El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que la Corte Suprema condenó al juez Garzón sin garantías |  España

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que existen «dudas» objetivamente justificadas de que el ex juez Baltasar Garzón haya tenido «acceso a un tribunal independiente e imparcial» en el proceso en su contra por prevaricación en la Corte Suprema, en los casos Franquismo y Gürtel, el último de los cuales terminó por apartarlo de la carrera judicial en febrero de 2012. En un dictamen, el organismo considera que el Tribunal Supremo violó el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por España en 1977, y no respetó el derecho de Garzón a un juicio «con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial».

En su resolución, el Comité determina que España «tiene la obligación» de, entre otras medidas, «borrar los antecedentes penales» del ex juez y ahora abogado, y de proporcionarle «una indemnización adecuada por los daños sufridos». Si el Estado cumple con esta exigencia de la entidad de Naciones Unidas, se suavizaría el regreso de Garzón al poder judicial.

Garzón fue condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación por la Corte Suprema tras ordenar, como instructor en el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, una grabación ilegal en prisión de las conversaciones de los principales líderes de esa trama de corrupción que afecta a la PP desde 2009 y sus abogados defensores. Desde entonces, el ex juez, gran impulsor de la justicia universal, y que instruyó grandes investigaciones contra el terrorismo y el narcotráfico en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional se ha dedicado a la abogacía.

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Según el Comité, en el caso de su condena por la investigación irregular de la Caso Gürtel, La conducta de Garzón «no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables».

En cuanto a la supuesta falta de apariencia de imparcialidad de la Sala Penal Suprema, que condenó a Garzón, el organismo de la ONU toma en cuenta que se aceptó la inhabilitación de cinco de los magistrados. Sin embargo, destaca que “dos de los magistrados que lo condenaron en el Caso Gürtel también lo habían juzgado en el Caso Franco, y que los juicios orales por ambas causas se realizaron con cinco días de diferencia ”. Estos dos magistrados, a pesar de haber sido impugnados, permanecieron en el tribunal de sentencia.

Asimismo, el Comité observa que España, durante la resolución de este expediente sobre Garzón «no ha refutado el alegato» del exjuez según el cual uno de esos dos magistrados, que fue el principal juez de instrucción en el Caso Franco, Luciano Varela, «habría mostrado su falta de imparcialidad durante todo el proceso del caso, en particular, asistiendo reiteradamente a los demandantes en la modificación de sus acusaciones» contra Garzón.

El órgano supranacional considera que, con la información proporcionada por Garzón, «sus dudas sobre la imparcialidad de los tribunales sentenciadores están objetivamente justificadas» y que «no se puede concluir, en consecuencia, que dichos tribunales gozaron, para un observador razonable, de la comparecencia». de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento ”.

El Comité de Derechos Humanos coincide y apoya a Garzón en otra de sus denuncias: la inexistencia de un segundo juzgado penal ante el que apelar su condena, ya que fue juzgado por el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial español, ya que gozó de la aprobación a causa de su condición de juez. “Si bien la legislación de un Estado Parte puede en determinadas ocasiones disponer que una persona, por razón de su cargo, sea juzgada por un tribunal superior al que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del imputado a la revisión de su sentencia y condena ”. Por tanto, dado que no existe posibilidad de revisión de la sentencia, el Comité concluye que se violó su derecho reconocido por el artículo 14, párrafo 5 del Pacto, que establece que “toda persona condenada por un delito tendrá derecho a la condena y la pena que se le imponga sea sometida a un tribunal superior, según lo prescribe la ley ”, lo que no sucedió en el caso de Baltasar Garzón.

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