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El escrito de acusacin del fiscal Miguel ngel Carballo les atribuye delitos de pertenencia a una organizacin terrorista, tenencia de explosivos y tentativa de estragos

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Fotografa incautada por la Guardia Civil a los CDR detenidos.EL MUNDO

La Fiscala de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes el escrito de acusacin en la causa de los CDR, en el que reclama penas de 27 aos de prisin para ocho detenidos en la operacin Judas y de ocho aos para otros cuatro.

El fiscal considera que las actividades de esta clula radical surgida de los CDR y autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rpida) supusieron la comisin de delitos de pertenencia a organizacin terrorista (ocho aos de prisin) y, para nueve de los investigados, tambin de tenencia, depsito y fabricacin de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carcter terrorista (11 aos) y de tentativa de estragos de carcter terrorista (ocho aos).

La ley de amnista presentada en el Congreso incluye el archivo de las causas por terrorismo en las que no haya sentencia firme, lo que supone que, si entra en vigor, el tribunal de la Audiencia Nacional encargado de celebrar el juicio debera archivar el procedimiento.

El escrito remitido a la Seccin Tercera de lo Penal est firmado por el fiscal Miguel ngel Carballo, el mismo que hace dos semanas rechaz la existencia de terrorismo en la otra investigacin de la Audiencia Nacional relacionada con el procs, la de Tsunami Democrtic.

El fiscal sostiene ante la Sala que la creacin del Equipo de respuesta Rpida a partir de miembros de distintos CDR de «gran radicalidad» se debi a la necesidad de contar «con un grupo clandestino de individuos de la mxima confianza y que se muestran totalmente entregados a la causa», a los que se encargaban «las acciones ms sensibles».

«Su objetivo final como organizacin era conseguir la independencia de Catalua, empleando para ello la violencia en su mxima expresin, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la va de los hechos la separacin de Catalua del resto de Espaa», afirma la Fiscala.

Aade que los 12 acusados como miembros del ERT habran superado la actividad dentro del respectivo CDR del que provenan «y conformado una organizacin terrorista paralela, de carcter clandestino y estable, cuyo objetivo sera el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organizacin tena instalados en dos domicilios particulares».

La Guardia Civil desarticul el grupo en septiembre de 2019. Faltaba un mes para que se conocieran las condenas del procs y comenzaran los disturbios dirigidos por Tsunami Democrtic y para entonces la clula arrestada «ya haba llevado a cabo informaciones precisas de sus posibles objetivos».

El hecho de que contaran con material explosivo que haban preparado y con posibles objetivos lleva a la Fiscala a acusar de estragos en grado de tentativa, ya que entiende que los daos no llegaron a producirse debido a la intervencin de la Guardia Civil.

El escrito recoge los informes periciales que indican que las sustancias incautadas podan emplearse para producir explosiones. Antes de la operacin la Guardia Civil tena bajo vigilancia a los acusados y haba comprobado cmo ensayaban en el uso de esos materiales.

Ocupacin del Parlament

Al margen de las acciones que buscaban daos con los explosivos, el fiscal sostiene que tenan previsto llevar a cabo la ocupacin del Parlament.

«Los acusados como miembros del ERT participaron en la creacin y desarrollo de los CECOR (centro de coordinacin) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado ‘CNI Cataln’ para que aportasen la infraestructura logstica necesaria con el objeto de acometer una accin en la que se pretenda ocupar el Parlament de Catalua, y defenderlo posteriormente, todo ello dada la capacidad tcnica y humana del citado grupo, debido a que para realizar los mismos seran necesarias importantes conocimientos en redes ilcitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, as como una importante capacidad de movilizacin».

Estaba previsto que alguien desde el interior del Parlament les diera acceso por la puerta principal. Para entonces habran alquilado locales prximos al edificio «que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de intendencia, para permanecer en el interior del edificio al menos una semana». El plan inclua montar antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones y contaban para ello con un presupuesto de 6.000 euros.

Los acusados

El escrito de acusacin dedica un apartado a cada uno de los 12 investigados, indicando cules eran sus tareas dentro del grupo. Los ocho para los que se reclaman 27 aos de prisin y otros ocho de libertad vigilada son: Eduardo Garzn Bravo, Esther Garca Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Toms Abueso, Alexis Codina Barbern, Jordi Ros Sola y Rafael Joaqun Delgado Lpez.

Por pertenencia a un grupo terrorista se piden ocho aos de prisin a Ferrn Jolis Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budria Altadill y Clara Borrero.