El clan Vega y el vínculo con el 'caso Ayotzinapa'
Pablo Vega Cuevas, líder del cartel Guerreros Unidos.
Pablo Vega Cuevas, líder del cartel Guerreros Unidos.

El largo juicio contra la organización criminal Guerreros Unidos en Chicago finalmente podría ser útil para los investigadores del Caso Ayotzinapa en Mexico. Este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno de Estados Unidos le ha enviado parte de un expediente relacionado con el caso, luego de la conversación que tuvo el mandatario con la vicepresidenta del país vecino, Kamala Harris, el mes de mayo. 7º. “Ya me envió parte del expediente y están a punto de enviarnos el resto esta semana. No puedo decir más ”, dijo.

López Obrador ha evitado dar detalles del documento, pero los informes elaborados sobre el caso por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dan pistas sobre su naturaleza. Uno de los puntos a aclarar sobre el atentado contra los normalistas siempre ha sido el motivo, las razones que llevaron a policías de varios municipios y al grupo delictivo Guerreros Unidos a lanzarse contra ellos. Tesis por probar, los expertos de la CIDH han apuntado a los buses que transportaban a los estudiantes, un enfoque que enlaza con el proceso que sigue la Fiscalía de Estados Unidos contra United Warriors en Illinois.

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El 26 de septiembre de 2014, unos 80 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, viajaron a Iguala para tomar buses para viajar, días después, a la Ciudad de México. Su idea era participar en actos conmemorativos de la masacre de Tlatelolco, en la capital. Una vez en Iguala, los estudiantes se dirigieron a la terminal de autobuses. Salieron de allí en cinco vehículos, cuatro por la puerta principal y uno por la trasera. El ataque se inició poco después en las calles del municipio.

Para los expertos de la CIDH, la intención de policías y criminales habría sido detener los buses. En el primer informe, publicado en septiembre de 2015, escribieron: “Los atentados muestran que el objetivo de la acción era no dejar que los buses salieran de Iguala (…) Cuando ya habían salido de la ciudad, no dejarlos ir en camino y cuando parecía que [ya se habían escapado, evitar que] sigue corriendo «. Desde entonces, los expertos han planteado la idea de que los autobuses podrían haber sido transportes de heroína camuflados, organizados por Guerreros Unidos. Según esta teoría, el ataque trascendió cualquier motivación política y en realidad tendría como objetivo razones económicas.

La lógica de los investigadores de la CIDH se basó en un proceso judicial que se estaba siguiendo en el país vecino. A fines de 2014, las autoridades estadounidenses desmantelaron la celda Guerreros Unidos en Illinois. El 8 de diciembre, la Fiscalía del norte de ese estado informó sobre la acusación contra Pablo Vega, su cuñado y otras seis personas por distribuir heroína en Chicago. Vega y compañía eran la estructura de Guerreros Unidos en la región.

Para la unidad de la Fiscalía que investiga el Caso Ayotzinapa, Vega es un personaje importante. Una fuente de la agencia indica que México inició su proceso de extradición a fines del año pasado. Queda por ver si Estados Unidos accedería a entregar a México a un sospechoso de importar y distribuir decenas de kilos de heroína en el país. El antecedente más cercano es el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido a fines del año pasado en Los Ángeles, acusado de narcotráfico. Luego de una ofensiva del gobierno mexicano, la Fiscalía de los Estados Unidos retiró los cargos y envió al general de regreso a México, donde fue liberado.

Durante 2013 y 2014, investigadores de la DEA, la agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos, escucharon llamadas y leyeron mensajes de Vega y los demás. En algunos casos, sus interlocutores fueron presuntos miembros del grupo criminal en México. La acusación de la Fiscalía se refería a mensajes en los que los presuntos delincuentes hablaban de cargamentos de droga desde México, utilizando buses de línea, vehículos como los que habían tomado los normalistas la tarde anterior al ataque.

Desde 2015, peritos de la CIDH demandan a la Fiscalía Federal mexicana que solicite a sus pares en Estados Unidos toda la información recabada durante la investigación del clan Pablo Vega en Illinois. Después de todo, la DEA tuvo meses de llamadas y mensajes intercambiados por las células de Guerreros Unidos en Illinois y Guerrero. La agencia antidrogas tuvo interceptados sus teléfonos antes, durante y después del ataque a los normalistas.

El proceso de solicitud de información fue largo y engorroso. En septiembre de 2015, la Fiscalía solicitó información sobre Guerreros Unidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero no funcionó. La solicitud fue tan genérica que Estados Unidos respondió que no había forma de registrar todos los documentos relacionados con el grupo delictivo producidos por agencias gubernamentales. Hubo una segunda solicitud en febrero de 2016, también rechazada. Posteriormente, la Fiscalía dijo que la respuesta estaba pendiente.

Finalmente, en 2018, el mecanismo especial de seguimiento de la Caso Ayotzinapa La CIDH informó que la Fiscalía les había dado acceso a las transcripciones de las comunicaciones de Pablo Vega y uno de sus colegas en México, alias Sílver, en fechas cercanas al día del atentado. Esta nueva información, esperada durante mucho tiempo, generó aún más preguntas, pero demostró que la célula de Illinois había estado al acecho del ataque a los estudiantes.

Desde entonces, este camino estaba muerto. El sistema de justicia de Estados Unidos guardó los mensajes de los otros detenidos y las comunicaciones de Vega y Sílver más allá de los días que rodearon el ataque. Ese sería, además del resto de pruebas acumuladas por la DEA en su investigación, el contenido del expediente al que se refirió López Obrador en su rueda de prensa.

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