Un mes de vértigo para Colombia |  Internacional
Una mujer durante las manifestaciones en Cali, el 19 de mayo.
Una mujer durante las manifestaciones en Cali, el 19 de mayo.LUIS ROBAYO / AFP

Ni siquiera la pandemia de coronavirus detuvo el brote social que ha vivido Colombia este mes. Han sido treinta días y noches de vértigo en una grave explosión social y política, que comenzó el 28 de abril con la convocatoria de un paro nacional contra una reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque. ¿Qué sucedió? ¿Que ha cambiado? ¿Cuáles han sido las victorias y reveses de los manifestantes que aún mantienen el pulso continúa en la calle? Estos son los hitos de una de las mayores crisis de la historia reciente del país sudamericano:

Cae reforma tributaria, el (aparente) origen de la protesta

Luego de cinco días de marchas masivas en las calles, el gobierno de Iván Duque retiró el 2 de mayo la reforma tributaria con la que buscaba equilibrar las cuentas estatales aumentando la recaudación tributaria. Fue la gran apuesta del Ejecutivo evitar que las agencias calificadoras de deuda bajaran el grado de inversión al país. La propuesta no solo recibió críticas de amplios sectores políticos de izquierda que la consideraron un ataque a la clase media, fuertemente afectada por la pandemia, sino también del propio partido gobernante, el Centro Democrático, y de los empresarios. «Propusimos que pospusiéramos temporalmente los beneficios que recibimos en la reforma de 2019», dijo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en una especie de contrarreforma que pedía no tocar a la clase media. «¡Cortadnos!» Él dijo.

El ministro de Hacienda dimite

Uno de los pedidos más repetidos en las marchas fue la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Él era el artífice de la reforma tributaria y había dicho que estaría en el Gobierno hasta que saliera. Logró convencer al presidente Iván Duque de presentarlo al Congreso a pesar de las voces que auguraban que era el peor momento. El presidente había dicho públicamente que presentarlo era «una estupidez». Meses después, postuló un artículo que elevó el impuesto al valor agregado (IVA) y amplió la base de contribuyentes. Con esa reforma, no solo cobrarían impuestos a quienes ganan el equivalente a $ 1,000 mensuales, sino a aquellos cuyo salario es de $ 700, una clase media cada vez más empobrecida.

Represión policial y muerte de manifestantes

La represión policial durante los primeros días de las manifestaciones -y que aún continúa- se convirtió en la llama que inició el gran incendio. Aunque la reforma tributaria ya se había retirado, la reacción de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes llevó a más personas a las calles. La baja imagen de las Fuerzas Armadas y la violencia policial durante las protestas de 2019, cuando un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) disparó y mató a un joven en una marcha, pasó factura al Gobierno. Un mes después aún no hay cifras claras: el Ejecutivo habla de 17 civiles y un policía muertos en el contexto de las protestas; Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch indican que hay 63 muertes, de las cuales 28 están relacionadas con las manifestaciones (26 manifestantes o transeúntes y dos policías). Según cifras del gobierno, hay 2.151 civiles y policías heridos.

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No hay claridad sobre los desaparecidos

Un mes después de las protestas, tampoco está claro cuántas personas están desaparecidas. Las organizaciones de derechos humanos hablaron de 500 ciudadanos; mientras que la Fiscalía registró solo uno y la Defensoría del Pueblo 87. Recientemente, la Fiscalía dijo que encontró 290 ciudadanos que habían sido reportados como “no localizados” y que está buscando activamente a otras 129 personas.

El canciller dimite

La brutalidad policial, grabada en cientos de videos y publicada en las redes sociales, provocó alarmas en la comunidad internacional. Los senadores de la Unión Europea, Naciones Unidas y América del Norte criticaron la respuesta policial a las protestas. Cincuenta legisladores pidieron a la Administración de Joe Biden que suspenda la asistencia a la policía colombiana. La presión ha ido en aumento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una visita al país. El gobierno criticó la violencia contra la policía, pero no condenó la violencia que se produce contra los manifestantes. Se encuentran en curso 149 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en la Policía Nacional, 31 por agresiones físicas y 10 por homicidios. La ola de críticas internacionales provocó la dimisión de la canciller Claudia Blum. Fue reemplazada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien viajó a Washington en misión diplomática para explicar la versión del gobierno de las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Caos y violencia en las ciudades del Valle y Cauca

Las protestas han desarrollado una dinámica en la que las mañanas y las tardes son de marchas pacíficas y festivas, pero las noches se convierten en el terreno del caos y la muerte. Las madrugadas han sido espantosas retransmitidas en directo a través de Instagram y Twitter y las mañanas son un recuento de muertos y heridos, quejas y más gente en las calles. En un círculo vicioso. El Gobierno asegura que se trata de actos vandálicos contra los que debe ejercer la fuerza; los manifestantes, que están infiltrados en las protestas. En ciudades como Cali, Jamundí y Popayán, en el Valle del Cauca y Cauca, la violencia se ha intensificado. En uno de ellos se quemó el Palacio de Justicia y en otro la alcaldía; un estudiante de derecho murió en medio de enfrentamientos con la policía; mientras que en Popayán (Cauca), una adolescente se suicidó luego de ser detenida por la Policía y denunciar que sufría acoso sexual. En medio del caos, civiles armados han disparado contra manifestantes en ciudades como Pereira, donde un joven fue asesinado; En Cali, vecinos de un barrio adinerado dispararon contra indígenas del Cauca.

Bloqueos de carreteras y escasez

Los cortes de ruta que impiden el paso de medicinas y alimentos han generado críticas y desgaste de la protesta. La muerte de dos bebés en ambulancias que no podían moverse fue la expresión más crítica de esta situación. La falta de oxígeno en el hogar y suministros para atender a los pacientes renales es otra consecuencia de los bloqueos. Los empresarios ya han hecho sonar las alarmas sobre los efectos económicos y el desempleo. Una encuesta de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio entre 12.979 empresarios indicó que el 90% cree que los empleos que generan están en riesgo por el desempleo.

Las negociaciones con el comité de huelga se estancan

Mientras continúan las movilizaciones, el Gobierno y el comité nacional de huelga, que agrupa a las centrales obrera y sindical, no se ponen de acuerdo. Para el Gobierno, una de las líneas rojas para sentarse en una mesa de negociaciones es que se levanten los bloqueos. El comité de huelga insiste en la figura de los corredores humanitarios. «Para el Gobierno Nacional, este punto no es negociable», dijo Emilio Archila, delegado del gobierno para los diálogos. Por otro lado, el comité de huelga exige que el Ejecutivo condene abiertamente la brutalidad policial como requisito para avanzar en una negociación.

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