Perú: vías para lograr la licencia social y fortalecer la confianza comunitaria en iniciativas sostenibles
La licencia social vinculada a proyectos sostenibles en Perú se concibe como un proceso en constante evolución que integra el respeto normativo, un diálogo intercultural efectivo, una gestión ambiental exhaustiva y una distribución equitativa de los beneficios. Alcanzar y conservar dicha licencia supone ir más allá de las autorizaciones oficiales, pues exige generar confianza comprobable entre las comunidades locales, las autoridades regionales y la sociedad civil. A continuación se presenta una guía práctica que incluye el marco legal, diversas herramientas y casos peruanos ilustrativos.
Qué es la licencia social y por qué importa
La licencia social representa el grado de respaldo y confianza que la comunidad y otros actores locales brindan a un proyecto. No constituye una autorización legal, sino un aval social que disminuye riesgos operativos y de reputación. En Perú, su relevancia es particularmente elevada en sectores como minería, energía, infraestructura y agricultura debido a la presencia de comunidades rurales e indígenas, así como a la sensibilidad frente al manejo de los recursos hídricos y los territorios.
Marco legal y actores clave en Perú
– Perú ha confirmado su adhesión al Convenio 169 de la OIT, instrumento que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas y exige llevar a cabo procesos de consulta previa. – La Ley N.º 29785 fija el marco que regula la consulta previa a pueblos indígenas u originarios, coordinada por el Estado con la participación del Ministerio de Cultura. – Entre las autoridades y entidades pertinentes se incluyen gobiernos locales y regionales, el Ministerio de Cultura, SENACE encargado de la evaluación de impacto ambiental, OEFA responsable de la fiscalización ambiental, así como fiscalías y la defensoría del pueblo. – Los actores no estatales abarcan comunidades campesinas e indígenas, organizaciones locales, municipalidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y medios locales.
Principales orígenes de disputas: aprendizajes derivados de casos en Perú
– Agua y gestión territorial: inquietud por posibles impactos en manantiales de agua potable y zonas de riego, con ejemplos notorios como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. – Consultas comunitarias percibidas como tardías o insuficientes, lo que alimenta la sensación de imposición y detona manifestaciones. – Escasa claridad respecto a los beneficios económicos y a las oportunidades de empleo para la población local. – Sensación de daño ambiental, sea comprobado o latente, junto con la falta de medidas de mitigación que puedan verificarse. – Canales de comunicación poco funcionales y ausencia de vías accesibles para presentar quejas.
Aprendizajes: proyectos que fallaron lo hicieron por falta de diálogo temprano, análisis intercultural y reparto visible de beneficios. Casos con avances positivos combinaron acuerdos firmados, fondos fiduciarios, contratación local y monitoreo independiente.
Etapas para lograr la licencia social: guía práctica
- Diagnóstico participativo temprano: mapeo de actores, análisis socioeconómico y cultural, línea base ambiental y percepción comunitaria antes de la decisión final de inversión.
- Diseño conjunto de medidas: co-diseñar programas de gestión ambiental, compensación y desarrollo local con representantes legítimos.
- Consulta y consentimiento: respetar la normativa de consulta previa cuando corresponda y promover procesos de debate y consenso con información comprensible.
- Acuerdos formales de beneficio compartido: convenios marco, acuerdos de gobernanza local, fondos comunitarios o fideicomisos con reglas claras y auditables.
- Contratación y desarrollo de capacidades: objetivos concretos de empleo local, formación técnica y cadenas de suministro locales.
- Mecanismo de quejas y resolución rápida: canal permanente, acceso a mediación independiente y tiempos claros de respuesta.
- Monitoreo participativo e independencia: indicadores públicos, auditorías externas e inclusión de observadores comunitarios.
- Gestión adaptativa y transparencia continua: ajustar medidas según resultados y publicar información comprensible sobre ejecución y finanzas.
Instrumentos y métodos específicos
- Convenios de desarrollo local: contratos entre empresa y comunidades con metas medibles (infraestructura, salud, educación, empleo).
- Fideicomisos o fondos de inversión social: administración independiente de recursos para proyectos locales con reglas acordadas.
- Mesas de diálogo y comités mixtos: instancias regulares con representación comunitaria, municipal y empresarial con actas públicas.
- Monitoreo comunitario: protocolos de seguimiento participativo del agua, biodiversidad y emisiones, con resultados públicos.
- Programas de contratación local y encadenamientos productivos: objetivos cuantificados de compras a proveedores locales y capacitación técnica.
