La violencia represiva en Colombia renueva el llamado a la reforma policial |  Internacional
Manifestantes frente al edificio de la Fiscalía, custodiado por policías, en Bogotá.
Manifestantes frente al edificio de la Fiscalía, custodiado por policías, en Bogotá.STRINGER / Reuters

Los abusos policiales documentados en videos que inundan los teléfonos celulares todas las noches han vuelto a provocar indignación en Colombia. Con más de veinte muertos en el asfalto de varias ciudades del país tras diez días de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, ha resurgido el debate pospuesto sobre una reforma policial. Abundan las voces que abogan por buscar fórmulas para reconstruir una confianza agrietada.

Las denuncias de abusos policiales en Colombia han sido frecuentes incluso en medio de las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia del coronavirus, malestar que se acumula desde la primera oleada de manifestaciones contra Duque a fines de 2019. En ese momento, un proyectil de la El Escuadrón Antidisturbios Esmad Mobile mató al estudiante de secundaria Dilan Cruz durante una protesta pacífica en el centro de Bogotá.

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En la madrugada del 9 de septiembre, el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez bajo custodia policial, torturado por dos patrulleros que previamente lo habían sometido a incesantes descargas de Taser A pesar de sus súplicas, desató la ira pública. Este crimen, cometido dentro de un Comando de Acción Inmediata (CAI), provocó dos noches caóticas de disturbios en Bogotá, que a su vez desató nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa de la capital, Claudia López, pidió públicamente al presidente Duque que lidere un profundo proceso de reforma policial. El Gobierno respondió con una defensa cerrada de la fuerza pública y el propio Duque se fotografió con una chaqueta policial para escenificar su apoyo.

En este nuevo ciclo de movilizaciones, que comenzó el 28 de abril, hay al menos 27 muertos, según la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch, por su parte, ha recibido 36 informes de muertes durante las protestas. Solo en la capital, la noche del martes dejó casi un centenar de heridos y una turba intentó prender fuego a un CAI con policías que lograron escapar. Los reportajes crecen cada noche y la crisis de confianza es palpable. En el estudio más reciente de la firma Invamer, en febrero, el 55% de los consultados tenía una imagen desfavorable de la policía.

Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas muestran que la intervención “sistemática, arbitraria y violenta” de los uniformados en las manifestaciones sigue existiendo y se ha agravado, señala el think tank Dejusticia. Junto a otras organizaciones, han solicitado a la Corte Suprema que declare incumplimiento a lo ordenado por el alto tribunal en sentencia del 22 de septiembre. La Corte determinó que el Estado «reprime de manera sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada» las manifestaciones ciudadanas, y en dicha sentencia ordenó al Gobierno, entre otras medidas, no estigmatizar la protesta social.

Los múltiples episodios de uso excesivo de la fuerza también se dan en un momento de transición, cuando Colombia intenta pasar página a la violencia asociada a más de medio siglo de conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC. Las denuncias han dado lugar al fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los delitos más graves ocurridos durante la guerra.

«La justicia transicional se caracteriza, entre otras cosas, por reclamar la no repetición de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones», dijo la JEP al convocar, con el apoyo de la ONU y de la internacional Comunidad, «promover una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano». El tribunal pidió a la sociedad colombiana que se tome en serio el proceso de transición que debe llevarla a «reemplazar, y exigir que sea reemplazada, la violencia por otras formas de resolución de conflictos».

El estallido de violencia ha suscitado el debate. «En las últimas semanas hemos recibido informes alarmantes de abusos policiales, incluido el uso indiscriminado y letal de armas, detenciones arbitrarias y golpizas», dijo a EL PAÍS José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. . Entre otros, la ONG ha corroborado que los uniformados han utilizado tanques con múltiples lanzadores de proyectiles dirigidos a manifestantes, en un comportamiento que no habían visto antes en Latinoamérica.

“En las protestas que tuvieron lugar en 2019 y 2020, la Policía y Esmad ya habían mostrado sus fallas estructurales para controlar las manifestaciones de una manera que respete plenamente los derechos humanos de la población. Dadas las graves violaciones cometidas, la discusión sobre una reforma policial parece urgente ”, dice Vivanco. “Colombia debe tomar medidas urgentes para contar con una policía civil, que esté subordinada al Ministerio del Interior, no al Ministerio de Defensa, y que cuente con la formación adecuada en el uso de armas y controles firmes que ayuden a prevenir abusos”, detalla.

“Por supuesto que hay problemas de formación”, dice María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “pero creo que tiene más que ver con temas de cultura institucional, con mecanismos de control y liderazgo. civil «.» Están en pie de guerra, y ese es un terreno muy fértil para teorías locas como la revolución molecular disipada «, advierte Llorente, refiriéndose al término que el expresidente Álvaro Uribe, mentor político de Duque, difundió en las redes. El expresidente también ha defendido el derecho de policías y militares a utilizar armas en las protestas, lo que ha levantado tensión.

La reubicación institucional de la policía o la creación de una fuerza intermedia, al estilo de una guardia civil o gendarmería para brindar mayor seguridad en las zonas rurales, son alternativas que deben ser consideradas, argumenta la FIP en un documento sobre la crisis de la ciudadanía. fuerza. Pero el contexto de polarización impide que se produzca una discusión serena y suficientemente calificada tanto dentro como fuera de la policía. Entre varias ideas, la FIP propone que la policía debe estar abierta a la participación y el escrutinio de la sociedad civil.

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