Línea 12: La fábrica de inocentes |  Opinión
Un grupo de mujeres ofrece una oración en un altar improvisado en el área donde colapsó la Línea 12 en la Ciudad de México.
Un grupo de mujeres ofrece una oración en un altar improvisado en el área donde colapsó la Línea 12 en la Ciudad de México.Hector guerrero

La tragedia ocurrida en la Línea 12 del metro atraviesa tres jefes de Gobierno de la Ciudad de México: Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard dijo que quien «no debe nada, nada teme» y estará sujeto a lo que determinen las autoridades. El canciller, como secretario de Estado, tiene jurisdicción.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera afirmó que «estará atento a los dictámenes periciales que determinen lo ocurrido en este suceso». Tiene jurisdicción el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, como senador.

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La actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que le pidió a la fiscal, Ernestina Godoy, que vaya a las últimas consecuencias en las investigaciones. Si bien la Constitución de la Ciudad de México establece que ningún funcionario tiene jurisdicción, ¿qué posibilidades tiene un fiscal de vincular a la persona que lo designó con su cargo en el proceso penal?

Si alguno de los tres —o los tres— por acción u omisión tuvo alguna responsabilidad en la tragedia ocurrida, lo más probable es que no haya consecuencias penales para ellos, porque el marco legal y político está hecho para proteger a los más poderosos. .

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su compromiso de gobierno es acabar con la corrupción mientras se barren las escaleras: «de arriba abajo». Sin embargo, persisten los mecanismos para evitarlo. La corrupción en México es un sistema que permite no solo la fabricación de culpables sino también la fabricación de inocentes.

La fábrica culpable acusa y condena sin la debida defensa, siembra pruebas, tortura y encarcela injustamente a un gran número de pobres con los que se pueblan las cárceles.

La fábrica de inocentes está plagada de declaraciones en las que la clase política alta «lamenta», «condena», «muestra solidaridad» y «define responsabilidades» pero no asume.

Además de las posibles consecuencias penales, asumir la responsabilidad implica costos políticos no solo para las personas que puedan estar involucradas, sino para sus partidos y, en consecuencia, sus candidatos. Significa – desde su perspectiva – ganar o perder elecciones, ceder poder, cargos, cargos y sueldos: «No nos vamos a disparar en el pie» es la ley de oro que gobierna la fábrica de inocentes y fortalece las complicidades.

Rechazar la corrupción es una posición política individual, pero también colectiva que nadie asume. Otros siempre se equivocan, otros son corruptos, otros son ignorados. En la fábrica de inocentes apuestan por el paso del tiempo, por esperar los resultados de las investigaciones que nunca llegan, por el olvido, por el desgaste ciudadano y por que el nuevo escándalo cubra al anterior.

Al contrario de lo que piensan, la fabricación de inocentes y no asumir responsabilidades les ha costado perder elecciones ante el PRI, el PAN y el PRD. Con Morena, la historia puede repetirse porque no llega la transformación radical prometida por el presidente de México.

El discurso queda vacío si no se eliminan jurisdicciones y se solicitan renuncias que permitan a las autoridades competentes juzgar con imparcialidad y sin presiones políticas y, en su caso, sancionar a las más altas esferas del poder con independencia de que sean propias o ajenas.

Pero más allá de eso, la transformación no llega porque acabar con la corrupción básicamente significa que la verdad y la vida valen más que los votos, que reparar el daño a las víctimas es la prioridad y la no repetición de los hechos es la prioridad. objetivo final de la justicia.

Paola Zavala Saeb es abogado y director de la organización OCUPAR.

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