Elecciones México 2021: La otra violencia electoral en México: candidatos con denuncias de agresiones contra mujeres |  Elecciones mexicanas 2021
Una de las proyecciones en la fachada del Palacio Nacional en referencia al polémico caso de Salgado Macedonio, acusado de violación y ex candidato de Morena.
Una de las proyecciones en la fachada del Palacio Nacional en referencia al polémico caso de Salgado Macedonio, acusado de violación y ex candidato de Morena.RR SS

México vivirá las elecciones más importantes de su historia el próximo domingo. En ellos se elegirán más de 20.500 cargos entre gobernaciones, Congreso federal, legislaturas locales y ayuntamientos. Posiblemente serán recordados como uno de los más violentos, en el que fueron asesinados 35 candidatos y candidatas, y en el que, por primera vez, hay un mayor número de mujeres que se postulan para cargos de elección popular. Pero también como aquellas elecciones en las que organizaciones, activistas y políticos empezaron a recordar a los partidos que el compromiso contra la violencia de género es más que una promesa de campaña.

En 2019, para lograr la paridad en todos los puestos de decisión, los partidos políticos se comprometieron a hacer de la política mexicana un lugar de igualdad entre hombres y mujeres, sin violencia machista. Todos modificaron sus estatutos para incluir este principio de igualdad en sus filas, pero olvidaron mencionar lo que pasa cuando un candidato resulta agresor. Según una compilación realizada por el Observatorio Ciudadana Todos Mx, que incluye a más de 150 organizaciones feministas, al menos 70 candidatas de las diferentes fuerzas políticas del país fueron nominadas a pesar de tener acusaciones o denuncias por violencia de género de diferente gravedad: por abuso, violación. , agresiones, violencia familiar o violencia política contra una mujer.

Si bien las fuerzas políticas asumieron un compromiso en el papel, a nivel estatal y local la violencia contra las mujeres no parece haber sido un obstáculo para postularse para un cargo. El escándalo más emblemático de las estructuras que siguen imperando dentro de los partidos es el caso de Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena a gobernador de Guerrero. Pesan sobre él dos denuncias de violación y al menos otras tres acusaciones por abusos y acoso sexual, pero el veterano político acabó quedando fuera de discusión por irregularidades en la supervisión de su precampaña, no por las acusaciones en su contra.

La posición final de la parte, que abrió una investigación interna para esclarecer los hechos, fue elocuente sobre la forma en que se considera este problema: como no hubo sentencia en su contra, concluyó Morena, no hubo motivo para descalificarlo. “Incluso si no hay sentencia, los partidos deben tener un mayor sentido ético y no presentar candidatos denunciados”, dice la abogada Andrea Medina. El caso de Salgado Macedonio y su resolución fueron, en todo caso, una muestra de un problema más extendido.

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Morena tampoco se pronunció sobre el asunto de Osiris Jiménez Matus, por ejemplo, candidato a la alcaldía de Santa María Xadani, en Oaxaca, quien fue denunciado a la Fiscalía del Estado en 2021 por malos tratos, agresiones, golpizas y amenazas a su esposa. , Beliavit Guerra López, que tuvo lugar en 2019. El proceso sigue abierto en la Fiscalía del Estado.

Otro caso que EL PAÍS ha podido corroborar es la acusación de violación contra Julio César Lorenzini Rangel, abanderado de Morena-PT ante la presidencia municipal de Cholula, Puebla, y exdiputado panista. En 2019, una mujer denunció a la política ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por violarla en un hotel propiedad del político. El político, en declaraciones a la prensa local, reconoció que enfrentó no una, sino dos denuncias por violación de distintas personas y que ninguna de las acusaciones llegó al juez. Ambos casos fueron archivados en el Ministerio Público.

Morena reconoce en sus estatutos que quien aspire a una candidatura dentro del grupo debe tener «atributos políticos éticos y antigüedad en la lucha por las causas sociales», y que será la Comisión de Honestidad y Justicia la que prevenga, sancione y repare el daño en caso de la violencia contra la mujer. Tanto Jiménez como Lorenzini permanecen en la carrera electoral.

