La Guardia Civil de Alicante ordena a sus agentes no compartir información con Frontex |  España
Agentes de Frontex entrevistan a un migrante desembarcado recientemente en el puerto de Málaga, el pasado mes de noviembre.
Agentes de Frontex entrevistan a un migrante desembarcado recientemente en el puerto de Málaga, el pasado mes de noviembre.Getty

La Guardia Civil de Alicante se niega a facilitar información de ningún tipo al equipo que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) ha desplegado en la provincia como parte de sus operaciones conjuntas contra la inmigración irregular. Así lo ha manifestado a todas las unidades del mando alicantino el teniente coronel Francisco Poyato Sevillano en un despacho al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fuentes del instituto armado confirman la veracidad de esta instrucción, pero la atribuyen a que algunos agentes al servicio del organismo intentaron recabar información directa sin pasar por los canales oficiales y eludiendo el procedimiento de acceso a datos establecido.

En la circular, el alto mando del mando de Alicante se dirige a todas las empresas y unidades a su cargo. «Esta sede», indica, «ha sabido que en la provincia de Alicante hay un equipo de Frontex desplegado formado por personal de la Policía Nacional». «Existe la posibilidad», prosigue Poyato, «que este equipo pueda acudir directamente a alguna de las unidades de este comando solicitando algún tipo de información sobre inmigración irregular, o de cualquier otro tipo». Ante esta eventualidad, prosigue el teniente coronel, «dicha solicitud no será atendida en ningún caso, debiendo responder que no existe autorización para dar ningún tipo de información». La instrucción indica que cada solicitud de información será comunicada a la sede, la unidad de Operaciones encabezada por Poyato. La circular se firma y valida el 2 de julio.

Las disputas entre el personal que trabaja para Frontex y la Guardia Civil no son raras. Ocurren a nivel operativo, como en este caso, pero también en oficinas. El pulso constante es reflejo de las relaciones entre el instituto armado y la Policía Nacional, de donde proceden los agentes españoles que sirven a la agencia, pero también es muestra de desconfianza hacia una agencia, que ha presupuestado 5.600 millones de euros para la próxima. siete años y buscando cada vez más potencia.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil aseguran que el «detonante» que motivó esta orden fue «una llamada» en la que agentes de la Policía Nacional al servicio de Frontex «solicitaron datos que no pueden ser facilitados porque no están autorizados». El equipo de Frontex en Alicante, destino de la ruta migratoria desde Argelia, forma parte de la Operación Indalo, una de las tres operaciones de la agencia en España que controla la inmigración irregular por el Estrecho y el Mar de Alborán. En esta misión, en teoría, la agencia colabora con la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el marco de este operativo, explican las mismas fuentes, «existe una base de datos en la que los integrantes de ambos cuerpos registran toda la información» recabada y la llamada de los policías que laboran para el organismo se saltaba este trámite. Posteriormente, añaden, tuvo lugar una reunión «en la que se les explicó que el acceso a la información tiene que gestionarse a través del centro de control» en Madrid.

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Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), es un ejemplo más de la «sospecha» y la «falta de colaboración y cooperación» entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En opinión de la AUGC, la «necesidad de reformar el modelo policial» para «sincronizar y homogeneizar la cooperación» es «perentoria».

A principios de este año, Frontex amenazó con retirarse de España tras una tensa negociación sobre los términos en los que se renovarían las tres operaciones en las que trabajan unos 200 funcionarios asalariados de la agencia. Frontex exigió a España un mayor control sobre la inteligencia, las investigaciones y el acceso a los datos personales en las fronteras españolas, algo que los negociadores españoles no agradecen. Las fuerzas de seguridad españolas, especialmente la Guardia Civil, no quieren ceder espacios de su competencia y existen recelos sobre el funcionamiento, capacidad y eficacia de los agentes de la agencia. La lucha terminó con la aceptación por parte de España de la propuesta de Frontex, pero las tensiones persisten.

La agencia también afronta la peor crisis reputacional desde su creación en 2004. Además de las críticas que recibe desde hace años por su opacidad, en los últimos meses se han sumado investigaciones por su presunta colaboración en las devoluciones ilegales de inmigrantes en el Mar Egeo. y la reprimenda del Tribunal de Cuentas de la UE y del Parlamento Europeo por su ineficacia, por las dudas que genera su función operativa y por la falta de transparencia que envuelve sus cuentas.

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