El Tribunal de Cuentas reclama 9,7 millones a UGT por el caso ERE |  España
Fachada del Tribunal de Cuentas, en Madrid.
Fachada del Tribunal de Cuentas, en Madrid.Jaime Villanueva

El Tribunal de Cuentas ha reclamado al sindicato UGT 9.745.882 euros en virtud de un expediente de responsabilidad contable que se deriva del caso ERE de Andalucía. La investigación se inició hace más de 10 años y culminó este julio con un acto de liquidación de la citada figura, decisión que ha sido apelada por el sindicato socialista denunciando indefensión. UGT manifiesta en su recurso de casación que el monto demandado supondrá la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas bancarias, por lo que ofrece dar respuesta al reclamo con sus activos inmobiliarios como garantía.

El acto de liquidación califica las irregularidades atribuidas a las centrales sindicales como actividades relacionadas con «los expedientes de normativa laboral tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía», mediante ayudas no debidamente gestionadas. En su momento, dichos expedientes de regulación de empleo (ERE) estaban destinados a atender la situación de los trabajadores que perdieron su empleo y que, «por diferentes motivos, presentarían dificultades para integrarse al mercado laboral». Las ayudas pretendían, por tanto, amortiguar «el impacto sociolaboral que podrían provocar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad andaluza».

La ayuda se concedió a «trabajadores afectados por un historial de regulación laboral u otro tipo de despido». Pero otros «trabajadores que no cumplían con las condiciones requeridas para hacerlo» fueron incluidos y beneficiados con este mecanismo, según el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable, en definitiva, se derivaría de que este tipo de prácticas dieron lugar a “la existencia de unos deterioros en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que estarían constituidos por el importe de las primas correspondientes al seguro de rentas pólizas contratadas para cubrir estas contingencias ”. Todo ello se refiere a los casos de «aquellos trabajadores que hubieran sido incluidos indebidamente en los expedientes de la normativa laboral, en las cantidades que hubieran sido financiadas por la Junta de Andalucía».

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El acto de liquidación fue comunicado a las partes el pasado 15 de julio, mediante la entrega de «documentación enorme», expresión utilizada por el abogado de UGT en su recurso de apelación, para sostener que el sindicato ha quedado indefenso. Parte de los 9,7 millones de euros exigidos -en concreto, 2.862.584 euros- se reclama de forma conjunta y solidaria con la Federación Minera y Metalúrgica de CC OO. Pero la impugnación informa que el delegado investigador de este procedimiento no especificó «qué irregularidades específicas fueron la base» de las acusaciones. De ahí que, sobre todo, se alegue la indefensión. La convocatoria se dirigió a la Federación Estatal de la Metalurgia, la Construcción y Afines UGT, que ya no existe, ya que en 2016 se fusionó con la Federación de Trabajadores de la Industria y la Agricultura del mismo sindicato, dando lugar a una nueva Federación de la Industria, la Construcción y Agro, que fue quien apareció en el evento.

Ante la reclamación del Tribunal de Cuentas, UGT ha presentado un recurso de casación en el que advierte que “la consolidación inmediata por parte de esta Federación de UGT del importe exigido de 9.745.882 euros, objetivamente muy elevado, afecta al normal desarrollo de la actividad de la sindicato, comprometiendo su actividad sindical y en definitiva el derecho fundamental a la libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución) ”. La misiva destaca que «ni esta federación sindical, ni la de la Federación del Metal, Construcción y Afines, ni ninguna otra, ha recibido cantidad alguna que se alega estar asegurada, sino que han sido recibidas por los trabajadores afectados por los expedientes laborales correspondientes. . «

«Función constitucional»

El recurso de apelación enfatiza que «aportar o asegurar» el monto reclamado «conlleva el bloqueo económico-financiero inmediato del sindicato y, por lo tanto, no cuenta con los medios suficientes para cumplir con su función constitucional». En este sentido, la UGT anuncia que si se presenta esta situación, acudirá al Tribunal Constitucional para solicitar protección. También advierte que si se incautan las subvenciones finalistas que reciben o se incautan las cuentas bancarias de sus secciones y comités de empresa o se exige un aval bancario que no se puede obtener, por la retención de dinero que supondría, se les impediría ejercicio de la acción sindical ”.

Los alegatos presentados contra la reclamación de los 9,7 millones de euros subrayan la «especial ubicación» de los sindicatos en la propia Constitución, lo que «potencia» su posición como «uno de los soportes institucionales básicos de la sociedad». También destaca que las centrales, en el ejercicio de la libertad sindical, «no pueden ser suspendidas ni disueltas», salvo resolución final.

Para evitar cualquier riesgo de parálisis, la impugnación propone que, «si se mantiene la obligación de asegurar el monto señalado», se permita reducir la garantía prestada a la constitución de una hipoteca unilateral sobre los inmuebles propiedad de la mencionada Federación, o su embargo. El sindicato sostiene que solo la consolidación a través de estos activos permitiría la continuidad del ejercicio de su actividad sindical.

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