Policía concluye que el "objetivo estratégico" de Kitchen era "desactivar la causa judicial" contra el PP |  España
María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, ambos acusados ​​del 'caso Cocina'.
María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, ambos acusados ​​del ‘caso Cocina’.Ballesteros / EFE

Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía e investigador principal de la Caso Gürtel, ha enviado un nuevo informe de 114 páginas a la Audiencia Nacional en el que concluye que la trama que creó Operación Cocina en 2013 tenía dos objetivos. Uno de carácter «estratégico»: «desactivar» las investigaciones abiertas por la justicia contra el PP por la red de corrupción que lidera Francisco Correa. Y otro de carácter «operativo»: haber «controlado» al popular ex tesorero Luis Bárcenas, quien luego amenazó con arrojar la manta ante el juez Pablo Ruz.

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Morocho envió su nuevo informe, fechado este 20 de julio y al que tuvo acceso EL PAÍS, al Juzgado Central de Instrucción número 5, que actualmente dirige el magistrado Santiago Pedraz y que en ese momento dirigía Ruz. Este juzgado realizó las investigaciones de Gürtel y fue obstaculizado directamente por la Operación Cocina, que actualmente investiga Manuel García-Castellón, titular del Juzgado número 6. De hecho, pese a las excusas de la cúpula del Ministerio del Interior de que el objetivo de eso El operativo policial fue para obtener datos para facilitarlos a la justicia, esa información nunca llegó a la Audiencia Nacional ni al grupo UDEF que investigaba a Correa y Bárcenas.

«Esa acción -escribe Morocho sobre Cocina- se ubica fuera del procedimiento judicial y trata de evadir el control del juez de instrucción [Pablo Ruz]”, Resume contundentemente el inspector jefe de la Policía, quien estudia en detalle las confesiones judiciales del comisionado Enrique García Castaño, uno de los imputados, quien colabora con la justicia por estos hechos desde 2019 y que no solo participó en la captura del chofer de Bárcenas como informante, pero en cambio accedió a un estudio de la ex esposa del tesorero en busca de documentos comprometedores para el PP.

La UDEF también ha analizado previamente los recibos firmados por el conductor por pagos realizados con fondos reservados; los informes de seguimiento de los agentes de pie al exjefe de finanzas del partido; y la documentación hallada en poder del comisario José Manuel Villarejo sobre Bárcenas. Y ha tenido en cuenta varios mensajes dirigidos a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, que lo implican en la trama junto a su exjefe, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Rajoy.

Tres «ambientes». El informe describe que la «estructura» que ideó Kitchen «está conformada de paso por tres ambientes o niveles diferentes que convergen como círculos concéntricos en ella». El «entorno general», donde el PP está claramente indicado: «[Este] primer nivel o linea […] corresponde al ámbito político, constituido por la formación política que contribuye a la definición de los objetivos estratégicos y la puesta en marcha de la operación ”. Se acusa a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido.

El «entorno intermedio (segundo nivel)», que apunta el Gobierno de Rajoy: «Se identifica con el ámbito del Poder Ejecutivo, que transmite órdenes a los órganos de Administración jerárquicamente dependientes para la aplicación de los medios materiales y económicos adecuados» . Y el «entorno específico», que pone al objetivo en la antigua cúpula de la Policía Nacional: «[Al] el tercer nivel, relativo al ámbito policial, corresponde a la ejecución directa mediante el uso de recursos materiales, humanos y financieros para cumplir con los fines previstos, definiendo los objetivos tácticos ”.

“La forma en que las partes del todo se relacionan entre sí no responde estrictamente a una estructura organizativa de carácter jerárquico, sino que se interrelacionan a través de sistemas interdependientes y líneas de comunicación formales e informales interconectadas”, agrega Morocho: “Esto es evidente, por ejemplo, a través del doble circuito interno de información —tanto el correspondiente al Ministerio como el de carácter político—; […] en las reuniones realizadas con motivo de la operación, donde se revelaron directamente los lineamientos políticos; […] o en los detalles de la operación como la contratación como colaborador [del chófer] por [del comisario] Andrés Gómez Gordo cuando trabajaba en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ”, entonces presidía Cospedal.

Por la izquierda, el comisario retirado José Manuel Villarejo;  Sergio Ríos, ex director de Bárcenas y confidente de la trama;  y el comisionado retirado Enrique García Castaño.
Por la izquierda, el comisario retirado José Manuel Villarejo; Sergio Ríos, ex director de Bárcenas y confidente de la trama; y el comisionado retirado Enrique García Castaño.EFE / ELMO CALVO / EFE / EFE

El juez García-Castellón cree que Kitchen se activó el 11 de julio de 2013, cuatro días antes de la confesión de Bárcenas a Ruz. Aunque Morocho enfatiza que García Castaño manifestó que desde la primavera se había seguido al ex tesorero y su entorno, aunque el imputado dijo que esta labor de espionaje no fue realizada por su equipo sino por Asuntos Internos.

Robar pruebas. El inspector jefe Manuel Morocho enmarca la Operación Cocina como una serie de «estrategias de protección frente a procesos judiciales» que supuestamente fueron lanzadas desde el PP. Eso incluye la trama de «incautación de documentos en poder de Bárcenas», se ha comprobado que se robaron tres dispositivos móviles. El objetivo era «evitar» que cualquier material sensible para la parte fuera «incorporado al proceso judicial y, por tanto, aumentar el acervo probatorio».

Las actuaciones. «El comienzo de [Kitchen] está ubicado en la propia Subdirección Operativa ”de la Policía, entonces dirigida por Eugenio Pino, señala Morocho. García Castaño afirma que este alto cargo le dio instrucciones directas, al igual que el entonces secretario de Estado de Seguridad. Según su versión, Martínez le encomendó “localizar la información que tenía Bárcenas sobre el PP. En concreto, «medios de almacenamiento de datos digitales, como discos duros, que contendrían información en la casilla b, donaciones recibidas, pagos realizados con fondos ajenos al sistema económico y pagos de bonificaciones». También «material relacionado con la reforma de la sede del PP, grabaciones de las cámaras de la propia sede donde se recogían las personas que hacían donaciones de dinero así como información bancaria».

Este control de Bárcenas también habría sido extendido al penal de Soto del Real, donde fue ingresado en junio de 2013 con carácter preventivo. La investigación ha revelado que la trama supuestamente se puso en contacto con otros presos que también estaban encerrados allí.

Fondos reservados. La UDEF ha analizado el uso de fondos reservados -al menos 53.000 euros- por la parcela. La documentación intervenida incluye gastos en «alimentación, combustible y transporte», además de pagos mensuales de 2.000 euros al conductor de Bárcenas desde julio de 2013 a septiembre de 2015. En este punto, Morocho recuerda que estos fondos son «entregados por la Secretaría de Estado de seguridad ”. García Castaño aseguró que el máximo jefe policial le explicó que se negoció su colaboración con el conductor y solicitó la entrega de una pistola“ desde que fue amenazado ”,“ ingreso a la Policía ”y“ recibo de pagos ”. A pesar de que Kitchen fue presuntamente desactivado en 2014, el conductor continuó como «colaborador» hasta que ingresó al Cuerpo, destaca Morocho.

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