Un juez y un fiscal violaron derechos al investigar un caso de desvío de fondos al 'procés' |  Cataluña
El presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Lluís Soler, en un acto el pasado mes de junio.
El presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Lluís Soler, en un acto el pasado mes de junio.ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS / Europa Press

El Juzgado de Barcelona ha dado un revés inédito a un juez de instrucción y a un fiscal por las graves irregularidades que cometieron en la instrucción de un caso de presunto desvío de fondos públicos a la tu procesas. En una resolución que ha accedido EL PAÍS, los magistrados archivan la causa contra la Asociación Catalana de Municipios (ACM), entidad municipal que estaba siendo investigada por malversación de fondos. El tribunal concluye, con insólita contundencia, que el juez y el fiscal violaron los derechos fundamentales de los nueve investigados.

El 21 de octubre de 2019, en medio de la ola de violentas protestas por el fallo de la Corte Suprema contra los líderes del tu procesas, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la sede de la ACM y una agencia de viajes por orden del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona. Era el punto culminante de una investigación que se había iniciado dos años antes, cuando un informante anónimo alertó a los Mossos d’Esquadra de que se estaba utilizando la entidad municipal para canalizar dinero al proceso secesionista en Cataluña. La Policía Nacional abrió otra investigación en paralelo. Con todo este material, la Fiscalía inició un proceso de instrucción que culminó con la presentación de una denuncia y la apertura de una causa penal por parte del juez. El caso se mantuvo en secreto durante mucho tiempo.

Tras los recursos interpuestos por los letrados, la Sección Séptima del Juzgado de Barcelona da por nulo y sin efecto todos los procesos: tanto los decretos de acusación como las sentencias dictadas por el juez. Los magistrados han ordenado el archivo del caso, ya que el material probatorio encontrado en los registros policiales fue obtenido violando los derechos de los sospechosos. Los magistrados atacan la investigación en su conjunto, pero especialmente contra la Fiscalía, que además de las irregularidades cometió errores en su denuncia.

Más información

“Causa perplejidad que la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonómics se confunda con una asociación, aparentemente inexistente, llamada Carles Viver Pi i Sunyer”, razona el coche. El fiscal confundió un centro de investigación en el ámbito de los gobiernos locales y comunidades autónomas -que por ello recibía pagos de la ACM- con el ex magistrado y jurista del Tribunal Constitucional que ideó algunas de las llamadas leyes de desconexión impulsadas por la Generalitat en el años de tu procesas. La denuncia también incluía alusiones a un viaje que la ACM pagó a un centenar de alcaldes para asistir a un acto organizado por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas en noviembre de 2017. Lo que no ha dicho la fiscalía es que ese viaje ya había investigado (y presentado por falta de pruebas) en otro proceso.

Las irregularidades son tantas y tan trascendentales que han llevado a los magistrados a dictar una orden que deja al fiscal en una posición muy delicada, concluyendo que «violó principios esenciales» expresamente establecidos en el estatuto del Ministerio Público. Durante un año, investigó a personas «claramente identificadas» a sus espaldas, sin notificar ni tomar declaración a los sospechosos. No tuvieron la más mínima oportunidad de aportar datos que «hubieran distorsionado algunas declaraciones» finalmente incluidas en la denuncia. La fiscal también accedió a información protegida por el derecho fundamental a la intimidad – solicitó información a Hacienda y otros organismos públicos – «prácticamente sin emitir resolución alguna que justifique la necesidad de obtenerla». Por lo tanto, violó el derecho de defensa.

Tampoco es mejor que el juez de instrucción sea reprendido por sus superiores. El auto en el que ordenó las entradas y registros solicitados por la Policía «no contiene una descripción de la prueba racional». Tampoco estableció “los términos y alcance” de esos registros, violando así el derecho a la privacidad de los miembros de la ACM bajo sospecha. El juzgado considera especialmente grave que, a pesar de una resolución del Juzgado de Barcelona que le obligó a levantar el secreto del proceso y entregar todo el material a los investigados, prorrogara (en diciembre de 2020) ese mismo secreto La resolución acusa al juez de no mantener un “control efectivo de la investigación” que realizaba la policía.

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *