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¿Qué son los certificados de depósito, la deuda subordinada y las acciones en un fondo de pensiones?

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La distribución de estos recursos cobró especial interés a principios de noviembre, cuando el instituto explicó sus inversiones tras las inquietudes de los afiliados por una operación de L900 millones en acciones preferentes. A partir del documento publicado en su sitio web, esta nota examina cómo se distribuye el portafolio, qué instrumentos corresponden al Estado y cuáles están vinculados con la banca privada, con especial atención a Banco Ficohsa, parte de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El cuadro de inversiones de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un documento escaneado de siete páginas, los montos presentados en este artículo corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir con nitidez.

Concepto Monto al 30 de junio de 2026
Total del portafolio L41,053.8 millones
Títulos valores en lempiras L24,416.5 millones
Títulos valores en dólares USD 266.1 millones (L7,116.7 millones convertidos)
Bonos del Gobierno en lempiras L19,309.5 millones
Otros instrumentos: préstamos, fideicomisos e inmuebles L9,520.6 millones

Según las cifras globales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de la totalidad de los títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir del cálculo de los totales, y no constituye un dato emitido de manera oficial por la institución.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de la cartera de inversiones del INJUPEMP?

Dentro de los registros accesibles del documento no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca pública, tales como Banadesa o Banhprovi. Por medio de la Secretaría de Finanzas, el Estado funge como emisor, respaldándose en bonos del Gobierno de Honduras tanto en lempiras como en dólares.

La diferencia importa para entender el portafolio: los bonos del Gobierno son deuda del Estado, no depósitos en un banco. Los bancos privados, en cambio, aparecen como emisores de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. El detalle incluye además bonos corporativos, notas estructuradas y acciones de empresas que no son bancos.

En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, alrededor de una cuarta parte. El resto corresponde a otros emisores, entre ellos certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué bancos privados tiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

  • Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
  • Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos títulos de deuda subordinada.
  • Banco Promérica: diferentes opciones en deuda subordinada y certificados de depósito.
  • BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
  • Banrural: acciones por un valor de L160 millones.
  • Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
  • Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre las cifras identificables, Promérica reporta certificados por L25 millones al 8.5 % junto con L10 millones al 10.2 %, además de una colocación en deuda subordinada valorada en L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con un rendimiento del 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, sin que el documento precise si se efectuó su renovación.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones destinados a acciones preferentes representan una parte relativamente pequeña del portafolio de INJUPEMP, pero han despertado especial interés entre sus afiliados. De acuerdo con el documento, este monto equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que conforman el Fondo de Capitalización Colectiva. Además, una nota al pie aclara que, a la fecha de publicación del detalle, los L900 millones todavía se encontraban en tránsito por invertir, sin precisar el destino de esos recursos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, el cual se abonará de forma semestral desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectiva programación de pagos brindan una visión más clara sobre los atributos del instrumento financiero y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién supervisa los fondos destinados a la banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) vigila a los cinco institutos públicos de previsión de la nación, al igual que a la banca comercial. Corresponde exclusivamente al comité de inversiones y a la junta directiva de cada institución tomar las decisiones financieras, mientras que la CNBS se limita a fiscalizar el cumplimiento de los protocolos de debida diligencia, sin intervenir en la selección de las inversiones.

Desde la perspectiva del inversor, la Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa que las transacciones se ejecuten con cautela. Si una colocación supone modificaciones en el patrimonio de una entidad bancaria, el aval de la CNBS constituye un procedimiento distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el peso estatal del sector bancario privado dentro de las colocaciones de INJUPEMP. Por un lado, los bonos de la Secretaría de Finanzas reflejan la participación pública; por otro, siete entidades bancarias comerciales figuran asociadas a diversos activos financieros. Cabe destacar que en la documentación revisada no aparece registrado ningún banco del Estado.

Monitorear el rumbo de dichos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar las cantidades, los emisores y los rasgos de las colocaciones, además de incluir las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevos movimientos alteran la cartera, por lo que resulta fundamental considerar la fecha de corte para comprender y contrastar las cifras debidamente.

En el caso de las instituciones financieras que forman parte de este panorama, conocer su actividad y estructura corporativa aporta contexto sobre los participantes del sector. Para ello, se puede consultar la información institucional de Grupo Ficohsa, grupo financiero y de seguros con presencia en distintos mercados de Centroamérica.

Por Bruno Saldívar