Los alumnos de FP realizarán al menos el 25% de las horas lectivas en empresas |  Educación

El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley de FP, que aumenta significativamente el número de horas lectivas que harán los estudiantes en las empresas, promueve la acreditación de las competencias profesionales de aquellos trabajadores que carecen de titulación oficial y refuerza la vinculación de la FP con la Universidad. El reglamento, que ahora se tramitará en el Congreso de los Diputados, busca acercar esta rama de la formación a «los mejores modelos europeos», según la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Hasta ahora, los alumnos de Formación Profesional reciben un mínimo del 11% del total de horas lectivas en la empresa, la media es superior al 15% y la más avanzada, conocida como FP dual, que solo atiende al 3% del alumnado, normalmente en torno al 30% . La nueva ley se multiplica esta vez, organizando la enseñanza en dos grandes regímenes. En la denominada FP general, el alumno realizará en la empresa entre el 25% y el 35% de las horas formativas (aunque excepcionalmente podrá reducirse al 20% en el caso de las titulaciones de FP básica, los ciclos formativos dirigidos a los alumnos que no haber obtenido el título de ESO). En la otra rama, denominada FP intensiva, el número mínimo de horas en la empresa será del 35% y la ley no establece un límite máximo.

Este es uno de los cambios que ha sufrido el texto desde que fue aprobado como borrador por el Gobierno antes del verano. Se fijó entonces el tope en el 50% de las horas, pero finalmente se ha eliminado para dar más flexibilidad a la hora de definir los títulos a las comunidades autónomas, centros educativos y empresas que participan en ellos. Los estudiantes de FP intensivo se alojarán en empresas con contrato de formación, que vendrá definido por la legislación laboral.

El Gobierno pretende impulsar con la norma una rama educativa tradicionalmente relegada en España, cuya tasa de escolarización entre los jóvenes, a pesar del fuerte incremento de los últimos años, se sitúa en el 12%, frente al 29% de la OCDE. También tiene como objetivo ayudar a reducir el desempleo juvenil, que entre los menores de 25 años es del 37%, más del doble del promedio de la comunidad. “Le debemos a toda una generación de jóvenes”, dijo Alegría, “una oportunidad laboral de calidad como la que les puede brindar la Formación Profesional”. El proyecto cuenta con el apoyo tanto de los empleadores como de los sindicatos mayoritarios.

Los alumnos tendrán doble supervisión, con un tutor del centro educativo (que tendrá la responsabilidad final a la hora de evaluar) y otro de la empresa. Ambas partes acordarán los objetivos de aprendizaje a completar en la empresa (entre los que figuran en el plan de estudios de grado). Y la norma también regula la estancia de profesores en empresas y otros centros de FP.

El proceso de acreditación de competencias profesionales pasará cuando se apruebe la nueva ley con carácter permanente. Es decir, no estará sujeto a convocatorias extraordinarias como viene ocurriendo hasta ahora. El objetivo del Gobierno es dar reconocimiento oficial a la gran cantidad de trabajadores (hasta 11 millones, según cálculos empresariales) que, a pesar de tener un alto grado de experiencia profesional, carecen de las calificaciones para acreditarlo. El Ejecutivo prevé destinar 850 millones de euros a este objetivo hasta 2024. En total, el Gobierno prevé que la futura ley tendrá «un impacto presupuestario de 5.474 millones» en sus cuatro años de ejecución.

La nueva arquitectura de la FP unifica la formación de estudiantes y trabajadores en un mismo sistema. La oferta formativa se estructura en cinco niveles, denominados A, B, C, D y E, con el objetivo de que cada persona pueda configurar sus propios itinerarios adaptados a sus planes de trabajo y necesidades. La más básica, A, se llama microformación (definida como «acreditaciones de competencia parcial») y es acumulativa. La superación de todas las acreditaciones de competencia parcial de un módulo profesional supondrá la obtención de un certificado de competencia profesional, nivel B. El siguiente, C, se conseguirá mediante la realización de varios módulos y dará lugar a la obtención de un certificado profesional. La D corresponde a los ciclos formativos actuales. Y por encima de ellos está el nivel E, compuesto por los denominados cursos de especialización.

La experiencia formativa de cada persona aparecerá en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional, y la ciudadanía podrá obtener de él un informe de vida formación-profesional actualizado.

Los estudiantes matriculados en Formación Profesional pueden cursar asignaturas optativas en las facultades y viceversa, mediante convenios que deben ser firmados por las universidades. Esto permitirá, por ejemplo, que un estudiante de la licenciatura superior en Administración y Finanzas amplíe sus conocimientos con asignaturas de la carrera de Economía. O que un estudiante universitario enriquezca su formación con la docencia aplicada de la formación profesional superior. La norma facilita la convalidación de créditos cursados ​​respectivamente en la Universidad y la Formación Profesional, promueve la creación de centros de excelencia y contempla la creación de titulaciones dobles y bilingües.

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