Protestas en Colombia: La guerra contra el pueblo |  Opinión
Un hombre se manifiesta contra la violencia policial, el 1 de mayo, en Bogotá.
Un hombre se manifiesta contra la violencia policial, el 1 de mayo, en Bogotá.Iván Valencia

En Colombia, las redes sociales han censurado muchos de los videos que registran los innumerables abusos y crímenes de la fuerza pública contra la población civil durante las protestas del paro nacional que comenzó el pasado miércoles. Imágenes consideradas «ofensivas» por el algoritmo siempre neutral donde vemos, por ejemplo, un helicóptero disparando a personas que han salido a manifestarse pacíficamente en un parque, un grupo de policías que pasan en motocicleta frente a un joven y dispararle a quemarropa. un arma corta, un tanque del ejército que lanza cohetes en un barrio popular de Bogotá convertido repentinamente en zona de guerra, uniformados sorprendieron mientras se disfrazaban de manifestantes para infiltrarse en las marchas y cometer actos vandálicos, otro donde se ve cómo cortan la luz en un sector residencial y comienzan a disparar a quemarropa o las escenas de la masacre en el populoso cerro de Siloé, al oeste de Cali, la ciudad que se ha convertido en el núcleo duro de la resistencia. Menciono aquellas imágenes que están censuradas, o que circulan con dificultad en medio del caos de la desinformación, con la esperanza de que su concatenación dé otra imagen, quizás más clara, con mejor resolución: Colombia está actualmente bajo control militar, a merced de Fuerzas Fuerzas armadas capacitadas para hacer la guerra en un contexto de conflicto armado y no para manejar situaciones de orden público. La consecuencia inmediata de esta táctica bélica es que nosotros, los que nos estamos manifestando, pero sobre todo la gente hambrienta y desesperada que prefiere morir en la marcha antes que seguir viviendo así, sin atisbo de futuro, sin horizonte de trabajo, sin derechos elementales, quiero decir, nos han despojado de nuestro estatus de ciudadanía para ser considerados un objetivo militar. Se puede decir de manera más simple: ahora mismo las fuerzas armadas colombianas están utilizando todos sus recursos para tratar a la población civil descontenta como un enemigo.

Les escribo desde las montañas del Cauca, en el suroeste de Colombia, una de las regiones más afectadas por el conflicto, por eso en los últimos días veo pasar helicópteros por mi ventana a todas horas y puedo escuchar los disparos, los gritos, las ambulancias y huele el humo de los gases lacrimógenos lanzados contra las barricadas que cubren la carretera Panamericana, a pocos kilómetros de aquí. Desafortunadamente, todo lo que está sucediendo en las ciudades colombianas en este momento no es nada nuevo en áreas rurales como esta. Quienes viven de este lado del país, que conocen y padecen la política territorial del conflicto armado, el extractivismo descontrolado y el narcotráfico desde hace décadas, saben que las fuerzas militares y la policía son capaces de todo esto y más.

Durante las últimas dos décadas, el uribismo había logrado asentar con cierto éxito la narrativa de que estos territorios, separados simbólica o geográficamente de los grandes centros urbanos, funcionaban como el escenario oculto de una guerra casi invisible para los espectadores de Bogotá, Cali o Medellín. Esta desconexión emocional y cognitiva entre los dos países fue fundamental para que Uribe lanzara una estrategia de poder basada en la doctrina clásica del enemigo interno – las guerrillas marxistas y el narcotráfico – y la necesidad de usar la famosa mano dura precisamente aquí, en la espalda. sala de la nación, donde las economías legales e ilegales se entrelazan para formar una máquina mortal. En la práctica, esta mezcla de represión militar y gamonalismo clásico supuso el progresivo aplastamiento de las históricas demandas sociales expresadas por las luchas de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Si bien Uribe logró mantener separados a los dos colombianos, aunque estuviera en la historia, a pesar de que el conflicto se intensificó en los márgenes de las ciudades, esta estrategia logró consolidar su liderazgo político y le dio una credibilidad de la que tal vez no gozó. . ningún político colombiano en toda la historia del país. Uribe era entonces el salvador del país, a pesar de que se acumulaban denuncias por violaciones de derechos humanos en su contra. A nadie le importaron los datos sobre masacres, ejecuciones extrajudiciales, escándalos que vinculaban a altos funcionarios del gobierno con el paramilitarismo o el narcotráfico; no importaba mientras la ficción de que, en última instancia, era necesario hacer la guerra, era necesaria para civilizar estas regiones indómitas, habitadas por salvajes, enemigos del progreso y comunistas anacrónicos. El enemigo siempre fue otro, una abstracción, ojalá una caricatura exótica y fue en medio de este clima ideológico que se produjeron los llamados “falsos positivos”, es decir, civiles inocentes asesinados por militares para ser presentados como combate. damnificados. 6.402, según cifras de la JEP, el tribunal especial por la paz. A estas alturas sabemos, gracias a las investigaciones oficiales, que los falsos positivos no fueron un hecho aislado sino una política sistemática ordenada desde arriba. Y agrego, no fueron solo una táctica de guerra, sino un paradigma de gobierno que responde a la noción de necropolítica desarrollada por el filósofo camerunés Achile Mbembe, es decir, una técnica de control social basada en la producción selectiva de grupos humanos rendidos. al exterminio.

Y aunque el relato esquizoide de los dos colombianos y la fantasía de la guerra como proyecto civilizador se venía resquebrajando a raíz del Proceso de Paz, la situación parece haber cambiado radicalmente en los últimos días a partir de la respuesta de Uribe y su presidente Iván Duque a las protestas que han llenado las calles de pueblos y ciudades de todo el país. Ya no existe ninguna línea divisoria que separe las ciudades del país. Ya no hay una Colombia que ve la guerra por televisión y otra que la sufre en carne propia. Y la revelación más aterradora es que, ni en la guerra rural de entonces, ni en la urbana de hoy, se trata tanto de luchar contra un enemigo – siempre necesario en el esquema de necropoder – sino de utilizar a la población civil como banco. inagotable de cuerpos reutilizables como bajas en combate. Lo que estamos viendo en las calles y en todos esos videos censurados es la constatación de algo que la gente de estas montañas lejanas viene denunciando desde hace dos décadas y es que, en el fondo, la guerra de Uribe siempre fue contra el pueblo. Contra todos nosotros.

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