Reforma Tributaria Colombia: No hay una segunda oportunidad |  Opinión
Manifestantes contra la reforma tributaria en Colombia, este miércoles en Bogotá.
Manifestantes contra la reforma tributaria en Colombia, este miércoles en Bogotá.JUAN BARRETO / AFP

Esa conocida frase de Benjamín Franklin, quien en una carta fechada en 1789 señaló que “nada es seguro, salvo muerte e impuestos”, se reflejó de manera muy particular en Colombia el pasado miércoles 28.

Ese día, mientras decenas de miles de personas marchaban por las calles de ciudades y pueblos para protestar por una propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque, informes oficiales confirmaron 490 muertes más por covid-19. La cifra es la más alta desde el inicio de la pandemia y se da en medio de una tercera ola que gana en intensidad, día tras día.

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La coincidencia de ambos hechos resume la encrucijada que enfrenta este país de 50 millones de habitantes. Además de contener la crisis en el ámbito de la salud, existe la necesidad de recuperar la economía -que registró una contracción del 6,8% en 2020- y mitigar las consecuencias sociales del coronavirus, que desencadenó tanto la pobreza como la desigualdad.

Fiel a la tradición de la ortodoxia económica constante desde hace más de un siglo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lanzó una iniciativa muy ambiciosa a principios de abril. El objetivo principal es reducir el déficit fiscal, que este año equivaldría al 8,6% del Producto Interno Bruto, y reducir gradualmente el peso de la deuda pública.

Además, el proyecto de ley contiene un aumento significativo de las transferencias monetarias a los hogares de bajos ingresos, lo que beneficiaría al 40% de la población. Una familia en el 10% más pobre vería aumentar sus ingresos en un 68%.

Cumplir ambos objetivos implicaría incrementar los ingresos estatales en casi tres puntos del PIB, lo que supondría un esfuerzo importante. En la reforma más reciente, aprobada en 2019, este incremento fue apenas del 0,7%.

Ahora, las mayores contribuciones recaerían sobre los asalariados y las personas más ricas, que verían un aumento significativo en su impuesto sobre la renta. Aparte de lo anterior, se ampliarían los bienes y servicios que pagarían el Impuesto al Valor Agregado, cuya tasa general es del 19%.

El problema es que gran parte de las cargas adicionales recaerían sobre la clase media, que siente que quedaría en una especie de tenaza. Más allá de que se ha demostrado que en Colombia la tributación a la renta recae desproporcionadamente en las empresas – no en las personas físicas – y que la recaudación tributaria está por debajo del promedio latinoamericano, la idea de cobrar más genera el rechazo generalizado, incluso quién ganaría.

Entender por qué una propuesta que reduciría significativamente la desigualdad fue recibida de manera tan negativa no es fácil. Después de todo, muchos economistas influyentes celebraron la intención de mejorar la distribución del ingreso en uno de los países más desiguales del mundo.

La razón obvia es el tamaño del paquete que afecta principalmente a un segmento urbano. Los sindicatos estatales, por ejemplo, promovieron la huelga nacional y recibieron el apoyo de los estudiantes.

Pero no es el único motivo. Aquí también entra en juego el descrédito de un gobierno que recibe una calificación mayoritariamente negativa, junto con la oposición de los partidos políticos que apuntan a la temporada electoral 2022, en la que se elegirá tanto a los congresistas como al presidente de la República.

Uno de los principales temores de las distintas comunidades es entregar el poder «en bandeja» a Gustavo Petro, el opositor más importante de la actual Administración. Por eso, incluso Álvaro Uribe, el fundador del Centro Democrático que llevó a Duque al Palacio de Nariño, se distanció de su protegido y prefirió la opción presentada como alternativa por los sindicatos del sector privado.

En consecuencia, y en el mejor de los casos, acabaría saliendo un texto que serviría solo para conseguir el dinero que se necesita. La ironía es que los empleadores, que se han quejado de la carga fiscal en el pasado, terminarían pagando la factura con gravámenes temporales adicionales o eliminación de exenciones.

En términos coloquiales, esa fórmula equivale a «impulsar el problema». Si el Congreso da su bendición a la idea, en 2023 habría que discutir otra reforma tributaria que, de paso, confirmaría lo que ha sido una tradición colombiana durante casi cuatro décadas: cada 18 meses, en promedio, hay nuevas reglas de juego. en materia tributaria.

El riesgo, por supuesto, consiste en quedarse con el pecado y con el género. Es poco probable que las empresas calificadoras de riesgo, que tienen títulos de deuda en una perspectiva negativa, mantengan el grado de inversión de Colombia. En caso de rebaja, el costo de emisión de bonos tanto para el sector público como para el privado sería mayor y la moneda nacional perdería terreno frente al dólar, como sucedió con Brasil.

Más lamentable, sin embargo, sería eliminar la posibilidad de incrementar las transferencias a la población más pobre. Sería una terrible noticia para los millones de personas que viven en las zonas rurales, donde la tasa de pobreza es tres veces mayor que la de los centros urbanos. La marginalidad y la desesperanza serán constantes en áreas donde la violencia vuelve a arder, por el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.

Lo anterior no desconoce que el texto presentado originalmente por el Ministro de Hacienda, de 110 páginas de extensión, tiene elementos que lo hacen inconveniente, ya que trata múltiples temas y hace que el deterioro para algunos sea demasiado abrupto. Como consecuencia, el propio Ejecutivo comenzó a dar marcha atrás esta semana y aceptó que se eliminen algunos impuestos.

Sin embargo, es muy posible que incluso esta reacción violenta no salve la iniciativa del bote de basura del gobierno. El mayor peligro, además de que el Congreso se oponga a cualquier fórmula y condene a Colombia a una crisis fiscal, es que se termine construyendo un Frankenstein legislativo.

Una ley hecha añicos, en la que no faltará el cabildeo para que en el estatuto fiscal se cambie una coma aquí y un inciso allá para hacer favores particulares, es muy probable que ahora. Por supuesto, para algunos sectores de la opinión pública, salvar a la clase media y a algunos otros de tener que pagar más impuestos será visto como una victoria de la movilización popular.

El problema es que esto no resuelve el problema de fondo. Y mientras la sociedad colombiana no entienda que las soluciones libres solo existen en las propuestas de los populistas, estará condenada a los resultados habituales: un sistema que privilegia a unos pocos, mientras se perpetúan las desigualdades.

Parafraseando a García Márquez, el resultado de esta reforma tributaria, que ya puede considerarse fallida, mostrará que la misma Colombia que inspiró la leyenda de los cien años de soledad aún no tendrá una segunda oportunidad en la Tierra.

Ricardo Ávila Es un periodista y economista colombiano.

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