FGR: Tomás Zerón contrató empresas fantasmas bajo un partido secreto
Tomás Zerón, durante una rueda de prensa en la PGR, en noviembre de 2014.
Tomás Zerón, durante una rueda de prensa en la PGR, en noviembre de 2014.Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro

Durante la gestión de Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), se adjudicaron contratos por 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) a dos firmas que luego terminaron en la lista de empresas fantasma elaboradas por el SAT. Uno de los contratos fue con una empresa que supuestamente produjo un video que muestra el trabajo de «inteligencia» realizado por el Gobierno mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para encontrar el paradero de Joaquín Guzmán Loera, entonces líder del cartel de Sinaloa. . Los recursos asignados a la firma provienen de la partida 33701 del presupuesto que se destina a gastos de seguridad nacional que no son transparentes por parte de las autoridades. Las irregularidades encontradas en parte de los gastos incurridos en este rubro durante el gobierno de Zerón son el motivo de una de las investigaciones que adelanta la actual Fiscalía General de la Nación (FGR) contra el exfuncionario que se encuentra prófugo.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue creada en septiembre de 2013 durante el gobierno de Peña Nieto como un organismo que concentraría en un solo organismo las tareas de inteligencia e información criminal, investigación y servicios periciales. El objetivo de la AIC sería «incrementar la capacidad de investigación y generación de inteligencia para la investigación de delitos en la institución», destacó la entonces PGR en un informe de trabajo. El organismo incorporó a su estructura la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para el Combate al Crimen (Cenapi), que quedó bajo su mando. Zerón de Lucio fue designado al frente de la AIC, quien estuvo en el cargo hasta septiembre de 2016, cuando se vio obligado a renunciar por las acusaciones de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes lo acusaron de manipular las pruebas en la investigación del caso. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que existen investigaciones en curso contra Tomás Zerón que involucran el uso de empresas fachada, pero indicaron que no se pueden dar mayores detalles al respecto porque se vería afectado el debido proceso.

En los tres años que Zerón estuvo a cargo de la AIC, el organismo tuvo un presupuesto aprobado de 407 millones de pesos con cargo a las partidas 33701 y 55102, pero terminó gastando 1.529 millones de pesos, según datos del Ministerio de Hacienda. Ahora se sabe que gran parte de esos recursos etiquetados en los juegos secretos de seguridad se utilizaron de forma irregular. En septiembre del año pasado, el fiscal Alejandro Gertz Manero acusó a Zerón de haber robado más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la PGR como «pago por sus infamias» en el Caso Ayotzinapa y con el consentimiento de sus superiores. Por este asunto, la Fiscalía obtuvo de un juez dos órdenes de aprehensión contra Zerón por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, malversación e igual fraude, según anunció. Animal político pasado noviembre. La Fiscalía investiga el presunto desvío de 1.102 millones de pesos a través de tres contratos supuestamente «amañados» para la adquisición de equipo de espionaje con cargo al rubro de gastos de seguridad pública y nacional, detalló el portal en un informe.

Ahora EL PAÍS anuncia que a estos contratos irregulares se suman otros por un monto de 10 millones de pesos que terminaron en dos empresas papeleras. Con los recursos asignados a las partidas de seguridad, se adjudicaron contratos por cuatro millones de pesos a EBS Solde Organización y también se efectuaron pagos por seis millones de pesos a Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV, según información proporcionada por la propia Fiscalía. datos facilitados por el SAT. Los contratos firmados con estas empresas no fueron transparentes porque formaban parte de los gastos que realizaba la FGR en sus labores de seguridad y eso implica “secreto”. En el caso de EBS Solde Organización, la FGR dijo que solo había encontrado un contrato con esta empresa por 580.000 pesos, a pesar de que el SAT tiene registros de facturas emitidas por cuatro millones de pesos. El contrato, según respondió la FGR luego de una solicitud de información realizada por este medio, era para el «servicio de producción y postproducción del video del trabajo de inteligencia relacionado con la detención de Joaquín Guzmán Loera». En el caso de Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV, no quiso dar detalles de la contratación, pero en los archivos de la comisión de transparencia de la entonces PGR hay rastro de que se adjudicaron seis millones de pesos bajo el ítem 33701.

EBS Solde Organización es una empresa constituida en Monterrey, Nuevo León, el 15 de marzo de 2013 con un objeto social tan diverso que abarca desde la operación de sistemas de localización y rastreo de geosatelites hasta la venta de productos agrícolas y empaques de alimentos. También ofrece asesorías y consultorías en materia fiscal y ambiental, de acuerdo con los estatutos sociales consultados en el Registro Público de Comercio. En su historia comercial, tiene contratos con varios municipios de Nuevo León. La firma Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV también se constituyó en marzo de 2013 y se disolvió cinco años después en una reunión. La empresa constituida en Chiapas fue acusada en esa entidad de haber recibido contratos para impartir cursos de contención emocional que nunca hizo. Un grupo de empleados de la Secretaría de Empoderamiento de la Mujer denunció en 2016 a un medio local que los talleres fueron simulados y que el personal se vio obligado a tomar fotografías para justificar la supuesta capacitación. Ambas empresas fueron incluidas en la lista de empresas que facturan operaciones SAT simuladas.

