El Juzgado de Alicante absuelve a todos los acusados ​​de manipular la tramitación del plan urbanístico en beneficio de una constructora |  España

El Juzgado de Alicante considera que no existen pruebas que demuestren que los ex alcaldes alicantinos Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, informaran o influyeran a los técnicos para que el empresario Enrique Ortiz, principal terrateniente de la ciudad, resultara beneficiado en la redacción del nuevo plan urbanístico (PGOU) de Alicante. La sentencia absuelve a todos los imputados, ocho en total, de los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. Sin embargo, condena a Alperi y Ortiz, que llegaron a reconocer los hechos, a multas de 6.000 y 18.000 euros por un delito de cohecho.

Lo que se resolvió como una operación de corrupción monumental de altos funcionarios municipales, incluida en una trama aún mayor que se extiende por toda la provincia, la operación Brugal, se ha reducido a la pena de dos obsequios. Uno de ellos, un viaje a Creta en avión privado del que disfrutó Alperi y cuyo coste, de 36.000 euros, corrió a cargo de un empresario que no ha sido juzgado. La otra, una chaqueta de lujo que Ortiz le entregó a Castedo en la Navidad de 2008, obsequio que los magistrados consideran puede constituir un delito de soborno pasivo impropio pero que ha prescrito.

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Nació el caso PGOU, como todo lo que cae bajo el paraguas de Caso brugal, en un golpe telefónico. A partir de la investigación de un presunto complot corrupto en torno a la recogida de basura en Orihuela (Alicante), la Policía amplió la red de teléfonos intervenidos hasta llegar al de Ortiz. Las conversaciones que el constructor mantuvo con los alcaldes Alperi y Castedo, con casi veinte años en el poder municipal entre ambos, parecían mostrar que el empresario estaba al tanto de lo que sucedía en el mapa del futuro plan urbanístico de Alicante, que fue retirado. tan pronto como estalló el escándalo y aún está pendiente de tramitación. Él, presumiblemente, hizo y deshizo, para embolsarse grandes beneficios económicos u obtener las partes más jugosas del pastel urbano.

La elocuencia de los pinchazos vino a orientar los pasos de Ortiz hacia la Fiscalía, donde en abril de 2020 firmó un convenio que reconocía todos los hechos a cambio de una reducción de la pena, de los ocho años que el fiscal pidió a solo dos y un Multa cercana a los 900.000 euros. El magnate alicantino enloqueció así a Alperi y Castedo en el arreglo del PGOU, a cambio de efectivo, vacaciones pagadas y un coche de la marca Mini Cooper. Él no era el único. Otro empresario ladrillero, Ramón Salvador, de Elche, había firmado un pacto similar dos meses antes, en febrero de 2020, a cambio de tres meses de cárcel y una multa de 14.500 euros.

Sin embargo, en su comparecencia ante el tribunal en la primera sesión del proceso, Ortiz se retractó de su confesión. El motivo fue que poco antes, en otra de las piezas de Brugal, la de la basura de Orihuela, la Audiencia Provincial había cancelado todas las escuchas telefónicas. 34 imputados, entre ellos dos alcaldes populares del municipio sureño de la provincia, fueron absueltos de todos los cargos. Ortiz y sus abogados sabían que sin las escuchas telefónicas en su caso, que partían de las ya rechazadas por el otro tribunal, cualquier argumentación de las acusaciones estaría prácticamente vacía de contenido. Salvador, sin embargo, decidió seguir adelante con su acuerdo.

Casi un año después del juicio, los pinchazos resultaron inocuos. Los magistrados han validado la mayoría de estas transcripciones. Solo han anulado los de la esposa de Ortiz y algunos registros ordenados en otra de las sucursales de Brugal. Sin embargo, consideran que no hay pruebas fehacientes de que el constructor influyó en los primeros concejales de Alicante, principales responsables del PGOU, para que se correspondieran con información privilegiada o lucros en el reparto de suelo. La sentencia solo admite que entre los tres existió una profunda relación de amistad, prolongada en el tiempo, con «comunicaciones telefónicas permanentes de contenido privado», con «conocimiento mutuo de sus respectivas familias» y con «reuniones que mantuvieron en sus domicilios particulares». de los demás y de los viajes de ocio que compartían ”. Una amistad que los imputados intentaron no“ difundir en el exterior, ocultándola en ocasiones como relación institucional ”.

Más allá de la chaqueta de la marca y el viaje a Creta, no existen documentos que acrediten el trato favorable que podría haber brindado este vínculo íntimo. Por tal motivo, los magistrados han emitido sentencia absolutoria, contra la cual cabe recurso de casación, a favor de Alperi, Castedo y Ortiz por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y explotación privilegiada. información. Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez, hermano y empleado de la constructora, respectivamente, así como el empresario Pablo Rico y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano del exalcalde, también están exentos de cualquier cargo.

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