Mar Menor: Salvar la laguna |  Opinión
Especies muertas en la costa del Mar Menor, ayer en Puerto Bello de la Manga, cerca de Murcia.
Especies muertas en la costa del Mar Menor, ayer en Puerto Bello de la Manga, cerca de Murcia.JOSE MIGUEL FERNANDEZ / AFP

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La pandemia extendió mucho más de lo aconsejable un tipo de convivencia política que no suele aportar nada al bien común, y es el libre cruce de acusaciones entre administraciones. La declaración de Isabel Díaz Ayuso de que si no fuera por el Gobierno, los madrileños ya estarían vacunados al 100%, como dijo en abril, o las reiteradas denuncias de algunas comunidades a La Moncloa por imponerles medidas excesivas, como el estado de alarma, y ​​luego, al eliminarlos, lograron animar la política populista de bajo vuelo, pero no el campo de las soluciones o la veracidad.

El mismo recurso ya se ha manifestado de forma fulminante en la nueva crisis del Mar Menor, un desastre ecológico del que se ha encargado, que lleva décadas siendo larvas y que estos días vive otro episodio con la muerte de miles de peces asfixiados por la falta de oxígeno en esta laguna salada. Ya se han recolectado casi cinco toneladas de especímenes muertos.

El Gobierno de Murcia se ha apresurado a acusar al Ejecutivo de sectarismo y motivación política al no declarar la laguna zona catastrófica, exige que ponga en marcha el antiguo Proyecto Cero Dumping -que La Moncloa considera obsoleto- y exige competencias que hoy pertenecen al Ejecutivo . El Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado a su vez al de Murcia, en manos del PP desde 1995, de lo contrario: precisamente de abandonar poderes. El Gobierno se refiere a la no tramitación de cientos de expedientes instruidos por la Guardia Civil o la Fiscalía y exige al Ejecutivo autonómico que haga cumplir la legalidad.

Pero lo cierto es que el Gobierno de Murcia tiene la mayoría de las competencias en esta materia: las que afectan a la agricultura, la prevención de la contaminación por nitratos, la cuenca del Mar Menor como zona vulnerable y los cambios de uso del suelo. Y la realidad es que la explotación agrícola intensiva se ha multiplicado en la zona con un resultado desastroso para este frágil ecosistema. Lejos de intentar cambiar el modelo agrario, el Ejecutivo murciano derogó la ley aprobada por votos de oposición en 2018 que obligaba a los agricultores a destinar parte del territorio a vegetación natural que absorbe fertilizantes. La Confederación Hidrográfica del Segura, por su parte, dependiente del Gobierno, también arrastró los pies durante años.

Del territorio que rodea y vierte sus aguas al Mar Menor, más de 8.000 hectáreas tienen regadío ilegal. Y el exceso de nutrientes en el riego es precisamente lo que alimenta un fitoplancton que provoca el agotamiento del oxígeno y la muerte de los peces. En esa refriega y cruces de acusaciones, la vicepresidenta Teresa Ribera viajó ayer a la zona para hablar con alcaldes, asociaciones y con el propio presidente de Murcia. Y eso es, sin duda, lo que todo el mundo debería hacer: sentarse a la mesa y buscar soluciones. En el marco de estas reuniones, el Gobierno murciano amplió la prohibición de los fertilizantes inorgánicos en la costa y Ribera se declaró dispuesta a comprar fincas en la zona o financiar otros usos.

La obligación compartida pasa por un cambio de modelo agrícola en el que los productores asumen una nueva forma de trabajar en la que no son el problema, sino la solución. Asumir que la ecología y la economía deben compatibilizarse es todavía una tarea pendiente. Sin este cambio de marco, el Mar Menor no se puede salvar.

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