El Parlamento Europeo cierra la investigación sobre la ampliación del puerto de Valencia |  Clima y medio ambiente

La polémica construcción de la terminal norte del puerto de Valencia, una gran obra diseñada en 2005, que empezó a ejecutarse en 2008 y que la crisis económica paró en seco hasta que volvieron los vientos de recuperación en 2018, ha llegado al Parlamento este miércoles Europea en un escenario de emergencia climática donde las grandes infraestructuras están cada vez más cuestionadas. El acalorado debate llegó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que finalmente ha acordado, con los votos a favor del PP y del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, cerrar la solicitud que había presentado un ciudadano valenciano para investigar si la ampliación El puerto necesita una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Los Verdes, la Izquierda y los no afiliados han pedido, sin éxito, que la denuncia permanezca abierta. Por su parte, la Comisión Europea ha asegurado rotundamente que, con la información disponible, no había indicios de que el proyecto infringiera la normativa comunitaria, mientras que al mismo tiempo ha convocado a los detractores de la obra a acudir a los tribunales españoles.

El debate sobre la dimensión de la obra portuaria y sus efectos sobre el medio ambiente ha enfrentado al puerto con organizaciones medioambientales, organizaciones de vecinos e incluso con partidos políticos como Compromís, que gobierna la capital y la Comunidad en coalición con otras formaciones políticas. Valenciano. El ciudadano valenciano que fue el autor de la petición advirtió en su carta que la obra no se justifica en una situación de emergencia climática y puede amenazar no solo las playas del sur de la ciudad, en retroceso, sino incluso afectar al Parque Natural de la Albufera. un humedal de agua dulce protegido, situado a tres kilómetros del puerto, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 e incluido en el acuerdo internacional de Ramsar sobre humedales.

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La terminal norte del puerto de Valencia es la última fase de un proyecto que comenzó hace años con la construcción de un gran dique de abrigo exterior que albergaría un gran muelle de mercancías, presupuestado en más de 1.000 millones de euros y que duplicará la capacidad de Carga Valencia. El presidente del puerto de Valencia, Aurelio Martínez, ha insistido este miércoles a los eurodiputados en que el emplazamiento es estratégico para España y un referente en el Mediterráneo y que es «absolutamente respetuoso con las cuestiones medioambientales». El proyecto original de la terminal norte, que recuperó 152 hectáreas y 2,6 kilómetros de muelles al mar, obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2007 y fue diseñado “a la sombra de las tormentas imperantes para evitar el impacto en la costa sur. ”, Según Martínez. La Autoridad Portuaria, que no presentará en detalle el proyecto de la terminal norte hasta octubre, ha manifestado en alguna ocasión que la redacción de una nueva declaración de impacto retrasaría la construcción de la terminal en al menos dos años. Algo que consideran inasequible.

En 2018 se modificó el plan original y se diseñó un muelle completamente lineal, de poco menos de dos kilómetros de longitud y con menos hectáreas. Se preguntó a los Puertos del Estado si era necesario un nuevo DIA y este organismo respondió que no porque no hubo un aumento significativo de las emisiones a la atmósfera —se automatizará la terminal—, ni por vertidos a canales públicos o por generación de residuos. “No afecta a las áreas protegidas de la Red Natura 2000, como intenta justificar. Ahora, con la terminal hacia el norte, nos movemos medio kilómetro más lejos de la Albufera”, defendió el presidente del puerto. Con el debate y las posiciones En contraposición, Puertos del Estado ha reiterado que el DIA de 2007 no ha expirado a pesar de los 14 años que han pasado.

La consejera de Emergencia Climática del Gobierno Valenciano, Mireia Mollà, de Compromís, crítica con la terminal, ha reforzado ante la Comisión la petición del particular al Parlamento Europeo para el seguimiento del proyecto. “Debo denunciar públicamente que la Autoridad Portuaria intenta evitar con todos los medios a su alcance llevar a cabo un EIA ajustado al proyecto real y que evalúe, sin duda alguna, el impacto en la Red Albufera Natura 2000”, defendió. Mollà añadió que la terminal norte ha sido modificada sustancialmente y la Directiva Europea de Hábitats y la jurisprudencia de la UE «establecen que cualquier valoración que afecte a un área protegida de la Red Natura despeja dudas razonables sobre su impacto». Y en su opinión, una declaración de hace 14 años no los disipa.

Regresión de la costa sur

Este departamento lleva meses alertando de posibles afecciones a las playas de la costa sur de Valencia, en proceso de regresión, y a la propia Albufera, que, aseguran, no estaban adecuadamente consideradas hace más de una década. Además, según el consejero, el escenario climático en el Mediterráneo ha empeorado, según informan los expertos. “Evitar a toda costa una nueva declaración de impacto es la lamentable razón por la que hoy estamos aquí”, añadió Mollà, recordando que si finalmente se produjeran consecuencias en la Albufera “podría significar el colapso medioambiental del mayor lago de agua dulce de España y uno de los más grandes de España. los humedales más importantes de Europa ”.

La Comisión Europea se ha mantenido en su posición inicial: con la información a su disposición, no tienen «pruebas para identificar una infracción» de la legislación medioambiental, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto final «no está presentado ni autorizado».

El grupo europeo de los Verdes solicitó sin éxito que la petición permaneciera abierta «hasta que se presente el proyecto detallado de la nueva terminal y se hagan nuevas evaluaciones», dijo la eurodiputada Rosa d’Amato, así como su compañera de grupo Margrete Auken. Por el contrario, el parlamentario del PP europeo Alex Evren y la española Inmaculada Rodríguez Piñero, del grupo socialista, han exigido que se cierre. «España es un estado de derecho avanzado y las cosas no se hacen sin garantías», ha subrayado Rodríguez.

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