El Estado devuelve a la Generalitat los 4,9 millones gastados en la consulta ilegal del 9-N |  España

El Estado ha devuelto a la Generalitat los 4,9 millones de euros que, según dictaminó el Tribunal de Cuentas por sentencia, la propia Administración catalana en la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014. Esta cantidad ya está ingresada en una cuenta. accesible a la Administración catalana, aunque de momento no puede utilizar el dinero hasta que se declare formalmente la condena definitiva, trámite que todavía no ha finalizado. La restitución efectiva de dichos fondos se completará en breve, tan pronto como el Tribunal de Cuentas complete los trámites finales.

El proceso se puso en marcha hace unos días, cuando el citado órgano de auditoría de cuentas públicas recibió copia de las resoluciones por las que el Tribunal Supremo desestimó el pasado mes de julio los recursos del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros implicados en dicho expediente de responsabilidad contable. Este paso implica que la condena dictada en su día contra el investigado adquiere firmeza y entra en la fase de ejecución por parte del Tribunal de Cuentas.

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El pasado mes de julio, los 4,9 millones ya estaban a disposición de la Generalitat, en las condiciones antes mencionadas. Los propios investigados lo solicitaron, para facilitar que esta suma no siguiera devengando intereses. Dado que la Generalitat fue la Administración perjudicada por los gastos irregulares incurridos para la realización de la consulta, será la que perciba la cantidad que el Tribunal de Cuentas considera debida y forzosamente recuperada para las arcas públicas catalanas. La paradoja de la situación es que la Generalitat en ningún momento hizo ninguna reclamación en relación al destino dado a los fondos que se utilizaron para organizar el 9-N.

Una parte importante de estos fondos se invirtió en la adquisición de 7.000 computadoras que se utilizaron para recopilar datos sobre los resultados de la consulta, y luego se utilizaron como dotación de los centros educativos. Las defensas se refirieron a este dato durante el proceso para sostener que el dinero invertido en dichos portátiles no podía considerarse gastado irregularmente, ya que acababa formando parte del equipamiento de los colegios de Cataluña.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, consideró probado que los ordenadores se utilizaron para facilitar la consulta y, por tanto, se pusieron al servicio de una finalidad ilícita, como es la realización de una iniciativa prohibida por el Tribunal Constitucional, que a su vez no fue escuchada. Como resultado, también se inició un proceso penal que culminó con la condena de Artur Mas, y las ex concejalas Joana Ortega e Irene Rigau por el delito de desobediencia, por lo que la Corte Suprema impuso penas de 13, 9 y 6 meses de inhabilitación. , respectivamente. Posteriormente, el exconsejero Francesc Homs también fue condenado a 13 meses de inhabilitación, en un proceso separado, medido por ser el portavoz del PDeCat en el Congreso.

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