El Gobierno despliega la agenda social al inicio del curso |  España

El Gobierno inicia el rumbo político priorizando la agenda social. El primer Consejo de Ministros tras el receso estival tiene previsto aprobar el proyecto de ley de pensiones, según adelantó EL PAÍS este lunes. Una decisión clave para los ingresos de los casi nueve millones de jubilados. Las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que no será una acción temporal: la subida del salario mínimo interprofesional, que tantas olas ha provocado entre PSOE y Unidos Podemos, antes de fin de año ya no es un tabú.

Las previsiones de La Moncloa y organismos internacionales aventuran, salvo una mutación del covid que trunca la salida de la crisis, que la economía cogerá velocidad de crucero en la segunda mitad del año. Pero llevará tiempo que las proyecciones macroeconómicas se aprecien en los bolsillos de los ciudadanos. Los fondos europeos, de los que España recibió los primeros 9.000 millones de euros a mediados de agosto para financiar el Plan de Recuperación, deberían contribuir a la aceleración. Pero la pandemia se llevó el 10,8% del PIB en 2020. Las expectativas de crecimiento se deben en parte a la profundidad del declive. Por ello, el Gobierno está planificando una hoja de ruta para intentar combatir la desigualdad rampante que ya arrastraba España desde la Gran Recesión y que se disparó aún más durante el Gran Confinamiento.

El primer gesto será para los jubilados. A finales de junio, Moncloa cerró un acuerdo con empresarios y sindicatos para reformar aspectos clave del sistema actual. La intención del consejero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es llevarlo al Congreso en septiembre. El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado 6 de julio la tramitación urgente del anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que busca acercar la edad de jubilación efectiva a la legal mediante la revisión del modelo de jubilación anticipada y la introducción de mayores incentivos para retrasar la retirada del mercado laboral. Ahora vuelve al Consejo en una segunda vuelta -como exige la ley- antes de ser enviado a las Cortes.

Más información

La primera parte de la reforma previsional consolida uno de los objetivos primordiales del gobierno de coalición: derogar el escenario regulatorio anterior y enterrar el factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, fórmula que adaptaba el monto de las pensiones a la evolución demográfica. Con la entrada en vigor de la nueva reforma, prevista para el 1 de enero de 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se convertirá en el marco de referencia sobre el que pivota el cálculo de beneficios. Su crecimiento por encima del 0,9% previsto por el Gobierno para este año obligará a un nuevo ajuste al alza que costará a las arcas del Estado unos 1.400 millones. Cuando el IPC registre valores negativos, las pensiones permanecerán congeladas.

Siguiendo la línea social, Pedro Sánchez anunció este domingo, durante una visita a una de las zonas afectadas por el incendio que asoló 22.000 hectáreas en la provincia de Ávila, que el Gobierno declarará zonas gravemente afectadas por la emergencia de protección civil a las comunidades autónomas que han sufrido incendios y otros desastres naturales este verano. Un comunicado que debería traducirse en una inyección de recursos y ayudas millonarias para paliar los efectos del cuarto incendio más grave de la historia de España y otras crisis medioambientales similares.

Pero la madre del cordero aumentará el salario mínimo. Aunque sea simbólico: entre ocho y diez euros. Ahora está en 950 euros en 14 pagos. Desde su primera mejora, poco después del lanzamiento de la coalición, se ha convertido en una de las grandes banderas sociales del Gobierno. El compromiso del Ejecutivo es que al final de la legislatura sea igual al 60% del salario promedio. La vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido su gran partidaria y en los últimos meses se ha enfrentado con la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para incrementarla este año. .

Tras meses de desacuerdo, en los que el Gobierno ha retrasado la mejora del salario mínimo ante la presión de United We Can y los sindicatos, el momento de revisarlo parece cada vez más cercano. En los últimos días, los dos socios gubernamentales han acercado posiciones. Calviño, que en julio advirtió de la «alta incertidumbre», pronosticó la semana pasada que el repunte de la economía permitirá «recuperar cuanto antes» el aumento del salario mínimo. En United We Can, son contundentes: no puedes demorar más.

Otra prioridad del Ejecutivo es engrasar la cobertura de la renta mínima vital. Un ejemplo: 320.000 hogares, en los que viven unas 800.000 personas, se beneficiaron del beneficio en junio. El objetivo es cubrir 2,3 millones, un 30% menos.

El Gobierno también está decidido a combatir el empleo temporal y los contratos precarios en la administración pública. La apuesta es hacer fijos 300.000 becarios que ocupen puestos estructurales. Se centran en educación y salud en las comunidades autónomas.

Vivienda y luz

Se presume más diabólica la negociación para llevar a cabo una ley de vivienda que regule el precio de los alquileres, como se indica en el convenio de Gobierno, y que desde hace meses está estancada. Unidos podemos poner un techo a los alquileres en las zonas de estrés y el PSOE es partidario de ofrecer beneficios fiscales a los propietarios.

Donde no hay consenso dentro de la coalición es sobre cómo abordar la escalada de los precios de la electricidad. Unidos Podemos propuso este lunes limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica por decreto. No es la primera vez que el socio minoritario del Ejecutivo presiona para actuar por decreto contra el alza de la electricidad. Ya lo ha planteado aprobar de inmediato, y no mediante un trámite parlamentario más arduo, la reducción de los subsidios a las empresas eléctricas. El PSOE no ha cambiado de posición. La UE ha hecho hincapié en que los picos en el precio de la electricidad serán inevitables. Los socialistas estiman que la apuesta por las energías renovables se notará en una progresiva bajada de la factura de la luz. Y en La Moncloa ven el horizonte despejado desde hace más de dos años. Sánchez ya ha dejado claro que no tiene intención de adelantar las elecciones generales, y serán a finales de 2023.

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *