División y enfrentamientos en el sector agrario por la distribución de las ayudas de la PAC |  Economía
Rebaño de vacas de una ganadería en Andalucía.
Rebaño de vacas de una ganadería en Andalucía.JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Los concejales de Agricultura de todas las comunidades autónomas y la Consejería de Agricultura intentarán llegar este miércoles a un acuerdo sobre la elaboración del plan estratégico en el que se fijará el reparto de los más de 47.000 millones de euros disponibles para el periodo 2023 a 2027 . en la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El encuentro se inicia en un clima de división entre las autonomías y el rechazo a la propuesta de Atocha en aspectos como la convergencia de los procesos de ayudas, la regionalización, la política redistributiva, los eco-esquemas, la definición del agricultor profesional receptor de los fondos o la eliminación de derechos históricos individuales.

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Concejales de la rama como el socialista Francisco Martínez Arroyo, de Castilla-La Mancha, o el independiente Joaquín Olona, ​​de Aragón, coinciden en la necesidad de eliminar los agravios territoriales actuales y avanzar cuanto antes, no para 2029 , hacia una total convergencia en los pagos con la agricultura familiar y los profesionales agrícolas como principales beneficiarios, así como con la eliminación de los derechos individuales históricos actuales. “No tiene ningún sentido”, dice Martín Arroyo, “que se sigan haciendo pagos por derechos históricos individuales a partir de producciones que en muchos casos ya no se cultivan. Es necesario avanzar de forma más rápida en la convergencia de las ayudas y una reducción más importante del número de regiones ”.

La propuesta actual, a grandes rasgos, contempla que, de los fondos provenientes de pagos directos (casi 5.000 millones al año), el 60% se destinen al pago de ayudas a la renta básica y el 12% a ayudas redistributivas complementarias. La propuesta oficial señala el destino de al menos un 3% de las ayudas directas tanto para apoyar el relevo generacional como para dar un mayor apoyo a las mujeres a través de fondos del primer pilar o pagos directos para el segundo pilar o para el desarrollo rural. La ayuda complementaria a la renta de los jóvenes será del 2% de estos fondos y del 25% para apoyar planes ecológicos o medidas medioambientales voluntarias que puedan ser adoptadas por los ganaderos más allá de los requisitos comunitarios. Los pagos como ayudas directas vinculadas a la producción serán del 12,4%, más un 1,95% solo para las proteaginosas. El olivar se suma a las ayudas sectoriales donde ya se encuentran otras producciones como el vino, con un 0,62% de los fondos equivalentes a 30 millones de euros.

En cuanto a los beneficiarios de la ayuda, deben ser agricultores en activo, estar afiliados al Sistema Especial de Autónomos Agrarios o que una parte importante de sus ingresos totales, el 25%, provenga de la actividad agraria. También se considerarán profesionales aquellos que reciban ayudas iguales o inferiores a 5.000 euros para apoyar la agricultura a tiempo parcial. En este punto, se excluyen las superficies aeroportuarias, terrenos inmobiliarios o instalaciones deportivas como campos de golf, como ya ocurre.

Techo de 100.000 euros

La ayuda básica a la renta tendrá un techo de 100.000 euros, aunque a partir de 60.000 euros habrá rebajas: entre 60.000 y 74.999 euros se reducirá un 25%; entre 75.000 y 89.999 euros el recorte será del 50%; y en el tramo entre 90.000 y 99.999 euros la rebaja será del 85%. Además, solo se abonará la ayuda cuando sea igual o superior a 300 euros.

El apoyo básico a la renta se diferenciará por zonas con un modelo basado en 20 regiones frente a las 50 actuales en cuatro tipos de superficies: cultivos de secano, cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos permanentes. La meta es que la convergencia en la misma región sea del 85% para 2026 y en el último minuto se ha incorporado la meta de llegar al 100% para 2029.

La propuesta contempla el pago redistributivo y apoyo complementario a las primeras hectáreas de una finca por un monto equivalente al 20% del monto de la ayuda básica asignada a esa región. Aunque si el beneficiario es una mujer aumenta un 5%. También se contempla una ayuda complementaria para jóvenes, consistente en el 100% del importe correspondiente al valor medio autonómico de la ayuda básica hasta un máximo de 90 hectáreas durante cinco años y un 10% más para las mujeres.

En la propuesta presentada por el ministerio hace un año en la Jornada Sectorial, apoyada por 11 comunidades autónomas, Agricultura se proponía alcanzar la plena convergencia en 2025. Una vez logrado ese objetivo, Atocha contemplaba eliminar los derechos individuales históricos individuales para sustituirlos «por menos complejos». , pagos de superficie burocráticos y especulativos para facilitar la movilidad del suelo y en particular a los más jóvenes ”, algo que no aparece en la propuesta actual.

En este cambio de posiciones, desde otras autonomías, se ve la influencia de una parte importante del sector agrario andaluz, como ya sucedió en la aplicación de la reforma de 2014 basada en la continuidad de pagos por derechos históricos y una mínima convergencia en el derechos de pago que ha aportado el lodo actual.

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