Múzquiz: Hallaron seis cuerpos de los siete mineros atrapados en Coahuila

Las autoridades han rescatado los cuerpos de cinco de los siete mineros atrapados en la mina Múzquiz, Coahuila, que colapsó el viernes pasado y enterró a los trabajadores bajo toneladas de carbón y lodo. Durante todo el fin de semana, los equipos de rescate trabajaron contrarreloj para drenar los pasillos del complejo que se había inundado al perforar una mina abandonada contigua llena de agua. Este miércoles han rescatado el quinto cuerpo y han localizado el sexto, aunque todavía hay uno que no ha sido localizado. Organizaciones de derechos humanos habían denunciado las precarias condiciones de esta propiedad hace ocho meses al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y han criticado duramente estos días el desconocimiento que les hizo el organismo. La retórica nacionalista impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que México genera su propia electricidad olvida tragedias como ésta en sus discursos. La muerte de los mineros de Múzquiz es una advertencia más de la precaria situación de las minas de carbón en el país.

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La organización Familia Pasta de Conchos, asociación fundada tras una de las mayores tragedias mineras de la historia, en la que una explosión mató a 65 trabajadores, realiza un seguimiento de las muertes del carbón: alrededor de 3.000 mineros, de los cuales 100 tras la masacre de Pasta de Conchos. «Lo que nos dicen estas cifras es, ¿cuántos más tienen que morir para que las autoridades exijan que estas empresas operen con las mínimas exigencias de protección a los trabajadores, higiene, medios, incluso para que sean contratados legalmente?» dice la activista de la organización, Cristina Auerbach.

Bartlett ha respondido que la CFE no tiene contrato con esa mina y desconocía su situación. «La Comisión Federal de Electricidad niega categóricamente que la mina donde ocurrió el lamentable accidente en Coahuila sea la proveedora de carbón de la CFE, en consecuencia, fue imposible que su director conociera el estado de la mina», dijo la agencia en un comunicado. «El problema es que estas minas tienen diferentes motivos sociales: una con la que operan, otra con la que contratan … Si inspeccionan bien, verán que pertenecen al mismo dueño, que además no ha sido detenido». señala Auerbach.

La activista señaló este miércoles vía telefónica que uno de los mineros atrapados en el predio de las Rancherías -el poblado donde se ubican estas minas de arrastre de carbón, dentro del municipio de Múzquiz- se había puesto en contacto con ella el año pasado para ayudarlo a denunciar las miserables condiciones que viven los trabajadores de estas «cuevas» vivían, como se les llama, «porque eso ni siquiera se puede llamar minas, son agujeros que abren en la tierra, en las entradas de minas antiguas». Su nombre era Carlos Moreno Cervantes, uno de los cuerpos encontrados.

La mina que se derrumbó este viernes es una mina arrastrada, subterránea, donde los carros cargan y descargan carbón desde adentro. La mina había sido inspeccionada por el Ministerio de Trabajo y reprendida en octubre con medidas que no han sido especificadas por las autoridades, pero que no presentaban un riesgo inminente. La institución les levantó la restricción en marzo de este año y estaban en orden para su funcionamiento, según información oficial.

Auerbach, en declaraciones a este diario criticó que «no fue un accidente», ya que los mineros «no tenían las condiciones para trabajar, ni equipos de seguridad ni medios». “Es enloquecedor que les hayamos dado todo para evitar una desgracia como esta y nos hayan ignorado, les enviamos una carta y fotografías de las condiciones de la mina. Esta es la peor minería ”, denunció, y completó:“ Le hacen creer a la sociedad que heroicamente generamos electricidad para el país, pero la realidad es que es a través de formas precarias y miserables condiciones de vida de los mineros: siempre pobres y siempre esos que mueren ”.

El activista explica que un minero cobra un promedio de 150 pesos diarios, inscrito oficialmente en la seguridad social, ilegalmente pueden pagar algo más de dinero. Pero de este monto oficial, el 70% es lo que recibirá cada familia como pensión mensual por su padre, esposo o hermano fallecido, unos 2.000 pesos, unos 100 dólares. Por la mayor tragedia minera del país, Pasta de Conchos, también en Coahuila, familias con hasta tres hijos recibieron una pensión de 3.000 pesos mensuales. “¿Quién vive con eso? Nadie”, denuncia Auerbach.

Por el momento, las autoridades no han reportado ningún arresto del posible responsable de la propiedad. La mina es propiedad de la empresa Micarán, el empresario Eduardo Morales y ya había sido denunciada por falta de seguridad, amonestada en octubre de 2020, aunque la restricción se levantó unos meses después para volver a operar. La CFE contrató a otra de sus empresas, Carkim Industrial, a través de la cual canalizó carbón de la cueva dañada, según el diario. Milenio.

Hay accidentes previos en estas minas de carbón, uno de ellos registrado en el Pocito Boker, también propiedad de Morales, en Coahuila, en julio de 2010. Carkim Industrial tiene un contrato de adjudicación directa para el suministro de carbón para la CFE en 2020 por un monto de 21 millones de pesos.

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