Proyecto Justicia Mundial: La falta de seguridad y el deterioro de la Justicia detienen a México en el camino hacia un mejor estado de derecho
Periodistas protestaron en agosto pasado en la Ciudad de México por el asesinato de profesionales.
Periodistas protestaron en agosto pasado en la Ciudad de México por el asesinato de profesionales.Miguel Tovar / GETTY IMAGES

México no está avanzando hacia un mejor estado de derecho. Por tercer año consecutivo, la organización internacional World Justice Project (WJP) ha evaluado el sistema de justicia, la percepción de la corrupción y la libertad de prensa, entre otros factores, sin notar mejoras importantes para el desarrollo de un gobierno responsable y respetuoso de derechos. fundamental. La investigadora Lesli Solís señala que los resultados muestran “un estancamiento en el avance del país hacia un estado de derecho robusto”, ya que solo hay “cambios marginales” desde el año pasado y desde el primer Índice realizado en 2018. La mayor preocupación se centra en la falta de seguridad, el declive de la libertad de prensa y la ausencia de medidas de justicia abierta y digital durante la pandemia.

Más información

El informe WJP Rule of Law Index es el resultado de encuestas masivas que sirven para identificar las fortalezas y debilidades de cada Estado, así como para promover el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el estado de derecho en México. Los indicadores evaluados son los límites del poder gubernamental en cada país, la ausencia de corrupción, la existencia de un gobierno abierto y transparente, la protección de los derechos fundamentales, la vigencia del orden y la seguridad y el cumplimiento de las leyes. y la competencia de su sistema judicial. Desde 2018, primer año en que se realizó este estudio, no ha habido variaciones significativas en los indicadores, y ninguna entidad federativa supera el puntaje de 0.47 en una escala que va de 0 a 1 para medir el cumplimiento del estado de derecho.

Los estados con mayor puntaje han sido Yucatán (0.47) —que ocupa este cargo desde 2018—, Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Por el contrario, los estados con menor puntuación han sido Quintana Roo (0,34), Puebla (0,35) y Morelos (0,36). Cuatro estados se destacan por mostrar un progreso notable en sus puntajes generales desde la primera encuesta: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42).

El principal problema para mejorar el índice es que la seguridad sigue siendo uno de los mayores desafíos del país, como se refleja en las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes por ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas del orden. seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de los especialistas consultados durante 2020. Sin embargo, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia de delitos en la mayoría de los Estados. La ausencia de delincuencia mejoró en 26 estados durante 2019.

En 16 estados, la puntuación de la eficacia de los sistemas de justicia penal disminuyó. Los indicadores con las caídas más marcadas fueron la eficiencia y efectividad de los sistemas de administración y administración de justicia y debido proceso. El informe señala que la limitación del acceso a los servicios de justicia por medios abiertos y digitales remotos y colaborativos durante la pandemia socavó el sistema judicial.

«La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron obligados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue calificada como esencial por las autoridades de salud», señala el documento. También insiste en la falta de efectividad en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público, el mayor desafío del sistema judicial. Se estimó que los delitos que no se denunciaron o para los que no se inició una carpeta de investigación promediaron el 92,4% del total en los 32 estados.

Además, los datos del índice de 2020 muestran un debilitamiento continuo de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico. En 16 estados, al medir si periodistas, organizaciones de la sociedad civil, miembros de partidos políticos o activistas podían informar y comentar libremente sin temor a represalias, los índices se desplomaron. Los investigadores señalan que, a pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se posicionaron nuevamente como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control. y las comisiones estatales de derechos humanos.

Suscríbete aquí a Boletin informativo de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la situación actual de este país

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *