El Tribunal Supremo multó a Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales |  Economía
Sede Santander en Boadilla del Monte en Madrid
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El Tribunal Supremo ha decidido sancionar al Banco Santander con 5,6 millones por incumplimiento de tres apartados del artículo 52 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El caso se originó en una inspección de los servicios de prevención de blanqueo de capitales en 2013, que analizó 143 cuentas de valores segregadas. En 2015 las autoridades determinaron una sanción de 10,5 millones, que luego de concluido el recorrido judicial en la Corte Suprema, tras su paso por la Audiencia Nacional, con una multa de 5,6 millones por tres faltas graves.

En concreto, las sanciones se refieren al artículo 52.1.b “por incumplimiento de la obligación de identificación del beneficiario efectivo”, sancionado con 2,6 millones; el segundo, al artículo 52.1.c por no “obtener información sobre el objeto y naturaleza de la relación comercial”, con una multa de un millón, y por el artículo 52.1.h por no cumplir con “la obligación de comunicar posibles indicios”, con una sanción de otros dos millones de euros.

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Fuentes santanderinas, que apelaron la decisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y una sentencia posterior de la Audiencia, señalaron que “el procedimiento muestra una diferencia interpretativa en la definición del grado de prueba necesario para la comunicación por sospecha. En cuanto a la identificación de titulares de cuentas segregadas, se trata de cuentas abiertas a nombre de entidades financieras sujetas a su vez a las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales, por lo que se garantizó la identificación de los clientes ”.

La responsabilidad de identificar al cliente

Asimismo, el banco “reitera su compromiso de detectar y prevenir los delitos financieros y el blanqueo de capitales” y afirma que “cumple escrupulosamente con la obligación regulatoria de presentar denuncias de actividades sospechosas a los reguladores y subsanar las deficiencias que señalen las autoridades. ”. También señala que cuando comenzó el caso, modificó los lineamientos que se siguieron para ajustarse a la doctrina de la corte.

No es la primera vez que el Tribunal Supremo sanciona a Santander por una cuestión de blanqueo de capitales, ya que en 2015 impuso un millón por este motivo. El caso actual, que ha durado siete años, ha involucrado debates legales y financieros sobre quién es el responsable de identificar en detalle a los clientes de una entidad frente a los servicios de blanqueo de capitales. Por un lado, está el banco custodio, que es el que atrae clientes y luego entra en juego un segundo que actúa como intermediario para que puedan realizar determinadas operaciones, que en este caso fue Santander. El Sepblac y el Colegio de Abogados no dudaron desde el inicio del incumplimiento de las obligaciones de Santander, por lo que impusieron una sanción de 10,5 millones.

El caso fue apelado ante la Audiencia Nacional, la cual, en sentencia de 2 de noviembre de 2019, redujo considerablemente la sentencia. De las seis infracciones graves que imputan al banco, este juzgado consideró que solo debía mantenerse una, la cual se refería al «incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el objeto y naturaleza de la relación comercial» y reducir la multa. de otro, la obligación de identificar al titular real de la cuenta, cuya sanción pasó de cuatro millones a 2,6 millones. Esto supuso una multa total de 3,6 millones para Santander.

Nueva sanción: no comunicación por indicación

Pero el State Bar, así como el banco, apelaron la sentencia ante la Corte Suprema. Y el resultado ha sido peor para Santander porque en la sentencia del 27 de mayo de 2021, la sanción se ha elevado en dos millones, para sumar 5,6 millones. La explicación es que el tribunal superior ha estado de acuerdo parcialmente con el Colegio de Abogados del Estado.

En una sentencia de sintaxis engorrosa, compleja y difícil, ha confirmado las sanciones impuestas por la Audiencia Nacional y ha agregado una infracción más grave, en este caso por el artículo 52.1.h, que se refiere al “incumplimiento de la obligación de comunicación por indicación La cantidad que se ha fijado asciende a dos millones, lo que suma el total de 5,6 millones. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha pedido a los bancos que presten especial atención a los riesgos de blanqueo de capitales tras la pandemia.

Ante esta situación, Santander sólo cuenta con el recurso conocido como «incidente de nulidad», que consiste en solicitar la revocación del proceso por considerar que el procedimiento es nulo por la ocurrencia de un error procesal significativo. En estos casos, se solicita revertir todo lo realizado hasta el momento en que se cometió la nulidad. Fuentes legales consultadas consideran que esta estrategia para Santander no tendría mucho futuro tras el largo recorrido judicial.

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