Un Tribunal Constitucional descosido y en estado de alarma |  España

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido: su decreto del primer estado de alarma que impuso el encierro domiciliario entre marzo y junio de 2020 para combatir una pandemia que mataba a 1.000 personas cada día era lo que había que hacer, como necesario, imprescindible y legal. Pero el Tribunal Constitucional ha llegado a una conclusión muy diferente y ha declarado nula esa medida. El fallo sobre el estado de alarma, nacido de un tribunal dividido en este asunto por la mitad y en el que las dos partes han utilizado argumentos jurídicos contrarios, ha dejado un terreno fértil en el escenario político para un mayor enfrentamiento.

Las brasas del fallo judicial siguen ardiendo en la mesa del Pleno de la Corte Constitucional. Los 11 magistrados que integran este órgano -cuatro de los cuales llevan año y medio esperando ser reemplazados- se van de vacaciones sabiendo que les aguardan otras cuestiones explosivas en el cambio de verano sobre el material sensible de los derechos fundamentales.

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La división total (seis a cinco) que se produjo al deliberar sobre el instrumento legal que utilizó el Gobierno para imponer la reclusión amenaza con repetirse en algunas de las principales sentencias pendientes, que van desde la constitucionalidad de la prisión permanente revisable aprobada por el Gobierno de Mariano. Rajoy (PP) a la ley de eutanasia del actual Ejecutivo de coalición (PSOE-Unidas Podemos), pasando por las últimas sentencias sobre el tu procesas. Una agenda diabólica que, tras los recientes enfrentamientos internos, presagia una alta tensión cargada de otoño para la corte.

La sentencia que declaró inconstitucional una parte del estado de alarma, luego de 15 horas de deliberación en cuatro plenos, marcó la culminación de una serie de episodios acumulados en el Tribunal Constitucional durante el último año. La resaca de la sentencia desencadenó un hecho nunca antes visto en el juzgado: se tuvo que suspender un pleno porque los seis magistrados que habían sumado mayoría y lograron anular el encierro fueron ofendidos por otro magistrado, Cándido Conde-Pumpido, que los llamó «juristas de salón» y «laicos» en la materia en el borrador de su voto particular, posteriormente corregido. Esos seis magistrados se pusieron de pie y no hubo sesión plenaria. “Era mejor así. Los espíritus no estaban para deliberar ”, dice uno de los jueces al recordar el episodio.

Cándido Conde-Pumpido se disculpó por la dureza de su escritura, pero la fractura era imposible de ocultar. Juan Antonio Xiol, magistrado del sector progresista y autor del último de los cinco votos individuales disidentes con la sentencia, llegó a defender la necesidad de que se corrija esta doctrina constitucional sobre el estado de alarma, aprobada por un solo voto de diferencia. en una próxima oración.

El problema para los 11 magistrados de la Corte Constitucional es que el tremendo enfado causado por esa sentencia tiene como amenaza de réplica puesta al regreso de las vacaciones. Entonces tendrán que resolver el recurso de Vox contra el segundo estado de alarma, que duró seis meses y, por tanto, un control parlamentario mucho más flojo que el primero. Vox, que también presentó el primer recurso, y el PP compiten desde hace meses para que el Constitucional derogue importantes decisiones y leyes del Gobierno. Han apelado el estado de alarma, la ley de eutanasia o la nueva legislación educativa, entre otros temas.

El segundo recurso contra el estado de alarma plantea nuevos aspectos con respecto al primero. Aquí ya no hubo confinamiento de la población, aunque sí restricción de derechos. El ponente, el magistrado del sector conservador Antonio Narváez, llevará su proyecto de sentencia al pleno de septiembre. Deberá decidir si el sexenio para dicha situación fue excesivo y si esa duración fue inconstitucional porque significó eludir o reducir al máximo el control parlamentario.

La mayoría conservadora de la Asamblea Constitucional pondrá serias objeciones a ese estado de alarma de seis meses, sobre todo cuando comparezca junto con la delegación de poderes a las comunidades autónomas, según fuentes del juzgado. Fue ese sistema de cogobierno que defendió el presidente Pedro Sánchez y que sigue activo hoy el que también se cuestiona en el llamamiento, viendo en él un intento de eludir responsabilidades por parte del Gobierno.

La batalla por la renovación y la presidencia

Hay batallas en el Tribunal Constitucional que pueden parecer prematuras, pero están ahí o, al menos, se intuyen. Por ejemplo, por la presidencia de la corte. El actual presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca, tienen vencido su mandato desde noviembre de 2019 y estarán entre los que cesarán cuando haya renovación (en caso de que exista un acuerdo entre las partes).

Por eso se señala otra lucha importante. El año que viene habrá otra renovación de la Constitución, la de dos magistrados que serán nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y otros dos que serán nombrados por el Gobierno. Si el Consejo aún no tiene capacidad para hacer nombramientos —porque él también tiene un mandato extendido—, se discutirá si el Ejecutivo puede hacerlos. El artículo 159.3 de la Constitución establece que «los miembros del Tribunal Constitucional serán nombrados por un período de nueve años y se renovarán por tercios cada tres».

El debate surgiría si no se puede cumplir esa disposición de que el cambio ha de ser de un tercio completo de la corte, es decir, de cuatro magistrados y no solo de dos. El Gobierno, por supuesto, trataría a toda costa de nombrar a los dos que lo tocan. Los actuales que llegaron para este turno -Pedro González Trevijano, ponente de la sentencia que anuló el encierro, y Antonio Narváez, ponente de la futura sentencia sobre el segundo estado de alarma- fueron nombrados a propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy ( PÁGINAS). Si se reemplazan estos cargos, la corte podría pasar de tener una mayoría conservadora a una progresista.

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