El baño de sangre de la represión policial en Colombia |  Opinión
Un soldado custodia la Fiscalía de Popayán, en el suroeste de Colombia, el 15 de mayo.
Un soldado custodia la Fiscalía de Popayán, en el suroeste de Colombia, el 15 de mayo.Erik Serna / EFE

Desde el 28 de abril, ha estallado una ola de protestas sin precedentes en Colombia. Quizás el punto de comparación más cercano sea 1978, año de la última gran huelga nacional. El país tiene 1.122 municipios, y el 28 de abril hubo protestas y manifestaciones en al menos 564 de ellos, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación. Desde ese momento las manifestaciones fueron constantes y los jóvenes han sido los protagonistas. Bloqueos, sentadas, marchas y eventos culturales son el denominador común.

El gobierno de Iván Duque no lo esperaba y fue totalmente desalojado. Después de unos días de desorientación, la administración de derecha optó por crear cuatro estrategias para desactivar la huelga nacional. Entre ellos, la principal estrategia fue lo que se conoce popularmente como el modelo venezolano o el modelo de Nicolás Maduro. En otras palabras, acabar con las protestas con altos niveles de violencia. El número de víctimas es terriblemente trágico: decenas de víctimas.

La Modelo de Venezuela La aplicada por el Gobierno de Duque tiene tres fases. El primero se basa en la fuerte represión de la protesta social por parte de agentes estatales. Los datos en Colombia son simplemente espantosos. Según la ONG Temblores, hay 41 muertos, 12 agresiones sexuales, 28 personas víctimas de agresiones en los ojos, 129 casos de disparos con armas de fuego por parte de la policía y más de mil detenciones arbitrarias. Todo esto presuntamente cometido por miembros de la Policía Nacional. En un ejercicio comparativo, los datos son muy altos en Colombia.

Por ejemplo, durante las protestas en Perú fueron asesinados Brian Pintado e Inti Sotelo, por lo que cayó el presidente Manuel Merino, quien duró cinco días en el poder. En Chile, durante todas las protestas que estallaron en 2019, hubo 36 muertos, seis de ellos en el contexto de enfrentamientos con las fuerzas del orden. En Colombia, 41 jóvenes fueron asesinados en solo dos semanas de protesta. Quizás el caso más aberrante ocurrió hace apenas unas horas, cuando una menor de 17 años fue presuntamente violada por cuatro policías y horas después se suicidó. Esto sucedió en Popayán, en el suroeste del país, lo que provocó que la ciudad estallara de rabia.

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La represión ha sido brutalmente violenta, pero solo ha sido una fase. El segundo comenzó hace apenas una semana: comenzaron a rodar mensajes vía WhatsApp para que los civiles salieran a enfrentarse a los manifestantes y atacarlos. Ponga civiles contra civiles para luchar. Esto se vivió principalmente en Cali, cuando los civiles atacaron la minga indígena. Aún no está claro dónde ni cómo comenzaron estas cadenas, lo cierto es que cuando se iban a producir estos enfrentamientos la policía simplemente desaparecía. Ni la primera ni la segunda fase han funcionado. De hecho, el segundo fue un gran fiasco.

La tercera fase de esta estrategia es la judicialización. En la ciudad de Popayán, el ministro de Defensa ofreció recompensas por capturar a presuntos vándalos. Sin embargo, mencionó alias de esos presuntos vándalos que coincidían con seudónimos de líderes sociales tradicionales de la región. Esta situación provocó la reacción del gobernador del Cauca pidiendo aclaraciones e ignorando esta oferta de recompensas. Para las organizaciones sociales es una persecución desatada por el gobierno nacional con el objetivo de desbaratar el movimiento social.

Durante años, la represión policial ha sido una constante, pero esta vez las cosas han cambiado. Por un lado, todos los gobiernos acusaron a los manifestantes de estar infiltrados por la guerrilla para deslegitimar y demonizar la protesta social. Esta vez intentaron hacer lo mismo, pero nadie les creyó. De hecho, las manifestaciones más importantes han tenido lugar en zonas donde no operan los grupos armados ilegales. Por otro lado, la violencia policial esta vez ha sido muy grande, sistemática y, sobre todo, visible. La mayoría de los abusos policiales se han registrado en videos de ciudadanos. La crisis de legitimidad es muy grande y la mayoría de los ciudadanos piden una reforma policial a fondo. Quizás el punto principal sea quitar la jurisdicción penal militar a un organismo que, en teoría, debería ser civil.

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