- Políticas de transparencia: portales de datos, reportes en lenguaje local y reportes ambientales verificados por terceros.
Indicadores prácticos para medir licencia social
- Proporción de comunidades que mantienen acuerdos firmados y en plena vigencia.
- Grado de aprobación obtenido en las encuestas regulares sobre percepción comunitaria.
- Total de quejas registradas y plazo promedio empleado para su resolución.
- Participación del empleo local, tanto directo como indirecto, respecto al total generado.
- Capital invertido en iniciativas de desarrollo local impulsadas mediante procesos participativos.
- Hallazgos de las auditorías ambientales y nivel de cumplimiento de los planes de manejo establecidos.
Gestión de disputas y administración
– Dar prioridad a mecanismos preventivos como el diálogo constante, la transparencia y una ejecución claramente verificable. – Cuando aparezca un desacuerdo, recurrir a canales autónomos de mediación (municipal, regional, defensoría del pueblo o terceros aceptados por ambas partes). – Evitar que las acciones policiales sean la respuesta inicial, favoreciendo procesos de negociación con tiempos definidos y compromisos graduales. – Incluir sanciones y cláusulas de revisión dentro de los acuerdos para asegurar su cumplimiento y permitir ajustes cuando sea necesario.
Prácticas óptimas del sector
- Minería: planes de cierre tempranos, manejo del agua con estaciones de monitoreo comunitarias, acuerdos de uso de vías y compensaciones por transporte.
- Energía e hidrocarburos: rutas de diálogo para impactos en movilidad, protocolos por seguridad alimentaria y rutas de contratación para proveedores locales.
- Infraestructura: estudios participativos de impacto social, programas de mitigación de ruido y polvareda, empleo estacional con prioridades locales.
- Agricultura y agroindustria: asistencia técnica permanente, mejora de mercados locales y esquemas de acceso al agua que respeten usos tradicionales.
Casos ilustrativos y aprendizajes
– Conga (Cajamarca): la desconfianza en torno al uso del agua y una comunicación que llegó demasiado tarde generaron disputas prolongadas; la principal enseñanza fue incorporar evaluaciones hídricas participativas y consensuar la administración del recurso antes de impulsar el proyecto. – Tía María (Arequipa): las manifestaciones derivadas de percepciones sobre efectos económicos y ambientales evidenciaron que la participación social y la entrega de beneficios tangibles para los pequeños agricultores resultan decisivas. – Proyectos con mejores resultados: los que implementaron fondos fiduciarios con gobernanza compartida, sumaron proveedores locales y promovieron supervisión independiente lograron disminuir fricciones y alcanzar una aceptación más estable a lo largo del tiempo.
Checklist operativo para equipos del proyecto
- ¿Se llevó a cabo un mapeo de actores y se reconocieron líderes con legitimidad?
- ¿Existe una línea base ambiental y social difundida y explicada en el idioma local?
- ¿Se elaboraron mecanismos de participación y consulta acordes con la cultura de la comunidad?
- ¿Hay un fondo o sistema de beneficios con gobernanza clara y sometido a auditorías?
- ¿Se implementó un canal de quejas accesible y con tiempos de respuesta definidos?
- ¿Se fijaron indicadores públicos junto con un calendario para el monitoreo participativo?
- ¿Se incluyó desde el comienzo un plan de cierre y de legado social?
Riesgos de no obtener la licencia social
Los costos pueden manifestarse en el ámbito económico, como retrasos, paralizaciones o pérdida de capital; en el institucional, mediante sanciones o anulación de permisos; y en el reputacional, con la consiguiente disminución de oportunidades de acceso a mercados y financiamiento. En Perú, la gran sensibilidad respecto a los recursos hídricos y a los territorios tradicionales provoca que la falta de licencia social desemboque con frecuencia en conflictos prolongados.
Construir licencia social en Perú exige tiempo, respeto intercultural y transformación de la relación empresa–comunidad hacia la coproducción de beneficios y manejo de riesgos. La combinación de cumplimiento legal (consulta previa, evaluaciones ambientales), medidas tangibles de desarrollo local, transparencia financiera y monitoreo independiente crea las condiciones para que los proyectos no solo sean viables económicamente, sino social y ambientalmente sostenibles. La confianza se gana con hechos verificables, diálogo constante y la capacidad de adaptar los compromisos cuando la realidad lo exige; es una inversión estratégica que protege la viabilidad del proyecto y el bienestar de las comunidades a largo plazo.
