Libertad de expresión: La resistencia de la prensa en América Latina |  Opinión
El director de 'El Confidencial', Carlos Fernando Chamorro, el pasado mes de diciembre tras ser expulsado de las oficinas de su medio en Managua por la policía antidisturbios.
El director de ‘El Confidencial’, Carlos Fernando Chamorro, el pasado mes de diciembre tras ser expulsado de las oficinas de su medio en Managua por la policía antidisturbios.STR / AFP

En la turbulenta historia de la libertad de prensa en las Américas, los últimos años han sido un nuevo período oscuro. La región se despierta todos los días con noticias de agresiones a periodistas, que admirablemente continúan ejerciendo su profesión contra viento y marea en un contexto de violencia y deterioro progresivo de la democracia, en algunos casos reducidos a casi nada. El acoso a la prensa con impunidad aumenta a medida que las instituciones colapsan o lo poco que queda de ellas en países como Venezuela o Nicaragua. Ocurre en estos países, donde el colapso de la democracia se ha macerado durante años, y en otros donde el deterioro parece darse más abruptamente, como en El Salvador del caudillo Nayib Bukele.

Algunos casos recientes de las últimas semanas ilustran este descenso. En Venezuela, donde la agresión sostenida de dos décadas de chavismo ha reducido al mínimo las instituciones independientes que aún se mantienen en pie, la construcción del diario El Nacional, uno de esos periódicos sin los cuales es difícil entender la historia de un país, fue incautado el 14 de mayo como pago parcial de una indemnización por el presunto daño moral a Diosdado Cabello. Es el episodio más reciente de un proceso judicial arbitrario y prolongado contra el diario, que a pesar de todo no ha dejado de informar sobre casos de corrupción. Como escribió una vez la periodista Luz Mely Reyes, una de las batallas cruciales en la Venezuela chavista es por los derechos a la libertad de prensa y expresión.

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En México, el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, en la mañana del 3 de mayo, la policía encontró el cuerpo del periodista Benjamín Morales con varias heridas de bala. La mayoría de estos ataques a periodistas nunca se resuelven. A pesar de los niveles de criminalidad e impunidad, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador usa sus conferencias matutinas para atacar a los medios críticos e independientes. En Nicaragua, esta semana el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó nuevamente las instalaciones donde trabajaban periodistas del diario. Confidencial. Sin presentar orden judicial, la policía incautó computadoras, cámaras, equipos de edición de televisión y decenas de cajas de documentos. Mientras asaltaban las instalaciones, la policía lanzaba al aire una pregunta retórica: «¿Dónde están los golpistas?»

En Colombia, organizaciones independientes registraron al menos 40 muertes por violencia policial y cientos de ataques en solo dos semanas durante las recientes protestas antigubernamentales, incluidos al menos 70 ataques a periodistas. Ya se habían registrado respuestas represivas del gobierno en manifestaciones anteriores, pero esta vez los niveles de brutalidad y abuso policial han sido excepcionales y conmovedores.

Nicaragua es uno de los ejemplos más claros del deterioro de la libertad de prensa en la región. La violenta represión de la rebelión cívica que estalló en abril de 2018 recordó a la comunidad internacional la realidad del régimen dinástico autocrático, erigido por el matrimonio Ortega-Murillo durante la década anterior. Para reprimir la protesta y la crítica, el régimen recurrió al hostigamiento, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, censura de los medios de comunicación e información crítica, la expulsión al exilio de disidentes y campañas de difamación pública. El reportero Ángel Gahona fue asesinado a tiros mientras cubría las protestas en vivo. El director y director de informativos del canal de televisión 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueron detenidos y pasaron seis meses en prisión en duras condiciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que en febrero de este año anunció el cierre debido a una controvertida ley que busca controlar a quienes reciben financiamiento de organismos extranjeros, estimó que de abril de 2018 a julio de 2019, unos 90 periodistas salieron de Nicaragua al exilio. La renovada represión contra la sociedad civil, la prensa y la oposición precede a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el régimen Ortega-Murillo busca consolidar su poder a toda costa en un estado de excepción.

Los periodistas nicaragüenses continúan, a pesar de todo, en sus esfuerzos. Su tenacidad recuerda a los periodistas en El Salvador que resisten el ataque de Bukele en su ambición de poder absoluto y a sus colegas en toda la región, desde el Brasil de Jair Bolsonaro hasta Guatemala. La única forma de hacer justicia al denodado esfuerzo de la prensa estadounidense por preservar su libertad en condiciones tan hostiles es la condena firme y sostenida de los ataques que sufren y las condiciones que los protegen. Los países e instituciones comprometidos con la democracia deben denunciar las leyes y abusos que buscan sofocar económicamente a los medios, criminalizar el periodismo y silenciar a los observadores críticos. Deben fortalecer el sistema de derechos humanos construido durante décadas y asegurar que la prensa pueda cubrir asuntos de interés público como manifestaciones y procesos electorales, cuando los gobiernos represivos redoblan sus esfuerzos. Deben adoptar un discurso que promueva una crítica razonable a los medios de comunicación y al periodismo y no el acoso y ataque a los reporteros. La renovada tradición del caudillo y la crisis provocada por la pandemia están llevando a las Américas a un nuevo período oscuro. Sin la presión y el apoyo decidido de la comunidad internacional para revertir este declive, el admirable esfuerzo de los periodistas que resisten cada día será un pie de página en el colapso de las instituciones democráticas.

Carlos Martinez de la Serna es Director de Programas del Comité de Protección a Periodistas (CPJ).

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