Las demás partes tampoco están exentas de las acusaciones. Sergio Estrada Cajigal, candidato al Concejo Municipal de Cuernavaca por el partido Fuerza por México y exgobernador de Morelos con el PAN, tiene al menos una denuncia por violencia física contra una mujer en 2014. Fernanda Alio Lovera, la denunciante, acusó a Estrada Cajigal de de golpearla en la cara y de haberle causado una herida en el ojo cuando intentaba recuperar a su hija de la casa de su expareja, de la que Estrada Cajigal conoce. Ese mismo año, un juez decidió no vincular al exgobernador al juicio, por considerar que no había elementos suficientes para acreditar el atentado.

«Que haya un juicio final en un país con tanta impunidad por un tema de violencia sexual es muy difícil de tener», dice Martha Tagle, diputada del Movimiento Ciudadano. E incluso la existencia de una convicción no garantiza que la política sea un espacio libre de violencia. En Jalisco, Fernando Martínez Guerrero, diputado local del Movimiento Ciudadano por el Distrito 18, fue sancionado por violencia política de género contra una concejala que también denunció amenazas de muerte para dejarlo en el Ayuntamiento de Cihuatlán. Un tribunal decidió compensar a la concejala devolviéndole su trabajo y obligó al ayuntamiento a pagar el sueldo que le debía al funcionario. Aun así, el Instituto Estatal Electoral aprobó la candidatura de Martínez Guerrero para estas elecciones. El partido consideró que, a pesar de haber sido declarada culpable de violencia política de género, las amenazas contra la concejala no guardaban relación con su candidata. La mujer ha solicitado medidas cautelares por temor a represalias.

Un grupo de mujeres durante una protesta contra el ex candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, en Guerrero.
Un grupo de mujeres durante una protesta contra el ex candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, en Guerrero.Dassaev Téllez / Cuartoscuro

Varios candidatos de la lista elaborada por las activistas han sido señalados por violencia política de género, figura específica que tipifica acciones dirigidas a socavar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres, y que prevé una pena máxima de cinco meses a dos años. de cárcel y multas de 50 a 300 días. En Chiapas, el candidato priista, Julián Nazar, fue condenado por esta causa contra tres compañeros de partido y obligado a pedir disculpas a través de los medios de comunicación. El candidato y ex alcalde de Morena al Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, Tito Maya, fue denunciado por varios concejales por este motivo. Ahora se postula para la reelección. «Tengo mucho miedo porque tiene todo el poder en el municipio, imagínate si se queda de nuevo, todos estamos en peligro», dice una de las mujeres en una entrevista con este diario.

Martha Tagle cree que la mayoría de los partidos, incluido el suyo, no han prestado atención ni han verificado los antecedentes de sus candidatos. Ni el Instituto Nacional Electoral (INE), que parece haberse visto desbordado en este asunto. Los pocos casos que han llegado a la prensa son los que han sido descubiertos por organizaciones feministas. “Los partidos aún no han terminado de asumir un compromiso profundo con los derechos de las mujeres y les cuesta tomarlo en serio”, dice la diputada de Morena Wendy Briceño. “Creo que hay muchos pactos patriarcales dentro de los partidos donde muchos hombres por acción y omisión han sido parte de esa violencia”, agrega.

Cuando salió a la luz el caso de Salgado Macedonio y los militantes de Morena alzaron la voz, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió defendiendo públicamente su candidatura bajo el argumento de que este tipo de denuncias son «propias de la época electoral». Tomar la violencia de género y las denuncias de agresiones contra mujeres como moneda de cambio electoral parece tener al menos un consenso tácito, uno de los pocos en los que coinciden tanto el oficialismo como la oposición.

En tiempos de feminismo viral, con un movimiento de mujeres cada vez más fuerte en las calles, los partidos políticos simulan un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos para captar votos, pero adentro, las viejas estructuras son las que toman las decisiones, encabezadas mayoritariamente por hombres. No solo basta con apostar por la paridad: los entrevistados consideran que para que haya un verdadero cambio debe haber una fuerte mirada femenina dentro de los procesos. «Públicamente son aliados del tema porque se ha convertido en una cuestión de corrección política, pero los partidos son los principales violadores de los derechos políticos de las mujeres», agrega Martha Tagle.

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