Colombia: los tiempos están cambiando |  Opinión
Manifestantes participan en una marcha contra el gobierno de Iván Duque, en Cali, el 19 de mayo.
Manifestantes participan en una marcha contra el gobierno de Iván Duque, en Cali, el 19 de mayo.LUIS ROBAYO / AFP

Hace un mes se inició en Colombia un estallido social de alta intensidad, dinámico y multiactor. La convocatoria de una comisión compuesta fundamentalmente por sindicalistas para oponerse a una reforma tributaria suscitó una gran movilización de jóvenes y organizaciones sociales afro e indígenas con reivindicaciones históricas autónomas. Para abordar el desacuerdo y evitar que el caos funcional se convierta en un caos funcional para las organizaciones criminales o intereses políticos dudosos que permean el orden público, es conveniente abordar al menos tres temas que permitan profundizar la democracia colombiana:

1. El reconocimiento de las violaciones en el curso de la protesta.

La desproporción y el abuso de la policía han generado graves violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, quienes en ocasiones también han cometido delitos, además de bloqueos cuestionables. La crisis se materializa en decenas de muertes y actos de violencia sexual, más de mil personas heridas y cientos de denuncias de desapariciones ciudadanas sobre las que no hay acuerdo entre el Estado y la sociedad. Ante la desconfianza y la debilidad de los órganos de control, debemos insistir en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, postergada por el Canciller u otros supervisores confiables, para desescalar la violencia con rendición de cuentas.

2. Abordar los reclamos del comité de huelga a nivel nacional.

El comité convoca las marchas, bajo demandas socioeconómicas estructurales con algunos puntos de negociación específicos como la renta básica y otros más genéricos, como la no discriminación por razón de género. A pesar de que este comité representa una parte del malestar, el gobierno parece apostar por el desgaste, ya que negocia con lentitud (van en un preacuerdo reservado) y con escollos. Es imperativo que este diálogo se materialice en acuerdos que se cumplan.

3. Recuperar el déficit de representación política local.

Aunque el gobierno insiste en culpar a la oposición del estallido social, las poblaciones que lo lideran en las calles reflejan más bien un malestar general entrelazado con la violencia histórica. La amplia y heterogénea presencia de jóvenes desempleados, mujeres, indígenas y afroamericanos en miles de protestas no coincide con mapas electorales, sino con mapas de pobreza, desempleo y desigualdad. Estos problemas estructurales se vieron agravados por la pandemia del covid-19 (42% de la población con hambre, 24% desempleo juvenil y 0.544 de desigualdad por Gini) y con una difícil implementación de los acuerdos de paz, generando tensiones que continúan estallando y que requieren una acción inmediata y estructural.

Una posible salida es la combinación de la participación ciudadana abierta simultáneamente con un Plan Marshall de rescate social con aportes colombianos públicos y privados que desarrolle programas, construya bienes públicos y ofrezca empleo inmediato para satisfacer las necesidades locales. Los mecanismos participativos como los consejos abiertos, propuestos por la academia y los líderes, recolectarían el inconformismo y producirían políticas públicas inclusivas, bajo metodologías ya propuestas por las universidades. Pero, como los jóvenes de primera línea atrincherados en sus barrios no van a ceder con el diálogo exclusivamente, ya que en 30 años hay más de 1.200 acuerdos incumplidos, se requieren victorias tempranas que ofrezcan empleo y oportunidades a los concesionarios, así como a los congresistas. y autoridades garantes. , con responsabilidad personal por el cumplimiento.

Si hay grupos sin líderes aparentes en las calles, la democracia tiene que salir a la calle para buscarlos, darles representación y oportunidades. Abordar el desacuerdo es urgente y hacerlo con un diálogo efectivo y logros inmediatos es fundamental. Llevar mano dura a las ciudades puede fracturar el frágil equilibrio de la paradójica democracia colombiana y dar lugar al reclutamiento de jóvenes por parte de delincuentes, cuando el descontento es lo que busca es una verdadera transformación social.

Vivian Newman es director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

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