CNMC: La larga lista de infracciones de las eléctricas: desde subidas de tarifas sin notificar a un cliente fallecido hasta cambios de contrato |  Economía
Un usuario consulta la factura con el contador de luz de su domicilio en Madrid.
Un usuario consulta la factura con el contador de luz de su domicilio en Madrid.Víctor Sainz

En medio de la escalada de los precios de la electricidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado que algunas comercializadoras de electricidad cobraron de más a sus clientes, aprovechando la entrada en vigor del nuevo sistema tarifario el 1 de junio, en algún caso sin siquiera informarles . La agencia no ha dado a conocer los nombres de las empresas ni ha aplicado sanciones. Asegura que muchos ya han vuelto a facturar correctamente a los consumidores, que aún no ha finalizado el trabajo de supervisión y que en una segunda fase la investigación se extenderá a más empresas. Es decir: tendremos que esperar para saber si esta práctica dará lugar a multas, que se sumarían a otras sanciones que la Competencia ya ha impuesto a varias comercializadoras por violar la normativa de protección al consumidor. Desde cambios de contrato sin consentimiento hasta aumentos de tarifas, la lista es larga.

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Como en tantos otros sectores, en el sector eléctrico siempre hay lugar para la picaresca. El año pasado, Endesa fue multada con 300.000 euros por cambiar la empresa de un cliente sin su consentimiento. Habría sido difícil lograr su sí, ya que había fallecido cinco meses antes. Los herederos denunciaron un cambio de proveedor en tres de las viviendas heredadas tras notar un aumento en las facturas. La investigación encontró que las firmas de los contratos y del fallecido no coincidían y que se había producido un cambio de Endesa Energía XXI a Endesa Energía, SA, es decir, del mercado libre regulado.

En 2019, la CNMC impuso multas de casi dos millones de euros a los comerciantes de electricidad y gas por incumplir las medidas de protección al consumidor. Por ejemplo, formalización de contratos de electricidad y gas sin consentimiento o cambios de tarifas opacos. En 2017 y 2018, las multas superaron los 1,6 millones de euros por prácticas similares.

No es necesario retroceder mucho en el tiempo para encontrar casos de este tipo. El pasado mes de julio, el organismo que dirige Cani Fernández multó a Iberdrola con 1,35 millones de euros por modificar las tarifas del gas de más de 45.000 clientes. La empresa comunicó el cambio, pero se olvidó informaron que supuso un incremento anual de costes en torno al 14% y que existía el derecho a rescindir el contrato. Por el contrario, la comunicación se centró en las ventajas de la nueva tarifa: un precio fijo frente a uno indexado al mercado ―sin advertir que el plazo fijo disminuyó 4.5%, pero la variable aumentó 20.3% -, y la conveniencia de la transmisión automática. , sin que los usuarios tengan que realizar ninguna gestión. Esta práctica, según Competencia, representa un incumplimiento grave de la norma de protección al consumidor.

Naturgy había sido sancionada en 2019 con 1,2 millones por prácticas similares, tras una denuncia de la asociación de consumidores Facua: recomendaba cambiar la tarifa del gas a 48.700 clientes, sin informarles del incremento de coste de entre un 8% y un 14%. el cambio. Poco antes, Iberdrola, EDP y Endesa habían sido sancionadas por celebrar contratos de suministro eléctrico sin contar con la documentación que acreditara la voluntad del cliente de cambiar de proveedor y por cambios o adiciones sin consentimiento.

Además de las grandes empresas energéticas ―Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP que dominan el grueso del mercado―, la Competencia también ha multado a empresas más pequeñas. Es el caso de Flip Energía, que en 2020 fue sancionada con 50.000 euros por cambiar el suministro eléctrico de un cliente sin informarle que con el cambio de tarifa ya no podría beneficiarse del bono social, un descuento para clientes vulnerables. . El año pasado Holaluz también fue sancionado con 30.000 euros por un cambio de comercializador de electricidad sin consentimiento

Mercado libre y regulado

El sector eléctrico es un gran lío y descifrar la factura es una misión casi imposible. La mayoría de los clientes (16,2 millones) están en el mercado libre, es decir, tienen una tarifa donde el precio de la energía se acuerda con la comercializadora. Solo en este caso podrá contratar tarifas planas, descuentos respecto a contratos anteriores u otro tipo de ofertas.

El resto de consumidores (10,6 millones) cuentan con la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), que es la única que da acceso al bono social. En este caso, el precio por kilovatio-hora (kwh) está indexado al mercado mayorista y fluctúa cada hora de cada día. El problema es que solo el 25% de los usuarios conoce la diferencia entre los dos mercados, según la última encuesta de la CNMC, y el 63% ni siquiera sabe qué tarifa han contratado.

Para cerrar el círculo, distinguir entre los comercializadores del mercado regulado – llamado de referencia – y el mercado libre no siempre ha sido fácil. Por ello, y tras una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Competencia obligó en 2018 a diferenciar más claramente los dos servicios. La confusión se debe a que las sociedades mercantiles del mercado regulado están integradas en grupos empresariales que a su vez operan en el mercado libre a través de otra empresa. Pero los logotipos, siglas y denominaciones, además de los canales de atención al cliente, eran prácticamente los mismos y generaban confusión en los consumidores.

Desde 2018, el marketing puerta a puerta también está prohibido. Varias asociaciones de consumidores y de competencia habían estado pidiendo al gobierno durante mucho tiempo que regulara las prácticas comerciales de las empresas de energía. La propia CNMC había solicitado que los agentes de venta puerta a puerta estuvieran obligados a identificarse claramente ante los usuarios con el nombre de la empresa e informarles que ofrecen tarifas de libre mercado. El Ejecutivo finalmente optó por cerrar este canal de ventas. Pero las malas prácticas no parecen haber terminado.

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