El laberinto legal de los clubes de cannabis |  Negocio
Un club cannábico en Barcelona.
Un club cannábico en Barcelona.Consuelo Bautista

Entrar en un club de fumadores de cannabis es algo parecido a ir a una tienda especializada. “Tenemos la variedad sativa, de hojas alargadas y delgadas, que produce un efecto más interactuante que la índica. El follaje de este último es más pequeño y más ancho y genera un resultado relajante ”, explica el gerente de un establecimiento en el centro de Madrid.

Estas organizaciones se encuentran dispersas por la geografía nacional y su funcionamiento suele ser el mismo. Para acceder a él, debes ser mayor de edad, estar en pleno uso de tus facultades mentales y contar con el aval de un miembro, ya que la regla elemental es que la marihuana no se distribuye a terceros ajenos a la asociación. Generalmente, conviene permanecer en el recinto durante unos 15 minutos para evitar el tráfico de personas en sus inmediaciones. Y la actividad no se limita al uso terapéutico del cannabis, sino también a la práctica lúdica.

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Sin embargo, el objeto de estas asociaciones se encuentra en una situación jurídica controvertida. El artículo 368 del Código Penal sanciona a quienes «realicen actos de cultivo, procesamiento o tráfico, o promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas». En el mismo sentido, el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocido popularmente como ley mordaza, recoge como infracción administrativa grave su “consumo o posesión ilícita, aunque no estuvieran destinados al tráfico, en lugares, carreteras, establecimientos públicos o transporte colectivo”.

Ahora, «no todo lo ilegal es delito» y hay comportamientos atípicos que no encajan en la ley, explica Francisco J. Cabrera, abogado. de consejo del bufete de abogados Martín Molina. Por ejemplo, el consumo individual de cannabis no es punible y cuando se realiza en espacios cerrados disminuye la posibilidad de una sanción administrativa. Además, el cultivo tampoco es delictivo si la marihuana se destina al autoconsumo. Es decir, lo legalmente relevante es que la salud pública no se viola a través de prácticas prohibidas como el narcotráfico.

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La Corte Suprema ha establecido diferentes criterios para determinar cuándo se excluye el reproche penal. En términos generales, “los consumidores deben ser todos adictos; el consumo debe tener lugar en el interior; la cantidad debe ser reducida o adecuada para un solo encuentro; la comunidad debe estar formada por un número reducido de personas y los consumidores deben estar identificados específicamente ”, enumera el abogado.

Así, por ejemplo, en sentencia de junio de 2016 el alto tribunal consideró que la entrada y registro en una asociación ordenada por un juzgado de Barcelona a petición de la policía, con incautación de dosis individuales a los socios, no se ajustaba a la Ley porque se comprobó que «la finalidad de la asociación es crear un centro de encuentro para las personas que consumen cáñamo» con el fin de «generar un consumo responsable, buscando una alternativa al mercado negro, respetando la legislación vigente».

Guiomar Redondo, responsable del departamento jurídico de Proluco Abogados & Economistas, explica que “es necesario analizar la legalidad o no caso por caso” de estas asociaciones. “Los tribunales combinan varios aspectos, aunque los montos incautados suelen ser determinantes”. La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) recomienda que la dosis máxima a distribuir a cada miembro sea de «tres gramos al día», distribuyéndola en pequeñas cantidades para evitar desvíos a terceros. En cuanto al cultivo, «para que no se generen conductas punibles, es necesario que la cantidad producida esté en línea con los límites cuantitativos de consumo indicados» para cada integrante, dice el abogado.

Vacío regulatorio

Pese a la interpretación de los tribunales, existe un «vacío legal» a nivel estatal en cuanto a la regulación de los clubes cannábicos, explica Redondo. Aunque distintas comunidades han intentado legislar al respecto, como Navarra o Cataluña, el Tribunal Constitucional ha anulado posteriormente sus leyes autonómicas. Y esto porque se basaron en un asunto con incidencia en el ámbito penal, porque se trataba de una droga ilícita y, en consecuencia, reservada al Estado. En el caso del País Vasco, el máximo intérprete de la Constitución sí convalidó su ley de atención a las adicciones, pero porque no regula la recogida, adquisición o distribución de marihuana en este tipo de centros, sino que se limita a establecer que tienen para colaborar con la Administración sanitaria.

Así, las comunidades «no pueden por sí solas declarar la legalidad» de estas asociaciones porque violarían el artículo 149.1.6 de la Constitución sobre competencias exclusivas del Estado, aclara Jon Andoni Bengoetxea, abogado del despacho Bengoetxea & Asociados. Y tampoco los municipios, como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En una sentencia reciente, ha anulado la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que pretendía regular estos espacios para fumadores mediante distancias mínimas entre ellos, sistemas de doble puerta o extractores.

Por tanto, y en ausencia de una “norma específica” estatal, los clubes de cáñamo se crean bajo la ley de asociaciones, que también sirve como punto de partida para partidos políticos, sindicatos o confesiones religiosas, aunque estas entidades sí cuentan con su propia legislación de desarrollo. “Las asociaciones cannábicas no son para ellos ilegales ni legales”, enfatiza el abogado. «Lo que hay que analizar es su conducta específica» para determinar si vulneran el derecho legal amparado por el Código Penal, que es la salud pública.

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