Franjas de cocina que la Fiscalía quiere investigar |  España
María Dolores de Cospedal y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.
María Dolores de Cospedal y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.Informes de Europa Press / Europa Press

El magistrado Manuel García-Castellón cerró el pasado jueves la investigación de Operación Cocina de espionaje al popular ex tesorero Luis Bárcenas, pero el juego aún continúa. Varias partes en el procedimiento han detallado a EL PAÍS que apelarán la decisión del juez, que exonera a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y designa a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. García-Castellón tomó la iniciativa de no extender la instrucción en contra de los criterios de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía del Estado, las acusaciones populares, los agraviados y diversas defensas.

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El fiscal considera que hay muchos hilos que mover. Sin embargo, “este instructor ha llegado a la convicción de que la fase preparatoria [previa al juicio oral] ha llegado a su fin ”, resumió García-Castellón en su auto, donde reprochó con dureza la toma de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía:“ Todas deben ser sobreseídas. Son innecesarios, inútiles y, en algunos casos, impertinentes y sin fundamento ”. Así, el fallo del juez limitó la trama a Interior y a su antigua dirección policial. Y deja, según la línea mantenida hasta ahora por Anticorrupción y acusaciones populares, varios flecos sin resolver.

El material «robado». El juez reitera que existen «abundantes indicios» de que la trama se hizo con información que Bárcenas «almacenó» antes de que fuera obtenida por el juez de instrucción Caso Gürtel, pero no se ha podido precisar qué material «robaron» – sólo está disponible la versión ofrecida por el ex tesorero, quien afirmó que entre los robados estaba el audio de una supuesta conversación que tuvo con Mariano Rajoy sobre el recuadro b de el PP -. Con el fin de profundizar en este punto, Anticorrupción solicitó interrogar al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los policías imputados, sobre una nota en las agendas del comisionado José Manuel Villarejo que dice: “Lo que le quitaron a LB está en la oficina «. Pero el magistrado lo rechaza: «Ya no estamos en el momento de investigar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieran participar en el acto aparentemente criminal».

García-Castellón dice que, “dado el tiempo transcurrido”, es “remotamente útil” abrir esa línea de investigación: “Cuando el o los que hayan retenido [la información] hubieran tenido el tiempo y la capacidad necesaria para deshacerse de él, y hasta ahora no se ha encontrado ”.

Parte política. El instructor sostiene que Kitchen pretendía impedir que el juez de Gürtel, que rodeaba al PP, accediera a más información en poder de Bárcenas. Pero García-Castellón, al mismo tiempo, sostiene que no hubo «complot político» más allá de Interior, descartando así implicar a la antigua dirección del partido. Una tesis que choca de frente con la de la Fiscalía, que sin reservas apunta a Cospedal y que solicitó infructuosamente, “ante las actuaciones que vienen a desvelar la posible implicación de [más] líderes políticos ”, citando también como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y vocero popular exportador en el Senado, a quien Villarejo y Eugenio Pino, entonces jefe operativo del Cuerpo, señalaron como conocedor del operativo.

Además, un informe policial elaborado por el investigador principal de Gürtel también asegura que, dentro de la “estructura” que ideó Kitchen, un “primer nivel o línea corresponde al ámbito político, compuesto por la formación que contribuye a la definición de los objetivos estratégicos y la puesta en marcha de la operación ”.

El juez también se niega a indagar más sobre los encuentros entre Villarejo y Cospedal. La Fiscalía cree que el comisario le proporcionó información secreta sobre Gürtel, pero el instructor dice que no hay indicios de ello. Además, la magistrada considera que de esos nombramientos no se puede derivar delito alguno – amparado por el «derecho de reunión», escribe -, que la exsecretaria general redujo a «tres o cuatro» antes de que su exjefe de Gabinete la contradeciera. y amplíe esos encuentros a al menos «ocho o diez».

Boicotear a Gürtel. El ministerio público está convencido de que Kitchen fue un capítulo más en un largo boicot a la Caso Gürtel y eso incluía soplos de Villarejo, también al PP. En las agendas del comisionado se encontró una nota que revela el presunto aviso que el policía le dio a uno de los procesados ​​por el complot -Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla- días antes de las detenciones de los involucrados en la red liderada por Francisco Correa. . Un chivatazo que Panero confirmó este julio en declaraciones al diario La razón y eso provocó que Anticorrupción pidiera citarlo a declarar. Una iniciativa que el juez rechaza por “no relacionada” con Kitchen.

Más involucrado. La Fiscalía cree que el asalto del falso cura a la casa de Bárcenas pudo estar vinculado a Cocina y que incluso “otros servicios de seguridad” del Estado podrían estar detrás. Por tal motivo, solicitó al juez que identifique a los policías que visitaron al secuestrador de la familia Bárcenas en la cárcel, y los «motivos» de esos encuentros. Pero el juez descarta ahondar en ese punto porque, según dice, no hay suficientes indicios que vinculen este episodio con la trama parapolítica.

No es la primera vez que se señala más allá de Interior. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, señaló en su teléfono que «intervinieron otros servicios», según consta en los informes elaborados en el móvil que fue intervenido. Además, el primero número dos de Interior aseguró al juez que se comunicó con la CNI para ver si tenían información sobre Bárcenas después de que Fernández Díaz le dijera.

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