Ley Federal de Remuneraciones: El Gobierno publica una nueva ley para que ningún funcionario gane más que el presidente
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 13 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 13 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México.HENRY ROMERO / Reuters

Una de las obsesiones más antiguas de Andrés Manuel López Obrador finalmente ha logrado desentrañar. Este miércoles, el Diario Oficial de la Federación ha publicado la nueva Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario inferior al del presidente, fijado en 162.311 pesos brutos mensuales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Esta norma sustituye a la aprobada en noviembre de 2018 por la Cámara de Diputados, la cual fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia. Los asesores del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los altos funcionarios del Banco de México y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podrán mantener, de momento, sueldos superiores al de López Obrador gracias a los recursos presentados ante los tribunales.

La idea no es nueva; Fue la primera ley de la época de López Obrador, quien logró aprobarla cuando ni siquiera era presidente, pero ya controlaba la Cámara de Diputados. Enmarcado en el flamante eje de la austeridad, la Administración pretendía poner un tope salarial a la alta burocracia. Luego, Morena desempolvó una ley de 2011 redactada durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) que había sido aprobada por el Senado. Los partidos de oposición advirtieron del enredo judicial que traería la entrada en vigor de la ley tal cual estaba, pues en esos siete años se habían creado órganos e institutos autónomos altamente especializados que no habían sido considerados.

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En enero de 2019, Cofece ya presentó una polémica ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) contra la nueva ley. Le siguieron el INE y el Banco de México. Apenas unos meses después, la SCJN anuló la norma por no contemplar parámetros para fijar el salario del presidente, haciéndolo arbitrario, y ordenó al Congreso que corrigiera esta falla. Luego de dos años de estancamiento, el Senado mexicano aprobó la nueva ley el 27 de abril. La norma establece el Producto Interno Bruto (PIB) como referencia para determinar la remuneración de los trabajadores públicos. Establece, en un método que no se había aplicado antes en el país, una fórmula para calcular la denominada Retribución Máxima Anual, que corresponde al presidente.

Los legisladores de Morena consideran que este criterio «frena la práctica discrecional de otorgar que algunos servidores públicos tengan percepciones por encima de sus superiores jerárquicos». El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó cuando se aprobó en el Senado que la ley es fruto de un clamor popular: «No más funcionarios que obtengan el salario que quieren».

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, también consideró que la ley favorecerá un ejercicio eficiente de las responsabilidades públicas: «Responde al país que, con tanta urgencia, pide el fin de los gobiernos ricos con pobres». Los partidos de oposición coincidieron con el trasfondo de austeridad de la ley, pero consideran que la propuesta «no es un marco normativo útil, ni aporta certeza ni claridad sobre las percepciones del sector público».

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