Fabián Rodríguez Simón: Los problemas de 'Pepín' Simón, el clandestino de la justicia argentina |  Internacional
Fabián Rodríguez Simón participa el 25 de mayo de 2019 en una misa en la Catedral de Buenos Aires.
Fabián Rodríguez Simón participa el 25 de mayo de 2019 en una misa en la Catedral de Buenos Aires.Enrique García Medina

En Argentina existe una figura denominada “operador judicial”. Se trata de la persona que transfiere las presiones o deseos del poder político a los tribunales. Siempre es una figura oscura, conocida y reconocida pero no incluida en las jerarquías institucionales. Abogado Fabián Rodríguez Simón, convocado por todos Pepin, fue el operador judicial de Mauricio Macri. Ahora está prófugo en Uruguay, donde ha solicitado asilo político como víctima de una supuesta “persecución”.

Las aventuras de Pepin Provoca malestar en el macrismo y saca a la luz, una vez más, el descaro con el que los últimos inquilinos de la Casa Rosada, de ambos lados, han utilizado a los jueces para lograr sus fines políticos e intimidar a sus adversarios.

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Pepin Rodríguez Simón debe comparecer el 17 de junio ante la jueza María Servini para someterse a una investigación, es decir, al interrogatorio que se realiza a una persona sospechosa pero que aún no ha sido imputada de ningún delito. Su caso, relacionado con supuestas actividades ilícitas para arruinar el grupo empresarial Indalo (de orientación kirchnerista), llevaba dos años abierto sin que se hubieran adoptado medidas cautelares de ningún tipo. En cuanto se enteró de que el ex operador judicial había solicitado asilo y denunció persecución contraria a los derechos humanos, la jueza Servini lo declaró en rebeldía y el miércoles pidió a las autoridades uruguayas que lo ubiquen y le impidan salir del país.

El prófugo de la justicia es amigo de Mauricio Macri desde la infancia. El ex presidente usó Pepin a lo largo de toda su carrera política, siempre en papeles delicados: expulsar a los sin techo de Buenos Aires cuando era jefe de gobierno de la ciudad, como abogado cuando Macri aparecía en los «periódicos de Panamá» (una lista de presuntos evasores fiscales) y como un «operador judicial» durante su presidencia.

Era Pepin quien organizó la tormentosa transición de poder entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, fue Pepin quien ideó la fórmula para nombrar provisionalmente a dos miembros de la Corte Suprema mediante decreto sin aprobación parlamentaria previa, y fue él quien supervisó la Lawfare o la guerra judicial de Macri contra su predecesor y sus colaboradores. Esto no significa que el kirchnerismo no cometiera delitos o que Pepín fuera el primer «operador judicial». Simplemente, las cosas parecen funcionar así en Argentina.

La posición de Mauricio Macri ahora es muy incómoda. «Me sorprendió, no estoy de acuerdo pero lo entiendo», dijo el expresidente sobre la fuga de su amigo y colaborador. «Claramente hay una persecución hacia mí, hacia mi familia y hacia mis ex funcionarios», agregó. La situación del gobierno conservador de Uruguay también es incómoda, frente al gobierno argentino por la gestión del Mercosur (Pepin También es parlamentario del Mercosur, la alianza comercial entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, con Bolivia en proceso de adhesión) y poco ansioso por nuevos conflictos con Buenos Aires.

La expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner describió Pepin Rodríguez Simón de «apretón serial de jueces y empresarios» y agregó: «Solo había sido citado para rendir declaración de instrucción por parte de un juez y un fiscal, de los que se puede decir cualquier cosa a menos que sean kirchneristas. Y pide asilo político en Uruguay por persecución. Dicen que somos nosotros los que buscamos la impunidad … «

En conversación desde Uruguay, donde reside desde diciembre, con el periodista Carlos Pagni, el ex operador judicial explicó que no tenía la más mínima confianza en la justicia argentina. Eso fue pintoresco, en el caso de la persona que había trabajado en el encuadre de los jueces de Mauricio Macri.

El juez Servini investiga Pepin, un hombre de tamaño diminuto pero, según sus asociados, muy arrogante, por una denuncia de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo. De Sousa acusado Pepin de cometer actos ilícitos «con el objetivo de llevar al colapso de las empresas integrantes de ese grupo para su liquidación y venta a bajo precio».

El Grupo Indalo surgió durante el “boom” económico que acompañó a parte de la presidencia de Carlos Menem en la década de 1990 y se consolidó bajo la presidencia de Néstor Kirchner, extendiéndose a los medios de comunicación, casinos, petróleo, transporte y agricultura. . Su fundador, Cristóbal López, partidario del kirchnerismo, fue detenido en 2016, poco después de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, por una presunta evasión fiscal de 8.000 millones de pesos (unos 80 millones de dólares). La detención fue cuestionada por el hecho de que la esposa de Julián Ercolini, el juez que la ordenó, trabajaba como asesora del gobierno de Macri. La Cámara Federal decidió en 2018 liberar a Cristóbal López. En 2019, peritos de la Corte Suprema dictaminaron que la deuda tributaria del Grupo Indalo ascendía a 6.000 millones de pesos y que su pago en cuotas había sido pactado y regularizado con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

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