El Gobierno argentino carga contra la Corte Suprema y la acusa de golpe de Estado |  Internacional
Alberto Fernández, presidente de Argentina, en una imagen de julio de 2020.
Alberto Fernández, presidente de Argentina, en una imagen de julio de 2020.ESTEBAN COLLAZO / AFP

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Alberto Fernández sufrió un nuevo revés. La Corte Suprema de Argentina decidió que el gobierno nacional no podía ordenar el cierre de las escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de la emergencia sanitaria, porque esto violaría los derechos constitucionales. Se esperaba un fallo al respecto. Menos previsible fue la furiosa reacción del presidente y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quienes acusaron a la Corte de golpe y «decrepitud». La guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial llegó a un punto crítico.

La expresidenta y actual vicepresidenta se desató a través de su cuenta de Twitter. «Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como en el pasado», dijo, comparando el fallo de la Corte Suprema con los golpes militares pasados. “La Corte Suprema acaba de decidir, en medio de una pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso Nacional y con más de 65.000 muertos en Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultades para tomar medidas sanitarias, «añadió. Luego irónico que para gobernar el país, en lugar de ganar unas elecciones, lo mejor era «aparentar competir por un puesto de juez».

El presidente Alberto Fernández tampoco se contuvo. “Soy un hombre de derecho, respeto las decisiones judiciales, pero no saben lo que me aflige la decrepitud de la ley convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso ”. Y aseguró que seguirá «cuidando la salud de los argentinos y las mujeres argentinas, por mucho que escriban muchas hojas de frases».

El oficialismo quedó profundamente herido por su derrota judicial contra el jefe de gobierno de Buenos Aires, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, quien optó por mantener abiertas las escuelas de su circunscripción luego de que la Casa Rosada emitiera, el 14 de abril, un Decreto Nacional de Urgencia. en el cual se estableció un toque de queda a partir de las 20 horas y se ordenó el cierre de establecimientos educativos. Alberto Fernández quiso frenar el vertiginoso aumento de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires. Larreta argumentó que no se había probado que las escuelas fueran un foco pandémico y que, en última instancia, la decisión le pertenecía a él, debido a la autonomía que la reforma constitucional de 1994 había conferido a la capital del país.

Cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema (hubo una abstención) coincidieron en que la ciudad de Buenos Aires gozaba de derechos federales similares a los de las provincias (el asunto se encuentra en discusión desde 1994) y que la sentencia debe establecer jurisprudencia para la futuro . Criticaron la redacción del Decreto Nacional de Emergencia, ya decaído y reemplazado por otro, y no consideraron válido el argumento del gobierno de que la ciudad y la provincia de Buenos Aires deben marchar al mismo ritmo porque el territorio que comparten, el llamado El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue la principal fuente de contagios del país. Según la Corte Suprema, la AMBA es una entidad administrativa sin entidad institucional, por lo que prevalecen los derechos de capital.

La provincia de Buenos Aires es el gran bastión del peronismo kirchnerista y su gobernador, Axel Kicillof, muy cercano al vicepresidente, fue quien más presionó a Alberto Fernández para que cerrara escuelas en todo el país. Necesitaba hacer frente a la ola pandémica y prefería que la Casa Rosada fuera la que asumiera los costos políticos. En realidad, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se han convertido en un poder fáctico capaz de imponer decisiones al presidente, o de anularlas, como demostró hace unos días cuando Alberto Fernández ordenó la destitución de la Subsecretaría de Energía y la dupla Cristina-Axel. por el contrario, ordenó al subsecretario permanecer en su cargo. El subsecretario, Federico Basualdo, sigue en su despacho.

El fallo de la Corte Suprema y la posterior reacción del presidente y vicepresidente aumentaron la intensidad del conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Los múltiples casos abiertos contra Cristina Fernández de Kirchner por diversos presuntos delitos, entre ellos corrupción y enriquecimiento ilícito, están en el origen de una crisis que erosiona la estructura institucional del país. Fue significativo que, a pesar de la gravísima situación económica en Argentina, la justicia fue la primera gran reforma emprendida por la administración peronista.

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ya había logrado el éxito político de enarbolar la bandera de la educación desobedeciendo el decreto de Fernández. El fallo de la Corte Suprema lo fortalece como la figura principal de la oposición y como posible candidato para las elecciones presidenciales de 2023.

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