Macro juicio por el alijo de coca del remolcador 'Titán' que resucitó a viejos narcotraficantes gallegos |  España

Tras un año de intentos fallidos de juzgar a los 20 imputados por el alijo de 1.700 kilos de cocaína incautados en 2018 a bordo del remolcador Titán III, Valorado en más de 60 millones de euros, este miércoles las defensas han sembrado dudas en el juzgado no solo sobre la instrucción del caso para solicitar la nulidad del proceso, sino también sobre el pesaje oficial de la carga y el embarque del buque para que España, ha tenido un impacto, no tenía jurisdicción.

En la primera sesión del juicio, en la que los abogados plantearon las presuntas sentencias del caso, quedó claro hacia dónde irán los disparos de la defensa. La pregunta planteada en la sala del tribunal por varios abogados es si este envío incautado estaba a bordo del Titán o fue otro porque, según ellos, la información oficial del pesaje y la pureza que se dio al inicio (más de dos toneladas), después del embarque, fue mayor que la que se dio después. Han anunciado que la respuesta a todas las preguntas se dará durante el juicio con el interrogatorio de los imputados.

Sin embargo, uno de los abogados ha influido en la conversación que tuvo el dueño del remolcador de bandera panameña Pedro Rodríguez con uno de los nacos gallegos que iba a recoger el caché de Guayana Francesa: “Al final hay más de lo que dijiste . ”.

Por ahora, el tema de la colisión ha obligado al juzgado a estudiar esta información antes de proceder con el juicio programado para el 20 de septiembre. Tendrá que pronunciarse en un automóvil y analizar si el pabellón de conveniencia del barco, que según el El fiscal era ficticio, requería una comunicación explícita a las autoridades panameñas. Las defensas han denunciado que el cónsul de Panamá en España no fue informado del asalto y que el barco transportaba cocaína.

El fiscal Pablo Varela intentó desmantelar las impugnaciones de las defensas sobre las fallas en la investigación y justificó toda la prueba documental, como el marcado de viviendas y vehículos que, según los letrados, han violado principios constitucionales.

«Esquema de piramide»

En su acusación, el Ministerio Público indica que los imputados «estructuraron sus relaciones con un esquema piramidal para participar rentablemente en la importación de un cargamento de cocaína», aunque no se aplica el agravante de grupo delictivo organizado.

Este ha sido el cuarto intento en un año de la Audiencia de Pontevedra de celebrar este juicio. Los cambios de abogados fueron la principal causa de las suspensiones que llevaron al juzgado a poner en libertad a dos de los implicados que permanecían en prisión preventiva.

El caso de Titán saltó a la prensa internacional cuando se supo que uno de los líderes de la organización, el prófugo Paul Wouter, fingió su muerte hasta que las autoridades brasileñas confirmaron que se trataba de un exmilitar con varios pasaportes falsos y que ahora está siendo perseguido por Interpol. Wouter es el gran ausente en este juicio.

Al inicio de la investigación, hubo indicios de que el capo Manuel Charlín y uno de sus hijos participaron en los preparativos y coordinación de un transporte de drogas desde Sudamérica. Sin embargo, al momento de cerrar la investigación, el juez acordó continuar con el caso contra 21 de los 30 inicialmente vinculados al caso, entre ellos Charlin y uno de sus hijos.

La Fiscalía sostiene que, a fines de 2016, tres de los imputados planificaron la introducción del cargamento de droga. Sin embargo, remarca que su acción «no se limitó a una sola operación de narcotráfico», ya que «unieron sus esfuerzos guiados para establecer contactos con terceros que les pudieran permitir diferentes vías de introducción de estupefacientes con diversas alternativas de transporte».

A través de la investigación policial, que se desarrolló durante varios meses, el 7 de agosto de 2018 se abordó el remolcador Titán III y sus cuatro tripulantes fueron arrestados. En su interior se encontró un cargamento que excedía las 1,7 toneladas de cocaína, con una alta pureza (84,8%), por lo que su venta en el mercado negro multiplicaría su valor por al menos dos.

Asimismo, al día siguiente, un segundo barco, el pesquero, fue interceptado. Semper Cacharelos, que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro «concertado para que se recibiera el traslado de la droga» desde el remolcador. En las siguientes horas, el resto de los investigados fueron detenidos. Los imputados se enfrentan a penas de entre 9 y 13 años de prisión y multas de entre 200 y 340 millones de euros.

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