jeanine Áñez y Lenín Moreno ante un tribunal internacional |  Internacional
La expresidenta de Bolivia Jeannine Áñez, en marzo de 2021.
La expresidenta de Bolivia Jeannine Áñez, en marzo de 2021.LUIS GANDARILLAS / AFP

El Gobierno de Luis Arce quiere iniciar un proceso judicial internacional contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, por crímenes de lesa humanidad. Iván Lima, el ministro de Justicia de Bolivia, hizo el anuncio y, aunque no precisó el tribunal al que acudirá Bolivia, mencionó como instancias a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. El Ejecutivo de Arce argumenta su deseo en el presunto préstamo de Moreno a Áñez, en noviembre de 2019, de gas lacrimógeno destinado a controlar las protestas que en ese momento se estaban produciendo en Bolivia tras el derrocamiento del presidente Evo Morales.

En Ecuador, el supuesto apoyo de Moreno a Áñez en las protestas de 2019 también se ha convertido en un punto de la agenda. El legislador Fausto Jarrín presentó una denuncia contra el expresidente Moreno ante la Fiscalía por “el hecho de haber entregado, sin ningún motivo o justificación, suministros militares y botes de gas lacrimógeno al Gobierno de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, [material] con lo cual obviamente el gobierno de facto reprimió a los ciudadanos del pueblo hermano de Bolivia ”, dijo a la prensa Jarrín, quien pertenece al partido del ex presidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

El escándalo estalló con la difusión en Bolivia, hace una semana, de una carta, fechada en mayo de 2020, del excomandante de la Policía ecuatoriana, Hernán Patricio Carrillo Rosero, al entonces Agregado de Defensa de la Embajada de Bolivia en Ecuador, José Frías. En él, el policía le pidió al diplomático que le devolviera “5.000 granadas de mano GL-302; 2.389 proyectiles de 37 mm de largo alcance; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y flash para exteriores ”que su institución había cedido a Bolivia. Los cartuchos de 37 mm se utilizan para disparar sustancias químicas como gases lacrimógenos y otros irritantes.

Según el gobierno boliviano, el cargamento llegó al país “con un perfil bajo” el 16 de noviembre de 2019, un día después de la llamada masacre de Sacaba, en la que murieron 11 personas y 120 resultaron heridas, y tres días antes de la masacre. Senkata, en la que también murieron 11 personas y 78 resultaron heridas. Las investigaciones sobre estos hechos, que aún no han concluido, establecieron que todos los manifestantes anti-Áñez perdieron la vida por heridas de bala.

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Cuando el gobierno interino asumió el cargo el 12 de noviembre de 2019, la policía boliviana sufrió una escasez total de gases lacrimógenos, luego de los 21 días de conflictos callejeros que precedieron a la caída de Evo Morales. Esta escasez llevó al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a comprar insumos policiales no letales a través de una empresa intermediaria en Miami. Hoy, Murillo se encuentra preso en esta ciudad de Estados Unidos, donde residía luego de dejar el cargo, acusado de haber recibido sobornos y haber lavado dinero del recargo que pagó Bolivia por esta compra. El préstamo de gas de Ecuador supuestamente ocurrió antes de esta operación.

Según un exministro de Áñez interrogado por la Fiscalía, la persona que hizo la solicitud a Ecuador fue la entonces Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. Esta política ha estado vinculada a instituciones latinas de extrema derecha en Estados Unidos, donde hoy se encuentra tramitando su asilo político. De acuerdo con la denuncia de su excolega, realizó una llamada telefónica en medio de una reunión de Gabinete que discutió «acaloradamente» la falta de material para la Policía en un momento de convulsión social, y así obtuvo la ayuda de Ecuador. La Fiscalía espera ahora una declaración suya a distancia.

El diario boliviano Página siete informó que había tenido contacto con un miembro del equipo de Lenín Moreno. La fuente, que no quiso ser identificada públicamente, negó que se hubieran enviado “municiones de guerra” a Bolivia, como declararon inicialmente las autoridades bolivianas. Sin embargo, no quedó claro si también rechazó el envío de municiones no letales, como la indicada en la carta del Comandante Carrillo.

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