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La corrupción vinculada al PSOE pone a Acciona en el foco según la UCO

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

Pagos indebidos superiores a 600.000 euros

La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos relacionados con concesiones específicas a beneficio de Acciona. Según el informe, las sumas fueron gestionadas mediante intermediarios próximos a José Luis Ábalos y a su asesor de ese momento, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes identifican como el responsable de coordinar las cantidades, los destinatarios y las fechas de los pagos.

Además, se investiga una segunda remesa de aproximadamente 450.000 euros correspondiente a otros contratos adjudicados más recientemente, lo que indicaría la continuidad del esquema corrupto incluso tras los primeros indicios públicos de irregularidades.

Subastas personalizadas

Las asignaciones bajo escrutinio están relacionadas con contratos millonarios de obra pública —infraestructura para trenes, autopistas, sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en regiones gobernadas políticamente por el PSOE. De acuerdo con el estudio realizado por la UCO, las especificaciones técnicas de estos concursos se elaboraron de manera que coincidieran casi exclusivamente con la propuesta de Acciona, eliminando así cualquier competencia real.

El documento describe de qué manera los acuerdos se elaboraban para asegurar la adjudicación a la compañía, a cambio de pagos previamente acordados. Era, según los funcionarios, una “organización totalmente estructurada” en la que las autoridades políticas participaban directamente para beneficiar a ciertas compañías a cambio de ventajas económicas.

La función de Santos Cerdán

Uno de los elementos más destacados del reporte es cómo Santos Cerdán se ha destacado como pieza fundamental en la distribución y administración de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del sistema de pagos, sino que desempeñaba una función directiva en su implementación. Las conversaciones registradas muestran cómo se fraccionaban, discutían y repartían las sumas, de acuerdo al contrato concedido.

Esta función de supervisión establece a Cerdán como el enlace clave entre la autoridad institucional del PSOE y las compañías favorecidas por el esquema.

Respuestas y mutismo institucional

Ante la solidez del informe, Acciona ha comunicado la puesta en marcha de una revisión interna, desmarcando a su equipo directivo actual de los sucesos examinados. No obstante, el perjuicio para su reputación ya ha ocurrido. La implicación de un antiguo directivo de la compañía en los documentos examinados por la UCO ha avivado nuevamente la discusión sobre la relación entre las grandes empresas y la esfera política.

Mientras tanto, el Gobierno no se pronuncia. Los líderes del PSOE se abstienen de comentar sobre un asunto que ya ha desembocado en la renuncia de funcionarios de alto rango y que podría socavar aún más la legitimidad del Ejecutivo.

El documento de la UCO revela lo que antes eran solo indicios aislados: una destacada empresa constructora del país habría estado involucrada en un esquema de corrupción para obtener contratos públicos, organizado desde el núcleo del partido que lidera España. Si los hechos son validados legalmente, sería uno de los escándalos de corrupción más serios de los últimos tiempos, tanto por el impacto económico como por el alto nivel de los participantes implicados.

Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.

Por Mateo Fernández García