Elecciones en Nicaragua: un abismo cada vez mayor |  Opinión
Policías frente a la casa de Cristiana Chamorro, detenida desde el miércoles por el régimen de Daniel Ortega.
Policías frente a la casa de Cristiana Chamorro, detenida desde el miércoles por el régimen de Daniel Ortega.Carlos herrera

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Para el régimen nicaragüense, la mejor solución sería que las elecciones que, según la Constitución y las leyes, deben realizarse en noviembre de este año, no fueran más que un trámite burocrático o, mejor que eso, que no se cumplieran. existir en absoluto. Que no había partidos políticos de oposición, ni candidatos capaces de impugnar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.

Ésta es una vieja idea tomada del leninismo manual condicionado al trópico, donde, en todo caso, el vicio de la reelección es más antiguo que la Revolución de Octubre. La supuesta elección, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, al final, no es más que una más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.

La democracia representativa es superflua en la sencillez de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, según el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, no importa cuánto huela a naftalina, es la única combinación.

Las viejas cortinas rasgadas muestran el cobertizo de trampas y trucos donde se van a representar estas elecciones. El Consejo Supremo Electoral, en absoluta obediencia al régimen, deberá calcular de antemano el abrumador número de votos con los que el candidato oficial a la presidencia y su esposa, candidata a la vicepresidencia, ganarán las elecciones; y decidir, también de antemano, cuántos escaños tendrá su partido en la Asamblea Nacional; no menos de dos tercios, por supuesto, lo que les garantiza un control absoluto.

Estar a la cabeza de las encuestas de opinión hace que un candidato a la candidatura presidencial sea indeseable en estas condiciones. Esto es lo que le sucedió a Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y a Violeta Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990 que pusieron fin a la dramática década de la revolución.

Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusada del delito de lavado de activos, y sus cuentas bancarias han sido congeladas, su casa ha sido allanada, la han dejado incomunicada, con el casa por cárcel, y le han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista condena judicial, para que no pueda ser candidata.

Dos funcionarios de la Fundación han sido encarcelados, porque una ley improcedente faculta al Estado para detener a personas sujetas a investigación penal durante tres meses, otorgándoles así el derecho a habeas corpus, que es una garantía universal, es nula. Dos presos políticos más, además de los casi cien que ya existían antes.

Todos los periodistas que alguna vez hayan recibido apoyo económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo llamados a declarar por un delito inexistente, y también como una forma de intimidarlos. Algunos de ellos ya han sido procesados ​​y no pueden salir del país.

La Fundación Luisa Mercado, que presido y que organiza anualmente el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre el nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relevancia internacional. Me llamaron a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos acuerdos.

El pretexto para la acusación de lavado de dinero es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro utilizó fondos de la Agencia de Desarrollo Internacional (AID) del Gobierno de los Estados Unidos.

Las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua reciben apoyo de gobiernos de otros países y de agencias internacionales. Ortega ya ordenó la aprobación de una ley que obliga a quienes obtengan fondos de estas fuentes a declararse agentes extranjeros, y con ello pierden sus derechos políticos. Pero no es el que se está aplicando en este caso.

Han buscado el nombre de un delito que evoca al crimen organizado, por absurdo que sea. El lavado de dinero, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando busca legitimar fondos “generados por actividades ilícitas o delictivas, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, malversación, extorsión, secuestro, piratería. ”.

Ahora, otro candidato presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha sido detenido en el aeropuerto al ingresar al país procedente de Estados Unidos, y acusado de violar la «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación por Paz ”, por“ incitación a injerencias extranjeras ”. Se trata de una ley que incluso castiga el acto de“ aplaudir ”la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas del aparato oficial.

Estas, entonces, son las próximas elecciones en Nicaragua. Una elección en la que no habrá candidatos contrarios, salvo los cortados a la medida de la representación teatral, que tiene un guión inflexible. Una campaña electoral falsa, elecciones con resultados ya conocidos de antemano, y con ganadores garantizados de antemano.

Todo esto demuestra que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. El resto es ficción e imitación. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies.

Sergio Ramírez Es escritor, Premio Cervantes 2017.

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