Gastos injustificados

Una parte de los 1.529 millones de pesos etiquetados en los ítems 33701 y 55102 – asignados a las distintas instancias que formaban parte de la agencia comandada por Zerón – se gastaron mal y sin apegarse a los criterios de riesgo, urgencia y confidencialidad, como fue su uso. condicionado, según diversos informes del Órgano de Control Interno de la Fiscalía. En una auditoría realizada en 2015 al Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para Combatir la Delincuencia (Cenapi), se encontraron deficiencias de control y supervisión. El informe indica que en octubre de 2014, Cenapi firmó un contrato por 71,4 millones de pesos con el proveedor Vans y Subs de Lujo SA de CV para la adquisición de 24 vehículos que serían utilizados en actividades tácticas. Sin embargo, cuando se cumplió el plazo de entrega, el proveedor solo entregó cuatro unidades que fueron cargadas al ítem 55102 (equipos de seguridad), incumpliendo los términos pactados en el contrato.

En otra auditoría de 2015 realizada a la Policía Federal Ministerial se detectó falta de documentación acreditativa y gastos injustificados bajo el ítem 33701. La entidad no contaba con la documentación que justificara y verificara el gasto otorgado por 23.3 millones de pesos, referido a gastos de viaje. estancias y gastos de investigación proporcionados a servidores públicos durante 2014. “Los controles de recursos que realiza la Policía Federal Ministerial carecen de precisión y confiabilidad”, destaca. Además, los funcionarios no presentaron el aviso de comisión, investigación o actividad especial a realizar. También se encontró que los recursos no considerados en el ítem 33701 fueron ejercitados y por lo tanto no derivaron de actividades especiales que impliquen riesgo, urgencia o confidencialidad. «Esto genera omisiones a la normativa aplicable, lo que conduce a una falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto asignado para tal fin», dictaminaron los auditores.

En otra auditoría también realizada a la Policía Federal Ministerial, se encontraron irregularidades en el parque de vehículos, ya que en una verificación física no se localizaron 31 unidades. En la Coordinación General de Servicios Periciales, los auditores constataron que fueron 72 bienes que fueron adquiridos y recibidos en diciembre de 2013 y que a septiembre de 2015 – cuando se realizó la auditoría – se encontraban empaquetados y sin usar. La adquisición de estos insumos tuvo un costo de 46,3 millones de pesos y había sido necesaria para la creación de cuatro laboratorios regionales de genética forense que no se habían construido.

El mal uso de este artículo en otra unidad de la extinta PGR es objeto de investigación. En julio del año pasado, EL PAÍS anunció que la actual Fiscalía que encabeza Gertz Manero está investigando la división de Asuntos Internos, formalmente conocida como Inspección General, porque entre 2013 y 2014 dejó 102 millones de pesos de un rubro para asuntos de seguridad. Si bien el uso de estos fondos es de naturaleza reservada por ser utilizados para investigaciones o pagos a informantes, los funcionarios deben justificar internamente su uso mediante un registro detallado, lo cual no se realizó de manera adecuada. Además, los investigadores de la FGR detectaron movimientos extraños en el ingreso y salida de dinero de las cuentas de Asuntos Internos y concluyeron que no era posible saber si los gastos se aplicaron o no en las investigaciones de la Oficina General.

Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destaca que dentro de los gastos de seguridad hay rubros que son muy difíciles de transparentar porque esto podría poner en riesgo la vida de los policías. “El tema de las dimensiones de la seguridad nacional es extremadamente complejo desde el punto de vista administrativo. Por eso, en algunos aspectos, la transparencia podría estar sujeta a la excepción según la asignatura ”, menciona el académico. Una solución para asegurar que estos fondos sean debidamente auditados es contar con agencias externas a las áreas de seguridad, como instituciones educativas, que colaboren en la auditoría y supervisión del correcto ejercicio de estos rubros. El experto en seguridad nacional menciona que también es muy común que el presupuesto ejercido termine siendo superior al aprobado porque en materia de seguridad no se pueden prever situaciones que surgen inesperadamente y que necesitan ser atendidas. «Esto también sucede con mucha frecuencia en el comité de adquisiciones del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay ajustes presupuestarios ante problemas de seguridad nacional», dice.

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