Colombia necesita una cooperación diferente |  Red de expertos |  Planeta futuro

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El Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Colombia tenía como objetivo facilitar la reforma del Estado, estructuras económicas arcaicas (especialmente en el sector rural) y políticas discriminatorias. La cooperación internacional se volvió masivamente a favor del Acuerdo. Cuatro años después, los acuerdos sobre reforma agraria, sustitución de cultivos de coca y participación política están estancados.

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Entre 2019 y 2020 hubo manifestaciones masivas en Colombia. Se solicitó al gobierno de Iván Duque que cumpliera con el Acuerdo de Paz. Asimismo, combatir la corrupción, contar con sistemas públicos de salud y educación eficientes y universales, a favor de un sistema tributario justo, contra el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades indígenas y afrocolombianas, detener la violencia de género y enjuiciar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales.

El marco que abarca casi todos los reclamos es la desigualdad. Colombia tiene la brecha de ingresos más grande de América Latina y esta es la región más desigual del mundo. Si bien ha disminuido desde 2016, tiene un alto nivel de violencia política (selectiva y creciente hacia líderes sociales y excombatientes de las FARC) y social (delincuencia, agresiones sexuales, explotación infantil), exclusión de minorías y crisis humanitarias.

Desde 2017, el crimen organizado se ha fortalecido, compitiendo entre sí y con el estado por territorios abandonados por las FARC. La corrupción, la evasión de capitales y de impuestos, la falsificación de precios en las operaciones comerciales y las exenciones fiscales para las grandes empresas y fortunas constituyen una fuga sistemática de recursos estatales.

Todo es consistente con el hecho de que, en alrededor del 40% del territorio nacional, las instituciones estatales no existen o son muy débiles. No hay jueces ni policías. Las escuelas y los centros de salud son escasos, las carreteras intransitables, Internet una palabra sin contenido. En muchos casos hay soberanía compartida entre el crimen organizado y las autoridades frágiles. Cada nuevo gobierno manda al ejército que llega, lucha y se va. Recientemente, la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se ha convertido en un campo de batalla sin que ninguno de los dos estados tenga el control.

Revise los fundamentos

Covid-19 ha destacado esta realidad. En muchas zonas de Colombia, el Estado no tiene la capacidad para saber quién está infectado, ni hay suficiente infraestructura para los enfermos. La economía informal alcanza el 45% en las ciudades y más del 80% en el campo. Quienes forman parte de ella no reciben ayudas y salen a la calle para ganarse la vida. La tasa de pobreza pasó del 31,7% al 38,7% de la población en 2020.

Los actores de la cooperación internacional esperan que temas como la desigualdad, la reforma tributaria o la modernización del sector rural sean llevados a cabo por el Estado

¿Por qué un país que forma parte de la OCDE, con sectores académicos, políticos y empresariales de alta calidad, y con un crecimiento económico sostenido, sufre estos problemas? ¿La cooperación internacional responde a las demandas de la sociedad? Con estas preguntas, en 2020 entrevisté a cincuenta académicos, diplomáticos y miembros de ONG, tanto colombianas como internacionales. El resultado mostró que se deben revisar los fundamentos de la ayuda internacional a Colombia.

Los actores de la cooperación esperan que temas como la desigualdad, la reforma tributaria, la modernización del sector rural o el establecimiento de un sistema universal de salud sean asumidos por el Estado. Colombia no es Somalia, por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo. Sin embargo, las élites que controlan el poder, más la inercia burocrática, hacen tal brecha entre la Colombia urbana y rural, y entre el 0.1% súper rico (y su periferia) y el resto de la sociedad, son polos de los que se alejan.

Frente a las paradojas de Colombia, la cooperación internacional necesita sofisticación, poniendo énfasis en los pilares que sustentan y reproducen la desigualdad y la violencia. Por ejemplo, promover (y cabildear diplomáticamente) para que el país cuente con un sistema tributario para el bien común, apoyando la investigación y seguimiento de la evasión de capitales, la corrupción y el crimen organizado (incluida la complicidad del sistema bancario y financiero internacional), y co -financiar, junto con las autoridades locales, programas para reducir la desigualdad.

Como principio fundamental, la cooperación oficial tendría que ser más estricta y condicionar al Estado colombiano, que se presenta como campeón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras incumple sus metas.

Mariano Aguirre fue asesor de la ONU en Colombia, es becario asociado en Chatham House (Londres) y autor de La agenda de la protesta social en Colombia: ¿una oportunidad para la cooperación internacional?, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, 2020.

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